El caso Ayotzinapa ya no se aborda como desaparición forzada
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 23 de enero de 2015, p. 5
Las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han sido ‘‘limitadas e insuficientes’’, a tal grado que ya no está abordando el caso como tema de desaparición forzada, sino de secuestro y homicidio, por lo que es necesario abrir nuevas líneas de investigación, incluida la supuesta participación del Ejército, señaló ayer la organización Amnistía Internacional (AI).
Al presentar los resultados de la visita que hizo dicho colectivo a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, afirmó que aunque la PGR acusó inicialmente al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, del delito de desaparición forzada de los estudiantes, un juez reclasificó el cargo como secuestro.
Aunque al parecer la lógica del juez fue que castigar a los acusados por ese delito los haría pasar más tiempo en prisión en caso de ser hallados culpables, esta decisión tiene ‘‘implicaciones de carácter político’’, ya que de esta forma no se admite la existencia de la desaparición forzada y por tanto no se reconoce la participación del Estado en ello, agregó.
Consultada sobre el tema, la coordinación de incidencia en políticas públicas de AI confirmó que la reclasificación no sólo se aplicó a Abarca y su esposa, sino a todas las personas actualmente detenidas por el caso de los normalistas, lo cual significa que ninguna de ellas está bajo proceso por el delito de desaparición forzada, sino por secuestro, homicidio o lavado de dinero (en el caso del ex alcalde).
Por lo anterior, Guevara llamó a la PGR a abrir nuevas líneas de investigación en el caso, sin dejar de lado la probable participación del Ejército en los hechos violentos del pasado 26 y 27 de septiembre del año pasado, pues hay muchos testimonios según los cuales los militares estuvieron en el lugar de la agresión e incluso hostigaron y detuvieron a algunos de los estudiantes.
La directora regional de AI dijo que lo ocurrido en Iguala es el reflejo de que el gobierno mexicano no ha atendido de manera adecuada la crisis de derechos humanos –la cual definió como ‘‘una de las peores del hemisferio’’–, que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.
Por último, Guevara destacó que los tres supuestos delincuentes cuyas declaraciones sustentan la versión de que los normalistas fueron ‘‘asesinados y quemados en el basurero de Cocula’’, dijeron haber sido torturados, por lo que llamó a investigar estas denuncias.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, destacó que ante los reclamos de los padres y madres de los estudiantes por la falta de resultados en las indagatorias, ‘‘la estrategia del gobierno de la República es deslegitimar sus demandas’’ y presentarlos como violentos e intransigentes.
Los funcionarios federales centraron sus esfuerzos en convencer a los padres de que si no les habían presentado algunos datos o testimonios fue porque “sus abogados pidieron que no se los mostráramos porque eran muy fuertes.
“Trataron y tratan de meter cizaña. Como si el problema fuera la defensa y no todas las inconsistencias de la investigación”, dice Barrera.
Como ha recordado el abogado Vidulfo Rosales, un acuerdo con el gobierno fue que los padres siempre serían informados primero de cualquier asunto relevante relacionado con la investigación.
Sin embargo, el 20 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que los expertos de la Universidad de Innsbruck informaron que no habían podido establecer los perfiles genéticos de los restos que les enviaron.
“No cumplen, porque al parecer sólo les interesa dar a conocer anticipadamente cualquier elemento que apuntale su versión”, lamenta el director del Centro Tlachinollan.
La reunión aquí referida se realizó un día después del choque entre manifestantes y miembros del Ejército, a las puertas de la sede del 27 batallón de infantería.
Ese 12 de enero, los padres decidieron encabezar la manifestación en Iguala porque el gobierno había cancelado una reunión programada con carácter supuestamente urgente.
Tras el zafarrancho con los militares, esa misma tarde “la Secretaría de Gobernación anduvo buscando a los padres para que se reunieran” de inmediato.
El periodo vacacional había dado un respiro al gobierno de Enrique Peña Nieto, que dejó pasar el Día de Reyes para volver a mostrar su prisa por presentar a los padres los “avances” de la investigación. “Aunque en realidad no había nada sustantivo ni diferente de lo presentado por Murillo Karam el año pasado”.
La táctica utilizada por los hidalguenses (ya les ha tocado que les recriminen la desaparición de la Normal de El Mexe, Hidalgo) propició que los padres respondieran muy duro. Durante más de dos horas se dedicaron a rechazar la versión oficial. “No es cierto”, “ustedes los tienen”, “ya dejen de estarnos engañando”, fueron algunas frases que se escucharon.
Y, claro, su frase de siempre: “Lo único que nos interesa es encontrar a nuestros hijos”.
A veces se olvida pero, como recuerda Abel Barrera, en medio de todo el ruido el tema central, “las víctimas y sus familiares, queda en segundo o tercer plano. Eso sólo puede significar que no les importa, que quieren consolidar su versión y que este gobierno busca una buena imagen a costa del dolor de la gente”.