El 2011 ha sido un año catastrófico para el campo mexicano. Heladas, inundaciones y sequías han azotado sembradíos y hatos ganaderos. En febrero, el frío daño los cultivos de maíz en Sinaloa, principal productor del grano. En junio, se retrasaron las lluvias y la siembra. Le siguieron heladas en pleno verano en Veracruz y Puebla. El año terminó con la peor sequía en siete décadas en más de la mitad del país.
El próximo 21 de octubre arrancará la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México. En él se juzgará la violación a los derechos humanos en México. Culminará a finales de 2013 o principios de 2014. Buscará evitar que sus trabajos sean utilizados con fines electorales.
Hace diez años se descubrió en la Sierra Norte de Oaxaca maíz contaminado con trangenes. Desde esa fecha, las comunidades indígenas del estado han luchado contra los cultivos transgénicos. El último episodio de esta batalla es el pronunciamiento de 35 organizaciones contra dos propuestas de ley que supuestamente pretenden proteger el maíz nativo, pero no prohíben la siembra o el almacenamiento de semillas genéticamente modificadas y, en cambio, instrumentan y legalizan su entrada al campo oaxaqueño.
Las organizaciones indígenas de Oaxaca están preparando la presentación de una serie de controversias constitucionales y amparos contra la reforma constitucional aprobada el miércoles 6 de abril por la 61 Legislatura del Congreso de la entidad. Hay en ellas una gran indignación y coraje. No son las únicas. Muchas organizaciones civiles están molestas, tanto con el proceso seguido para su aprobación como con el resultado final.
Durante los últimos años, el campo tamaulipeco ha estado asolado por la plaga del narcotráfico. En los últimos años, los agricultores deben pagar a los cárteles derecho de piso para poder trabajar o tener protección. Si no pagan, sus ranchos son ocupados por sicarios y sus cosechas y ganado robados. Ahora, además, sufrirán la plaga del maíz transgénico.
