Chiapas, de paramilitares a crimen organizado

13 de julio 2021

La jornada

El exitoso empresario guerrerense Antonio Laredo Donjuán y su esposa Mercedes Barrios Hernández se fueron a vivir en 2013 al modesto municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Venían de Cuernavaca. Adquirieron una enorme residencia, pusieron prósperos negocios y amistaron con políticos y policías estatales.

Solistahuacán significa en lengua náhuatl: lugar de los que tienen armas de pedernal. Está enclavado en las montañas del norte de Chiapas. Sus terrenos son accidentados. Se venera al Señor de Esquipulas y abundan feligreses de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Habitan allí unas 30 mil personas, casi la mitad indígenas. Más de 50 por ciento de los pobladores viven en pobreza ­extrema.

A pesar de ello, don Toño y doña Meche pusieron un negocio de coches de lujo y adquirieron múltiples ranchos, sin reparar en su precio. Él se hizo buen amigo de los alcaldes de la región. Financió campañas electorales en los municipios de Rayón, Tapilula, Jitotol, Solusuchiapa, Juárez, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, a cambio de que le dejaran nombrar a los mandos policiacos. Políticos y responsables de la seguridad pública, municipales y estatales, se daban una vuelta por su hogar para saludarlo(https://bit.ly/3equCYL).

Pero, cinco años después de establecidos en ese rincón de Chiapas, fueron apresados. Desde 2008 los buscaba la Interpol. La solicitud vino de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro del país vecino designó a los Laredo como integrantes del crimen organizado, dedicados a la producción y distribución de heroína desde México hacia el país vecino. La introducían en baterías y parachoques de vehículos, así como en latas de frutas y verduras, y la trasladaban a Filadelfia, Chicago, Nueva York, Candem y Nueva Jersey. Antonio, según los estadunidenses, era el principal coordinador del grupo. Su esposa Mercedes fue acusada de hacer llegar a México el dinero de las ganancias de las ventas.

Entre 2013 y 2018 el matrimonio Laredo Barrios operó impunemente, desde un humilde municipio chiapaneco, una poderosa red de narcotráfico. Su riqueza y poder eran inexplicables a los ojos de todo mundo. Pero eso no importaba. Florecieron al amparo de una vasta red de impunidad y protección, y de operadores que expoliaban y sometían a las comunidades indígenas de la región. Fueron detenidos por petición estadunidense, que solicitó su extradición (https://bit.ly/3hA398W).

Uno de los grandes amigos de don Toño era el alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán cuando la pareja llegó a vivir al municipio: el entonces perredista (y hoy miembro del Partido Encuentro Solidario) Enoc Díaz Pérez.

La trayectoria de Enoc parece sacada de un manual de vidas ejemplares. En dos ocasiones estuvo recluido en el penal del Amate. En 2008 fue señalado como jefe de la banda delictiva Los Cacheros, acusada de asesinar a tres policías estatales y a uno federal. Los uniformados se atrevieron a capturar a los hermanos Díaz Pérez, acusándolos de violar a una joven del poblado. Horas después, fueron rescatados de la prisión por un grupo armado. Los agentes pagaron con su vida el desafío. Cuatro años después, en 2008, Los Cacheros se convirtieron en Los Diablos. Se dedicaban a someter poblaciones rebeldes con armas de fuego y a irrumpir en fiestas patronales o católicas (https://bit.ly/3hYd0Eq).

Pese a sus relaciones, en enero de 2015, Enoc fue inhabilitado por el Congreso del estado cuando él y sus hombres golpearon y sacaron de un restaurante a varios empresarios. Para su infortunio, cayó en desgracia del poderoso secretario de Gobierno de aquellos años. El alcalde fue acusado de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Para ese entonces, se había construido ya una enorme casa.

La historia del arresto de los hombres de empresa podía ser parte de una novela de terror. Llegó a los oídos de Enoc que los empresarios lo habían acusado de traer vehículos chocolate. Encolerizado, los mandó detener. Sus captores les anunciaron que serían ejecutados y sus cuerpos quemados. Después, fueron llevados a un auditorio donde, ante 300 personas, el edil los acusó de ser enemigos del pueblo y de obstaculizar el desarrollo del municipio(https://bit.ly/3wyoZ0A).

Díaz Pérez creó en el camino un movimiento de corte paramilitar, al que bautizó Proyecto Amigo Revolucionario No. 7 y trató de expandirlo en los municipios vecinos. Impuso el control de las comunidades con ejecuciones y desplazamientos forzados silenciosos. Así sucedió, por ejemplo, en 2019, en el desplazamiento de pobladores de San Pedro Hidalgo, municipio de San Pedro Duraznal. Al día siguiente, el grupo paramilitar quemó casas, saqueó pertenencias y ocupó las tierras de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro la Grandeza. (https://bit.ly/3kbw30C). Estos casos son sólo parte de muchos más.

Aunque siguió en control violento de las comunidades, Enoc reapareció en los pasados comicios como candidato a alcalde del PES. Faltando unos días, un comando asesinó a cinco militantes del PRD que transportaban paquetería electoral. Según un testigo, los integrantes del grupo armado dijeron que eso les había pasado por no acatar órdenes de Díaz Pérez (https://bit.ly/3eaiLhf).

Curiosamente, Enoc fue nombrado asesor en el ayuntamiento de Pantelhó por el grupo delictivo que controla violentamente el gobierno local.

Historias como las de los Laredo y Enoc Díaz Pérez muestran la mutación y asociación de paramilitares y crimen organizado con protección gubernamental en Chiapas, que avanza contra los pueblos organizados que defienden su autonomía. Sus armas están hechas con mucho más que pedernal.

Twitter: @lhan55

https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/opinion/016a2pol