marzo-abril de 1990
En sentido estricto, los convenios de concertación social le han servido a Salinas para legitimarse. Los primeros meses de la nueva administración se han caracterizado porque este ha venido ganando terreno en el medio rural con rapidez. En ello, además del CAP y los convenios, jugó un papel muy importante el indulto con el que se puso en libertad a centenares de luchadores agrarios. Ciertamente, su imagen en el medio rural ha sufrido descalabros. De entrada, el asesinato de varios dirigentes campesinos regionales en diversos estados del país. Asimismo, el impresionante fraude electoral en contra del PRD en Michoacán y Guerrero, puso en pie de lucha a miles de campesinos. Sin embargo, la presión campesina parece haber encontrado cauces institucionales para negociar sus demandas y la nueva administración logrado sentar en la mesa de negociaciones a un ramillete de organizaciones que en el pasado privilegiaban la confrontación con el Estado.
Las trincheras
Una profunda convulsión sacude el campo mexicano. Distintos actores sociales y políticos han tensado fuerzas y combaten en todos y cada uno de los escenarios agropecuarios por sacar adelante sus demandas y proyectos. Campesinos, grandes agricultores comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones de productores y partidos políticos disputan, de muy distintas maneras, el campo de batalla. Municipios, políticas públicas, organizaciones sociales, instituciones de fomento agropecuario, son espacios privilegiados de la lucha.
Esta convulsión tiene un telón de fondo preciso: el sector agropecuario tuvo un déficit en la balanza comercial de 500 millones de dólares, como resultado de la importación de maíz, frijol, sorgo y leche. Más allá de la frialdad de las cifras, esto significa que el país está cada vez más lejos de la autosuficiencia alimentaria. Décadas de una permanente sangría de recursos transferidos del campo a la ciudad, de golpeo sistemático a la economía campesina se convirtieron así en una profunda crisis agrícola.
Lo que esta convulsión anuncia es una nueva relación entre el mundo rural y urbano, y, más particularmente, entre los campesinos y el Estado. Las políticas públicas para el sector agropecuario, los nuevos interlocutores agrarios, y la forma en la que estos se organizarán son el terreno privilegiado donde este combate se desarrolla. En lo concreto ello se ha materializado en la definición de una política de modernización rural, la firma de convenios de concertación con organizaciones productores y la constitución del Comité Agrario Permanente (CAP).
Evidentemente, esta convulsión se expresa también en otros espacios, muy especialmente en la lucha municipal en estados como Michoacán, Guerrero o Tabasco. Allí ha tomado
la forma de una aguda confrontación entre PRI y PRD; ella se encuentra estrechamente ligada a la crisis del régimen de partido de Estado y a la articulación político-electoral de importantes sectores del campesinado temporalero a partir del cardenismo. Sin embargo, el análisis de este proceso excede los límites de este trabajo.
Raíces
La lucha en el campo por la producción, la comercialización y el abasto se convirtió en la década de los ochenta en el eje aglutinador del movimiento campesino a nivel nacional. En el centro de estas luchas se encontraban de manera destacada una constelación de organizaciones regionales de productores, enmarcadas en distintas formas jurídicas.
Estas organizaciones construyeron en sus localidades un modelo de desarrollo alternativo sobre la base de la lucha campesina por la apropiación del excedente. Estas organizaciones fueron madurando a lo largo de la década como el sujeto capaz de impulsar un proceso de desarrollo rural viable, en contra de las agrupaciones campesinas oficiales dedicadas, en lo fundamental, a la política electoral. Una parte de estas organizaciones se articularon nacionalmente en la UNORCA, desde donde ensayaron un nuevo esquema de relación entre los campesinos y el Estado, y que permitiría formular lo que con el tiempo serían los convenios de concertación. Es así como su Comisión Coordinadora señaló en su Informe al Segundo Encuentro Campesino: "Nuestras luchas nunca son intransigentes, siempre hemos buscado crear una nueva relación entre las organizaciones campesinas y el Estado, en la que se respete la autonomía, la capacidad autogestiva y el ejercicio de la democracia de las organizaciones. Hemos luchado por romper la dependencia del movimiento campesino hacia el Estado, creando una nueva de respeto mutuo y de mayor participación de los campesinos en las instancias de decisión de los asuntos del campo y buscando que pasen a manos de los campesinos organizados funciones en las que el Estado sólo debe tener un papel normativo."
Los nudos del proyecto
La elaboración de la política hacia el sector agropecuario ha estado acompañada de un profundo debate en foros regionales y nacionales. A jalones, los perfiles de esa política se han ido conformando. En ella se han materializado tanto las "recomendaciones" del Banco Mundial, las líneas de acción macroeconómicas definidas por el gabinete financiero y algunas iniciativas de productores. En este sentido, los resultantes finales de esta política son como una trenza formada por distintos cabellos, y son, en parte, un proceso aún en vías de definición.
Es así como la actual política agropecuaria tiene -cuando menos- dos rostros. Mientras que por un lado se trasladan funciones a los productores y se firman convenios de concertación, por el otro, se "moderniza" el campo privatizándolo de manera salvaje: desaparecen los precios de garantía de la mayoría de los productos y se congelan los del maíz y frijol; se abren, casi indiscriminadamente, las fronteras y desaparecen o disminuyen los aranceles a los productos agrícolas; se reduce el acceso al crédito
bancario y se mantienen elevadas las tasas de interés; el Estado se retira del mercado regulador de precios y del acopio de productos básicos; etc.
La disminución de la intervención estatal en el sector forma parte de un proyecto de corte neoliberal en el que se han sacrificado los niveles de vida del pueblo a cambio de un hipotético incremento en la productividad y eficiencia. Si bien una menor participación del Estado en ciertas actividades del sector puede resultar beneficioso para los productores, esto no significa que en todos los casos resulte así. El Estado tiene responsabilidades sociales que cumplir (mecanismos compensatorios, actividades reguladoras, subsidios, estímulos, gasto social) y debe hacerles frente con eficiencia y sin paternalismo. El abandono de estas funciones, en un contexto caracterizado por una profunda desigualdad de la concentración de la riqueza y los recursos en el campo, provocará que quien ocupe los espacios "vacíos" sea la iniciativa privada y, en el mejor de los casos, algunas organizaciones fuertes del sector social; por lo tanto, este camino conduce más que al fortalecimiento del campesinado a la privatización del medio rural. Pero, además, seguirá profundizando la pauperización del campesinado temporalero, y el conjunto de las organizaciones de productores tendrán que competir comercial y financieramente en condiciones de mayor desventaja que las actuales con los grandes agricultores comerciales y las agroindustrias trasnacionales.
La importancia de los convenios de concertación social es múltiple. Por un lado representan el reconocimiento gubernamental a las nuevas dirigencias campesinas, muchas de las cuales se habían encontrado con las puertas de las oficinas públicas cerradas durante varios sexenios, y sin canales concretos para satisfacer sus demandas; estas dirigencias, y las organizaciones que representaban habían dedicado muchas energías y recursos a tratar de abrir las puertas de la negociación. Por otro lado, implica una derrama económica reducida a nivel nacional pero significativa para las organizaciones, sin que medie en lo esencial, subordinación política al partido del Estado -hay, sin embargo, excepciones a esta política-; esto es, una parte relevante de estos Convenios han sido suscritos desde la oposición sin renunciar a las banderas de lucha levantadas. Asimismo, los Convenios han permitido a varias de estas organizaciones cambiar de terreno y pasar de lleno a la lucha por la apropiación del proceso productivo.
Para la nueva administración los Convenios son, además del instrumento para aplicar su nueva política hacia el medio rural, el mecanismo para recomponer su presencia entre los sectores campesinos organizados, en un momento en el que muchos de ellos habían mostrado abierta simpatía por el cardenismo. Asimismo, en un momento en el que la imagen del Presidente se encontraba sumamente deteriorada por el fraude electoral y en el que la movilización popular por la defensa del sufragio había adquirido gran trascendencia, los Convenios permitieron una relación directa entre el Jefe del Ejecutivo y los distintos grupos campesinos, y mostrar que estaba dispuesto a cumplir con los compromisos contraídos durante la campaña electoral. Y, más allá de esas consideraciones para el corto plazo, los Convenios son también un instrumento clave para la reorganización del nuevo PRI, situación que apareció claramente manifestada como una necesidad urgente a lo largo de la campaña y las elecciones.
La concertación y las organizaciones campesinas
En la firma del primer paquete de los Convenios de Concertación el Presidente invitó a construir un gran Congreso Campesino Permanente al tiempo que se firmaban seis convenios con organizaciones en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México.
En esa misma ceremonia, el Subsecretario de Política y Concertación de la SARH y antiguo asesor de la UNORCA Gustavo Gordillo, señaló: "El mandato de la Concertación es la ruta que la sociedad ha demandado. Las instituciones y los servidores públicos debemos ser rectores de la concertación pero no sus sujetos. Ellos son las organizaciones rurales del país: el ejido, la comunidad, la pequeña propiedad, el empresariado agrícola, el municipio, las organizaciones superiores y los gobiernos de los estados. Todos, empezando por el sector público, tenemos que perfeccionar nuestras estructuras para abrirlas a la participación, al diálogo respetuoso, a la concertación de intereses y demandas..." Después de la firma se realizó una reunión entre distintas organizaciones campesinas y funcionarios públicos del sector para discutir experiencias de concertación social. Varias de ellas tenían tiempo caminando por esta brecha. Una de las Mesas de trabajo -la número 1- señaló como conclusión "Se entiende como Concertación Social al trato horizontal que debe existir entre el gobierno y las organizaciones de productores, reconociendo la personalidad política de los dirigentes de las organizaciones y su capacidad de gestión, lo cual permitirá el fortalecimiento de la relación gobierno organizaciones campesinas, así como la representatividad de los dirigentes de la propia organización; ya que actualmente, tiene mayor peso la opinión de técnicos y funcionarios institucionales para elaborar y aprobar programas y proyectos (que en ocasiones son tendenciosos) que los presentados por las dirigencias de las organizaciones." Desde las filas del cardenismo se hicieron fuertes críticas al proceso. Estaban abiertas las heridas del fraude electoral del 6 de julio y se consideraba a Salinas como Presidente ilegítimo, y algunos de sus dirigentes pensaban que existía en el país una situación de ingobernabilidad. Por lo tanto, la negociación con el Estado aparecía como mediatizadora y claudicante. Más adelante, distintas fuerzas de esta corriente se sumarían a esta iniciativa.
Efectivamente el proceso siguió adelante apoyado en parte por un programa de emergencia para atender zonas pauperizadas, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Así, el 13 de febrero se firmó en la ciudad de Durango el segundo paquete de convenios. 66 organizaciones campesinas de 18 estados firmaron 10 convenios de distinto tipo: asistencia técnica a diez uniones de crédito; agua potable para la Meseta Purépecha en Michoacán; bodegas para almacenamiento de arroz en Campeche, etc.
El gobierno había retomado en sus manos la iniciativa política y ponía a las organizaciones ante hechos consumados: o se sumaban o quedaban fuera de la jugada, tal vez por muchos años. El debate dentro de las organizaciones -acompañado del debate por incorporarse o no al CAP- fue particularmente intenso. Para todos estaba presente el peligro de la cooptación estatal y el establecimiento de un neocorporativismo con base en el control de los instrumentos técnicos y económicos del ciclo productivo. Mientras que
organizaciones como la UNORCA, preparadas durante años para esta forma de hacer política, se sumaban de lleno al proceso, otras organizaciones tradicionalmente más radicales como FDOMEZ, OIPUH y CUSO -enclavadas fundamentalmente en las Huastecas- consideraron la medida como un instrumento estatal para dividir a las comunidades. Asesores de la UPM y de la CNPA señalaron que ésta "debe entenderse como un espacio de negociación que ofrece un gobierno débil y cuestionado como un espacio que permite a las organizaciones campesinas autónomas avanzar en su lucha por controlar el proceso productivo, por mejores condiciones para la comercialización de la producción y por la apropiación de infraestructura y racionalización de servicios, ante un Estado enflaquecido que no vacila en entregar recursos y empresas sociales a la iniciativa privada."
Desde la oposición, el CDP de Durango negoció con el gobierno federal un convenio de concertación urbano que muy pronto se extendería a sus bases rurales, fundamentalmente a aquellas involucradas con la lucha por la descontaminación de las aguas del río Tunal. Según los cedepistas: "La concertación social nace de una evidencia: en una sociedad plural en donde se expresan fuerzas políticas diferentes, la solución a los problemas populares sólo puede procesarse a partir de la acción común de esas fuerzas. No existirá verdadera concertación si se pretende someter o deslegitimar a una de las partes. No existirá concertación si se le concibe solamente como un instrumento para corporativizar la disidencia. La concertación real exige resolver las demandas sin pedir a la otra fuerza que deje de ser oposición (...) requiere de la modificación sustancial del régimen, del abandono del esquema de partido único y de su transformación en un sistema de partidos, donde la interlocución de la sociedad sea obra de sí misma y no de intermediarios que hablen a nombre de sectores sociales sin tener ligazón orgánica con ellos. Se requiere, entonces, de la descorporativización completa de las organizaciones sociales y del reconocimiento estatal de los auténticos representantes de esas organizaciones."
Una a una, distintas organizaciones campesinas independientes se fueron sumando al proceso: UGOCP, CIOAC, FDC, CCC, UNTA, etc. Evidentemente no se trató de una incorporación acrítica. Un ejemplo de ello es el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), organización que ha dado fuertes luchas por obtener un incremento al precio de garantía del maíz, y que, después de una intensa movilización por aumentarlos una vez más para el ciclo primavera-verano 1988-88, terminó negociando el 2 de enero de 1989 un convenio de concertación y un paquete económico alternativo. Ello no significó que la organización renunciara a sus posiciones críticas. Entre los acuerdos tomados a su interior está el que "El FDC inicia una intensa lucha por elevar la producción en todas sus áreas de influencia. Pero esto no quiere decir que comulgue con la piedra de molino que viene a ser la política económica del régimen de CSG. Seguirá denunciando el carácter injusto y antipopular de la misma, apoyará los esfuerzos de los diversos sectores del pueblo que la cuestionen y luchen por transformarlas". Sin ir más lejos, el 10 de abril la Confederación Agrarista Mexicana, la Federación Nacional de Productores de Maíz, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Comisión Organizadora de la Unidad Campesina, la Unión General Obrera Campesina de México, la Unión General Obrero Campesina Popular, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Central Campesina Independiente y el Movimiento Nacional
de los 400 Pueblos, firmaron convenios por 2 mil 334.4 millones de pesos para impulsar la producción agrícola.
Los hechos
Pero, más allá de la tramoya y la escenificación para el gran público de las firmas de los pactos, la implementación de éstos se ha topado con multitud de obstáculos.
En Guerrero, por ejemplo, el gobernador se ha negado a tratar con las organizaciones autónomas, a las que, por el contrario ha cercado y hostigado, buscando fortalecer a toda costa a la CNC. Aunque un buen número de estas organizaciones tienen experiencias productivas muy avanzadas y una larga trayectoria de negociación con instancias gubernamentales de todo tipo, el bloqueo de este funcionario ha impedido que se firmen convenios de concertación con ellas. Esta política tiene sustentación, además, en la enorme importancia que el cardenismo tiene en el estado y la realización de las elecciones municipales. El grueso de los recursos federales han sido dirigidos directamente al gobierno estatal quien los ha utilizado para tratar de recomponer su imagen haciendo obra pública. En sentido estricto, sólo unas pocas organizaciones autónomas han podido "darle la vuelta" al asunto y firmar convenios de concertación. Una es la Sociedad de Solidaridad Social José Luna, que dirige una importante lucha en la Costa Chica y que consiguió cerca de 700 millones de pesos para un programa alternativo de comercialización, abasto, construcción de una bodega y reparación de vehículos. La otra es la Unión de Ejidos "Luz de la Montaña", en la región de la Montaña de este estado, que recibió recursos para realizar la obra civil de un beneficio seco de café. En ambos casos, estos recursos pudieron ser negociados a través de SPP y el Instituto Nacional Indigenista, que es quien apareció oficialmente otorgándolos. Como esta zona es indígena y el INI es una institución federal el gobierno estatal tuvo que aceptar que se le "metieran esos goles". La Coalición de Ejidos cafeticultores de Atoyac pudo entrar a los convenios a través del paquete de Uniones de Crédito firmado con la UNORCA. Pero el resto de sus propuestas se encuentran "congeladas".
En Oaxaca, el estado más pobre de la República y con una significativa lucha comunitaria autónoma, el gobernador del estado, que tradicionalmente ha tratado de gestionar todos los asuntos rurales a través de la CNC, tuvo que aceptar que una parte muy significativa de los recursos de PRONASOL fuera canalizado directamente a las comunidades y a las organizaciones regionales autónomas, a las que trató de bloquear hasta el último momento. Así las cosas, el 50% fue destinado a proyectos comunitarios, el 35% a organizaciones regionales autónomas y sólo el 15% a proyectos controlados directamente por la CNC. Organizaciones a las que el gobierno estatal había tratado de aislar como UCIZONI, UCI Cien Años de Soledad, Pueblos Unidos del Rincón, Comunidades Forestales de la Sierra Juárez, etc., están hoy construyendo beneficios secos para café, implementando proyectos de pesca, fábricas de cajas de empaques, aserraderos, etc. Irónicamente, muchas de estas organizaciones no eran sujetos de crédito. Simultáneamente, varios de los proyectos que le fueron aprobados a la CNC o a organizaciones estrechamente vinculadas al partido oficial no han avanzado. Uno de los primeros convenios firmados en el que se otorgaron 88.4 millones de pesos a la oficialista
Unión Regional de Productores de Café de la Zona Mixe para apoyar la producción y la productividad de café ha quedado prácticamente sin efecto, pues las comunidades a las que decían representar ni conocían ni avalaron la iniciativa según arrojó como conclusión el proceso de validación social seguido.
Uno de los ejemplos más complejos, en donde se mezclan el retiro estatal de la agricultura y la firma de convenios de concertación es el que acontece actualmente en el sector cafetalero. Allí la empresa estatal (INMECAFE) anunció un "cambio estructural" en sus funciones que en los hechos significa el desmantelamiento del papel de financiamiento, comercialización y control de precios del producto que la empresa venía desempeñando. Ello en un momento en el que la ruptura de las cláusulas económicas del convenio de la OIC derrumbaron el precio del producto en más de un 50%. En el sector cafetalero, además de las organizaciones de productores cenecistas y la poderosa organización de los exportadores, se ha desarrollado una importante red de organizaciones regionales autónomas: la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). El grueso de las propuestas de los productores para negociar la transferencia de funciones y el equipo de INMECAFE fueron elaboradas por la CNOC. Lo mismo sucedió con la propuesta -finalmente ganada- de entregar a los productores 173 mil millones de pesos provenientes del Fondo Regulador de Existencia Cafetalera. Aunque el resultado de esta batalla está aún por verse, los logros alcanzados por las organizaciones autónomas han sido muy importantes, pero ello ha sido resultado, en mucho, de la fuerza de las organizaciones, de la calidad de sus proyectos y de un complejo juego de alianzas y negociaciones con funcionarios federales.
Ello muestra que más allá de la lucha de las organizaciones de productores, existe un conflicto significativo entre los intereses corporativos de los funcionarios gubernamentales a nivel estatal y la política modernizadora de un cierto número de funcionarios federales responsables -algunos de los cuales están interesados en impulsar un nuevo tipo de corporativismo mientras que otros rechazan cualquier tipo de éste- de llevar adelante el proyecto, que, usualmente, son cercanos colaboradores de Salinas, y tienen en su haber una estrecha relación con organizaciones autónomas. Este conflicto tiene límites precisos tanto en la fortaleza política de los gobernadores como en la presencia social del cardenismo. Ante ellos -pero, sobre todo, ante este último factor- las iniciativas federales tienen poca capacidad de maniobra.
Sin embargo, las contradicciones entre funcionarios no sólo operan en este nivel, sino que también existen entre los mismos modernizadores responsables de llevar adelante esta política. Los bloqueos entre unos y otros, la descoordinación y la lucha por los recursos son cosa frecuente. Quizás a ello se refería el subsecretario de Política y Concertación de la SARH en una entrevista realizada en la prensa nacional en la que señaló: "Los convenios de concertación nos han señalado que la SARH debe profundizar sus acciones en materia de coordinación institucional ya que los recursos los aportará tanto la secretaría como organismos financieros que intervienen en el sector agropecuario, pues las aportaciones todavía son insuficientes si las medimos en torno al presupuesto del sector (...) Aunque hay avances, estamos en un proceso de adecuación institucional, y aspiramos a que en el próximo paquete de concertación la entrega de los recursos sea ya
sobre calendario, sin atrasos". En un informe interno de la subsecretaría reseñado en ese mismo artículo periodístico se hizo un balance del proceso: de los paquetes firmados hasta mayo -seis el 6 de enero, diez el 13 de febrero y uno el 8 de mayo- la mayoría no recibía aún recursos fiscales, otros estaban en reestructuración y sólo 15 funcionaban. Para echar a andar 20 mil millones de pesos destinados al estudio y elaboración de proyectos de mil 93 demandas campesinas "se está identificando la fuente de recursos para su aplicación dentro de la normatividad vigente". De 10 acuerdos firmados el 13 de febrero nuevo están en funcionamiento, aunque sólo en siete existen recursos de la SARH o de entidades coordinadas por ella. Los 12 acordados el 10 de abril tienen un seguimiento mientras se disponen de recursos. En resumen, los convenios se están ejecutando en varios casos con lentitud.
Pero, más allá de las declaraciones y de los conflictos interburocráticos, las organizaciones de productores se han enfrentado a problemas derivados de incumplimientos de compromisos de campaña. Asó, el 11 y el 12 de agosto de este año, el Décimo Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Forestales realizado en Saltillo decidió dirigirse a Salinas para "exponer su profunda preocupación por el curso actual de la Política Forestal Oficial, que se opone tanto a sus compromisos como a la Ley Forestal". El acuerdo se publicó en forma de desplegado en la prensa nacional incorporando seis hechos relevantes en los que se demostraban sus afirmaciones. La denuncia es relevante. La red de comunidades forestales es una de las experiencias más avanzadas -junto con la del café- en procesos de autogestión campesina, y uno de los principales interlocutores buscados por los hombres de Salinas desde el inicio de su campaña presidencial. La denuncia, entonces, es algo más que una anécdota.
En algunos casos, la política de concertación ha provocado que dirigentes regionales, antes autónomos, comiencen a desarrollar prácticas corporativas. Su nueva interlocución, el papel privilegiado que sus organizaciones juegan en la coyuntura, la cercanía con funcionarios públicos, y una falta de trabajo ideológico previo han provocado que se dediquen de tiempo completo a la "política" oficial abandonando o relegando los proyectos productivos y dejando de lado un estilo de dirección democrático. La "política" ha ocupado el espacio de la lucha por apropiarse del proceso productivo, y ha hecho sumamente difícil que un proyecto innovador y significativo pueda funcionar con éxito; la pérdida de autonomía ha cancelado -así sea temporalmente- las posibilidades de impulsar un desarrollo de base eficaz.
Hacia la unidad campesina
Paralelamente a la intensa movilización campesina alrededor de las elecciones del 88 comenzó a desatarse una intensa actividad reorganizativa desde las organizaciones campesinas mismas y desde el Estado. En el centro de este proceso se encuentra la definición de una nueva relación entre ambos.
En agosto de ese año, la UNORCA realizó en Atoyac de Alvarez Guerrero, su II Encuentro Nacional Campesino. Entre los objetivos del encuentro estaban la búsqueda de la unidad de acción de las distintas fuerzas campesinas regional, y, la disposición de
"actuar en el plano nacional como factor de convergencia entre las distintas agrupaciones de carácter nacional". En noviembre, la CNC golpeada por la fijación unilateral de los precios de garantía por parte del Gabinete Agropecuario, elaboró una declaración pública replanteando la alianza Estado-campesinos. El 16 y 17 de ese mismo mes, en la Universidad de Chapingo, se reunieron dirigentes campesinos y estudiosos del tema para realizar el Foro Nacional sobre Reforma Rural. Pocos días después, el 27 y el 28 de noviembre, diez organizaciones independientes convocantes a la reunión "Problemática Rural y Unidad Campesina" acordaron firmar un Convenio de Acción Unitaria y avanzar también en un programa de lucha articulador de sus iniciativas. Con el nuevo año las iniciativas estatales siguieron desplegándose. El 6 de enero, el dirigente de la CNC Maximiliano Silerio, llamó a formar un Congreso Agrario Permanente en el que las organizaciones planteen sus legítimas reivindicaciones, por la vía del diálogo y la concertación política, y en donde se respete la autonomía y la pluralidad de las organizaciones.
Los trabajos de constitución del nuevo pacto, avanzaron con rapidez. El 10 de abril, fecha en el que se cumplían diez años del asesinato de Emiliano Zapata, Salinas de Gortari instaló el Congreso Agrario Permanente (CAP), con la participación de una constelación de organizaciones campesinas nacionales, tanto autónomas como oficialistas. EL nuevo organismo nacía con una estructura estable, y con "juego" para todo mundo. La constitución del nuevo organismo y la incorporación a él de organizaciones independientes fue motivo, una vez más, de fuertes discusiones a su interior. Si estas organizaciones se hubieran aislado de la convergencia habrían visto reducir su espacio de negociación y gestión peligrosamente, perdiendo simultáneamente la posibilidad de disputar nuevos territorios y de incidir en la política agraria del régimen. Adentro, corren efectivamente el peligro de ser absorbidas por un funcionamiento "institucional" y dejar de lado, la movilización que han promovido intermitentemente, al tiempo que el gobierno busca presentar su participación en esta instancia como un acuerdo global con su política.
En un primer momento, el CAP parecía debilitar a la CNC, básicamente porque permitía terminar con una interlocución casi exclusiva de su parte, colocándola en un plano de igualdad -o casi- con sus rivales tradicionales. Después, porque evidenciaba que no se requería ser cenecista para que los problemas de los ejidos y comunidades fueran resueltos; si ello no era importante para las organizaciones independientes, sí tenía trascendencia para aquellas organizaciones, fundamentalmente de productores, que ocupaban una especie de franja gris en el mapa político del campo: sus posibilidades de expresión autónoma parecían potenciarse. La dirigencia tradicional de la CNC lo sabía. Por ello en su XVII Congreso Nacional señaló: "(la CNC) corre el riesgo de ser rebasada por organizaciones de otras tendencias políticas e ideológicas que tienen mayor respuesta del gobierno". Sin embargo, a partir de su último Congreso, esta Central recupera su interlocución tradicional ante el Gobierno Federal. En este sentido, el "juego" que el gobierno federal ha dado a otras organizaciones sirve más como un elemento para presionar a la CNC en su "modernización" que para sustituirla como "columna vertebral" de su política para el campo.
Ese mismo 10 de abril, pero desde La Laguna, Cuauhtémoc Cárdenas, llamó a construir una nueva central campesina independiente de partidos políticos, una organización campesina "que no sea dependiente del PRD". Para el cardenismo, la articulación orgánica de sus simpatías campesinas es un problema difícil de resolver. De entrada, porque con esta corriente se identifican campesinos de varios agrupamientos que no están dispuestos a liquidar sus organizaciones para constituir una nueva central. Asimismo porque muchos de ellos son sumamente celosos de su autonomía y no están de acuerdo en dejarse instrumentar por nadie, y, a pesar de los buenos deseos de Cárdenas, una cierta cultura priísta corporativa está presente entre algunos miembros de PRD. Pero además, porque un buen número de sus simpatizantes están también presentes en las filas de las nuevas organizaciones de productores que, por definición son plurales; la constitución de una nueva central, nada les aporta. Por otro lado, porque un número importante de organizaciones independientes no son cardenistas y ven en esta corriente una vocación hegemonista a la que no se quieren supeditar. En sentido contrario actúan núcleos significativos de ejidatarios de La Laguna y Michoacán, para este sector del campesinado temporalero que no tiene cabida en el modelo económico que se ha trazado para salir de la crisis, el cardenismo les ofrece -al igual que lo hace una nueva central- la posibilidad de articular sus intereses. En suma, la posibilidad de constituir una nueva central se topa con fuerzas e intereses encontrados que se presentan con la misma cobija ideológica.
Estas contradicciones aparecieron claramente en la realización del II Encuentro Nacional Agrario realizado en Cuautla, Morelos, convocado por el CAU. De entrada, no participó en él la UGOCP porque "se alteraron las ideas iniciales de que el citado encuentro agrario fuera producto de un diálogo y 'espíritu de unidad', se respetara el derecho de militar en cualquier partido y la no injerencia en ninguno de éstos". Ya en la realización del acto, diversas organizaciones acusaron a Cristóbal Arias, responsable del trabajo campesino del PRD, y a otros excenecistas ahora cardenistas, de pretender desarrollar prácticas corporativas y de agandalles. La CIOAC señaló: "si los procedimientos continúan de esta manera no vamos a conseguir más que una centralita pequeña". Finalmente 18 organizaciones de 43 presentes acordaron firmar la Declaración de Anenecuilco en la que decidieron avanzar en la constitución de una nueva central. La presencia misma de Cárdenas en el evento provocó fuertes debates y malestares. Finalmente, como señaló el dirigente de la UGOCP, Margarito Montes, fueron los políticos y no los campesinos quienes hicieron las declaraciones. En el centro de las críticas de quienes decidieron no sumarse a la Declaración, está una concepción que considera que la unidad debe procesarse desde abajo y debe permitir sostener la autonomía de las organizaciones existentes.
El futuro
En sentido estricto, los convenios de concertación social le han servido a Salinas para legitimarse. Los primeros meses de la nueva administración se han caracterizado porque ésta ha venido ganando terreno en el medio rural con rapidez. En ello, además del CAP y los convenios, jugó un papel muy importante el indulto con el que se puso en libertad a centenares de luchadores agrarios. Ciertamente, su imagen en el medio rural ha sufrido descalabros. De entrada, el asesinato de varios dirigentes campesinos regionales en
diversos estados del país. Asimismo, el impresionante fraude electoral en contra del PRD en Michoacán y Guerrero, que puso en pie de lucha a miles de campesinos.
Sin embargo, la presión campesina parece haber encontrado cauces institucionales para negociar sus demandas y la nueva administración ha logrado sentar en la mesa de negociaciones a un ramillete de organizaciones que en el pasado privilegiaban la confrontación con el Estado.
En el terreno de las organizaciones campesinas, quienes más se han fortalecido con la política de concertación son las organizaciones más consolidadas con cierta experiencia previa en el terreno productivo. Muchas de esas organizaciones están formadas, o por campesinos medios o por campesinos productores de cultivos de exportación, o de alimentos básicos o forrajeros. Otras, compuesto por campesinos pobres, han podido colarse gracias a una fortaleza organizativa previa.
Sin embargo, el grueso del campesinado temporalero y de los jornaleros agrícolas, sin organizaciones fuertes y dispersos, han quedado sin interlocución y sin recursos. Este sigue viviendo la otra cara de la moneda de la política salinista: la de la exclusión.
Pero, más allá de los convenios de concertación, otros aspectos de la política agropecuaria no han sido demasiado populares. La apertura de las fronteras a los industriales soyeros cuando estos estaban negociando con los productores el precio del producto, fue un duro golpe hacia los campesinos que no le produjo muchos aplausos al presidente. Lo mismo puede decirse de medidas como la restricción de créditos -BANRURAL anunció que 350 mil campesinos dejarían de ser sujetos de crédito de la institución-, su concentración en los agricultores comerciales, o la reestructuración de CONASUPO. Por lo demás, la derrama de recursos PRONASOL a los campesinos pobres representa muy poco para las necesidades del sector. En el modelo de desarrollo salinista siguen sobrando varios millones de mexicanos.
Entre las organizaciones nacionales, UNORCA ha jugado un papel clave, colocándose en el centro de la convergencia. Después de abrir su plataforma de demandas y pasar decididamente no sólo a la lucha por la producción sino también a la lucha agraria, con los pies en el movimiento autónomo pero también con relaciones con las organizaciones oficiales, con una amplia experiencia en la concertación social y con vínculos estrechos con algunos funcionarios del sector, ha desarrollado un protagonismo clave en el proceso actual. Sin embargo para seguir protagonizando adecuadamente esta etapa debe de enfrentar varios retos. El principal de ellos es que su programa de lucha se ha hecho programa de gobierno, y algunos de sus más importantes dirigentes han pasado a ser funcionarios públicos: ¿cómo mantener entonces su autonomía? ¿Cómo no dejarse absorber por una dinámica de transformismo social? Hasta ahora la respuesta parece estar en la apertura de su abanico de demandas y en la conservación de su estructura. A ello parece ayudarle tanto la resistencia real de las centrales oficiales al cambio, como la presencia nacional del cardenismo que atraviesa inequívocamente sus filas. Muchas de sus organizaciones parecen plantear hoy que la democratización no se agota en la lucha de la esfera de la producción sino que tienen relación con el conjunto de la sociedad, y
que ello obliga a mantener más viva que nunca la autonomía de sus organizaciones, sin ella, se convertirán en sujetos de un nuevo clientelismo o en agentes de un proceso de neocorporativización.
Por lo demás, el camino de la autogestión campesina por el que se han lanzado aquellas organizaciones en lucha por la apropiación del proceso productivo al que apuntan los convenios de concertación, presenta grandes dificultades: el empantanamiento economicista en el que han caído muchas de las que han transitado por ese camino; el dominio de la racionalidad del capital en su funcionamiento interno, dejando de lado la lógica social o su contrario; el dominio del proceso por un equipo de técnicos más o menos calificados que sustituyen a los agentes de fomento estatal pero sin modificar sus prácticas, etc.
La coyuntura es intensamente compleja y prometedora. En ella se está definiendo un nuevo liderazgo campesino y un modelo de desarrollo rural para las próximas dos décadas. Si los nuevos términos de la relación entre los campesinos y el Estado se transforman a favor de los primeros o si se establece una nueva forma de control sobre ellos es algo que aún no se puede definir. La moneda está en el aire.
CITAS:
[*] Asesor educativo del INAH.