La jornada 07 de mayo de 2016
Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
Atrás de la arremetida policiaca contra el pueblo de Chablekal, Yucatán, se encuentra el despojo salvaje que han hecho de esta comunidad peninsular los inversionistas inmobiliarios y turísticos, y la puesta en marcha del Escudo Yucatán, una estrategia de seguridad al servicio de los propietarios del capital, analiza el equipo de defensores de derechos humanos Indignación, cuyos miembros también fueron agredidos y detenidos.
Chablekal es territorio asediado, el paraíso de los especuladores desde hace dos décadas, pues su ubicación privilegiada, a tan sólo unos 20 kilómetros de Mérida, la hacen perfecta para las familias ricas que no quieren vivir en la ciudad, pero sí cerca.
Fue en esta pequeña comunidad de apenas 4 mil habitantes, en la que el pasado 3 de mayo irrumpieron entre 30 y 40 patrullas saturadas de agentes de la policía Yucatán, dos camiones de bomberos y ambulancias, con el fin de ejecutar una orden de desalojo de un predio perteneciente a un señor mayor que enfrenta un pleito jurídico con un familiar que intentó vender su propiedad.
Chablekal es un pueblo tranquilo en el que aparentemente no pasa nada. Pero la irrupción violenta y desproporcionada de los policías levantó a los pobladores y los hizo enfrentarlos, pues estaban arremetiendo con todo, disparando gases lacrimógenos contra hombres, mujeres, niños y ancianos.
La arbitrariedad y los atropellos, las detenciones y la violencia, convocaron también la solidaridad y el acompañamiento de organizaciones de todo el país, incluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes denunciaron este acto como “un intento de intimidación tanto a los defensores de derechos humanos como a los pobladores de la comunidad de Chablekal, que se han organizado en la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales, para defender lo que queda de su territorio del robo y despojo que han venido padeciendo en años recientes de especuladores y nuevos terratenientes”.
Los cuatro detenidos durante el operativo fueron liberados 48 horas después, pero el centro Indignación precisa que están pendientes las múltiples responsabilidades políticas, administrativas y/o penales derivadas del operativo. “Esta experiencia evidencia que un estado policiaco no puede ser la base para combatir la situación de inseguridad y conflicto social que se vive en Yucatán”, enfatiza el equipo.
El saldo, finalmente, es una comunidad más unida y organizada que se probó a sí misma que puede defender a sus pobladores. Y que no están solos.
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/07/opinion/011o1pol