La jornada 22 de mayo de 2020
Sembrando muerte
Víctor M. Quintana S.
Mientras en su dinámica refundacional el gobierno federal impulsa el programa Sembrando Vida en las zonas montañosas más pobres del país, en la sierra de Chihuahua el crimen organizado prosigue impunemente su siembra de muerte y devastación del bosque.
Abril negro para los defensores del bosque en el municipio de Bocoyna: el día primero fue asesinado en San Juanito, junto con dos familiares suyos, don Juan Zamarrón, ex alcalde, defensor de los bosques del ejido Guméachi. El día 18 en Sisoguichi fueron asesinados un menor y cuatro personas más, entre ellas el comisario ejidal de Panalachi, Carlos Raúl Lozano, quien en múltiples ocasiones había acudido a denunciar ante los gobiernos federal y del estado la tala ilegal de los bosques de su ejido y el de Bawinocachi por parte del crimen organizado.
La tala ilegal se viene denunciando hace ya casi una década en el norte de la Sierra Tarahumara, en los muncipios de Bocoyna, Ocampo, Guerrero, Guachochi, Madera y Maguarichi, sobre todo. Miles de hectáreas de pinos han sido arrasadas y centenares de metros cúbicos de madera son trasportados, aserrados y vendidos todos los días sin que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los diferentes cuerpos policiacos, federales o estatales, puedan impedirlo. Un caso emblemático es el del predio Cuesta Prieta, en San Juanito, que había sido modelo de cultivo del bosque, fue talado en su totalidad y luego incendiado por los criminales. Así, lo que era un bosque modelo ahora es un paisaje lunar.
La Fiscalía General del estado reconoce que se han abierto más de 92 carpetas de investigación por tala clandestina desde hace siete años, cinco en lo que va del año y 20 en 2019. Señala también que las dos masacres no son producto de enfrentamientos entre grupos rivales, sino represalias contra quienes denuncian el despojo del bosque.
Es indudable que detrás de los asesinatos de defensores del bosque están los cárteles del crimen organizado. La zona entre San Juanito y Creel, donde se han perpetrado las masacres es territorio en disputa entre La Línea ( cártel de Juárez) y Los de Sinaloa, como se les conoce por acá. Lo mismo sucede más al norte, en el municipio de Madera, en el ejido forestal más grande del país, El Largo Maderal. Con la baja en el precio de la amapola y la mariguana, con la dificultad para cultivar estos enervantes en las tierras altas y con la competencia de los sicotrópicos sintéticos, como el cristal, los narcotraficantes buscan en la tala clandestina e ilegal una fuente alterna de financiamiento. Una reserva estratégica de recursos monetarios para enfrentarse a sus rivales y seguir controlando el territorio.
Aprovechando la confusión, se ha multiplicado la tala ilegal por particulares no ligados al crimen. En San Juanito proliferan los aserraderos sin ningún control de guías, los camiones troceros pasan con toda facilidad los puntos de inspección. Hay muchas quejas sobre la inactividad u omisión de la Profepa en el estado. Incluso se señala que son varios los defensores del bosque que, luego de haber hecho una denuncia ante esta autoridad, son amenazados por los talabosques al regresar a su pueblo.
Ser defensor del bosque, del medio ambiente y del territorio es misión altamente peligrosa en la Sierra Tarahumara y los mecanismos gubernamentales para garantizar la protección son insuficientes. No hay que olvidar el asesinato de otros tres defensores en el municipio de Guadalupe y Calvo, Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, de Choreachi, en 2017, y Julián Carrillo Martínez, de Coloradas de la Virgen, en 2018. Pese a que existe el Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, no ha sido efectivo, pues no se implementan las acciones que programa.
La solución del problema involucra tanto a las autoridades judiciales como a las ambientales. Por un lado, es necesaria más presencia y más efectiva de la policía estatal, pero también de la Guardia Nacional, que ha brillado por su ausencia en estos menesteres. No puede dejarse que la delincuencia organizada siga desafiando al Estado y controle no sólo amplias franjas de territorio, con libertad para matar y para devastar.
Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa deben actuar con energía para controlar no sólo la tala clandestina, los aserraderos ilegales y el transporte de madera sin guías. Deben también revisar muchos permisos de tala legal extendidos sin la consulta a los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.
El bosque es naturaleza, vida, salud, paz, cultura. Si se devasta, no llueve, hay sequía, no hay siembras ni cosechas, no existen alimentos, proliferan enfermedades y hay muerte. Todos los gobiernos han privilegiado los proyectos económicos sobre los de humanidad, es hora de que reviertan la destrucción. De lo contrario, la vida que hoy se pudiera sembrar, será la muerte de mañana.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/22/opinion/023a2pol