Maíz nativo de los pueblos: todo México es centro de origen y diversidad del maíz
2 de octubre de 2019, no se olvida
La Red en Defensa del Maíz, un espacio abierto a la participación de colectivos, comunidades, ejidos, organizaciones y personas de todo el país, que desde 2001 estamos defendiendo la vida de los pueblos del maíz, porque desde entonces entendimos que sólo con libre determinación y autonomía plena, con respeto a nuestros cargos y autoridades comunitarias, podemos defender el futuro abierto de nuestra madre, nuestra hermana, nuestra hija maíz.
Siendo así, manifestamos nuestra preocupación por el enfoque que asume la Ley de Fomento y Protección del Maíz (LFPM) que dictaminaron y aprobaron las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y Estudios legislativos, segunda, del Senado.
Llevamos años de conflicto con quienes buscan promover los organismos genéticamente modificados (OGM) los tecno-científicos que se han coludido con las corporaciones, y con instancias del gobierno, y sabemos que esa pugna no ha acabado.
Vemos que en la redacción de la Ley hay cuidado para no molestar a las voces que piden transgénicos con lo cual, lamentablemente, dejan la puerta abierta para quienes promueven los OGM.
La LFPM no establece la prohibición de la siembra comercial, piloto o experimental del maíz GM. Sólo se afirma que el Estado “deberá garantizar y fomentar, a través de todas las autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de Maíz Nativo en Diversificación Constante, así como de sus productos derivados, en condiciones libres de OGMs y de otras técnicas de mejoramiento genético como la mutagénesis, o cualquiera otra desarrollada por la ciencia, sobre la cual no exista un absoluto grado de certeza científica respecto a su ausencia de riesgos para la salud humana”.
Pero para defender el maíz esa ley debe establecer la prohibición de las siembras experimentales, piloto y comerciales de maíz GM. De lo contrario, la contaminación transgénica estará siempre presente como amenaza que impone una enorme carga a los pueblos que nos relacionamos con el maíz, siendo los únicos que podemos garantizar que siga viviendo y “en diversificación constante”.
Esta urgente prohibición no podrá asumirla un Consejo Nacional del Maíz (artículo 5), que apenas es un “órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal”, quedando en manos de funcionarios del gobierno, aun cuando contemple la participación de la sociedad civil, de ejidos y comunidades, y de la “academia”, porque eso no sustituye un posicionamiento más contundente en defensa de la vida plena de las comunidades y pueblos.
La falta de posicionamiento firme contra el maíz transgénico se agrava si le sumamos que en la definición que incluyen del maíz nativo apuntan que proviene de una “semilla básica de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas”, cuando que siendo maíz nativo corresponde a una “variedad de uso común”, es decir “las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y costumbres”. Esto puede ser ignorancia, ingenuidad o dolo. Porque equiparando al maíz nativo con “semilla básica”, se facilita que sea sometida a solicitudes de derechos de obtentor o patentes porque la consideran “producida y reproducida o multiplicada cumpliendo con las Reglas a que se refiere esta ley”.
Otro punto de preocupación, es la insistencia de determinar regiones geográficas (con gran concurrencia de instituciones, no con la participación o reivindicación propia de las comunidades) “en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de maíz nativo”, y la frase que la acompaña diciendo “En los acuerdos a los que se refiere el párrafo anterior, se establecerán las medidas necesarias para garantizar y fomentar la subsistencia de los sistemas tradicionales de producción de maíz nativo”.
Eso es una definición desde arriba y desde afuera de las comunidades de cuáles serían las áreas y qué se debería hacer en ellas. Consideramos y reafirmamos, como pueblos indígenas y campesinos de México, que todo México es centro de origen y diversificación de maíz y que son las comunidades quienes pueden y deben definir cómo mantener los sistemas tradicionales de producción y qué apoyo se necesita para ello.
A esta definición externa a las comunidades, la complementa la idea de fomentar la creación de bancos comunitarios de semillas, cuando las comunidades saben que en los sitios donde existe una fuerte tradición de cuidado y crianza mutua con la milpa la gente usa de continuo sus propias semillas o las que intercambia, y es en ese trasiego anual que las va conservando en las casas.
Para los pueblos las semillas se conservan usándolas y entre más gente tenga semillas y haya más dispersión de las mismas habrá más posibilidad de resguardarlas, sobre todo en las variaciones climáticas y el calentamiento global.
Las semillas son un bien comunitario, legado que los pueblos le brindan a la humanidad. No son del Estado, la nación o las corporaciones. Rechazamos todo intento de someterlas a derechos de propiedad intelectual, de obtentor o patentes.
Es verdad que hay sitios donde el embate ha sido muy fuerte y hay escasez de semillas originarias, pero éstas no van a subsanarse solamente con bancos de semillas, sino con un reconocimiento y apoyo nacional a la multitud de espacios que existen donde se practica nuestra agricultura de policultivo, en milpa, en itinerancia, haciendo pleno uso de nuestro territorio. Ya programas del gobierno, como ahora Sembrando Vida, llegan a imponer una visión desde fuera, erosionando la asamblea y las tradiciones comunitarias de una agricultura territorial, muy antigua y sustentable.
Al marcar algunas regiones geográficas como de protección del maíz nativo y las prácticas de agricultura tradicional, es claro que no consideran que todo México, y toda Mesoamérica sean centro de origen y “diversificación constante” del maíz. Estas zonas se volverían así museografías vivientes de donde predar maíz gourmet, dejando el gran campo abierto para sembrar maíz GM en grandes cantidades en otros espacios no “definidos como de siembras tradicionales”.
Los problemas de la ley que ya señalamos se vuelven más graves en el marco del proceso de la aprobación de una nueva Ley de Variedades Vegetales, que se propone integrar a México a las reglas de UPOV91, según los designios del Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y el T-MEC, lo cual es poco menos que una renuncia paulatina a la soberanía nacional y una renovada agresión y amenaza al libre intercambio de semillas nativas y al cuidado ancestral del maíz y todos los cultivos campesinos.
Por tanto, manifestamos que esta Ley no corresponde a la realidad de las comunidades, muestra desprecio a nuestras propias formas organizativas e impone una estructura vertical de usurpación y despojo de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
Nosotros seguiremos trabajando y construyendo órganos colectivos y comunitarios de intercambio, vigilancia y guardia de las semillas nativas y de las formas tradicionales de resguardo, reproducción, diversificación, intercambio y comercialización de variedades.
Como Red en Defensa del maíz no aceptamos la imposición de leyes y estructuras que pisotean, niegan y desprecian nuestras prácticas campesinas y nuestra identidad.
Por tanto, reivindicamos también, a plenitud, la declaración del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca del 28 de septiembre de 2019.