07 de marzo de 2013
30 años de neoliberalismo
“Desde 1982 hasta la actualidad seguimos con el mismo modelo de política agroalimentaria porque es el mismo grupo de poder transnacional, hegemonizado por los Estados Unidos, quien está determinando estas políticas”, afirma Víctor Suárez, director ejecutivo de ANEC.
La siembra de maíz transgénico a escala comercial profundizaría una política agroalimentaria diseñada desde hace treinta años, que fue apuntalada con la firma del Tratado de Libre Ccomercio de América del Norte (TLCAN) y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994. Este modelo neoliberal ha beneficiado a las multinacionales agroalimentarias, “el volumen producido de la industria alimentaria creció un 6% de 1994 a 1999, y ha llegado a ocupar el segundo lugar en la contribución del PIB sectorial con un 24.2% [1]”, explica la economista Blanca Rubio. Pero ha dejado como perdedores principalmente a los campesinos, “de 26 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema (pobreza alimentaria), 16 millones corresponden a la población rural”, señala Luís Gómez Oliver, experto en economía agrícola [2].
En la actualidad, existe un agudo contraste entre la población que habita en el campo y que vive de él. Mientras casi la tercera parte de los mexicanos vive en el campo, “entre 1990 y 2008 el peso relativo de la agricultura en la población económicamente activa cayó del 23% al 13%”, sostiene el investigador Jonathan Fox en el informe Subsidios para la Desigualdad. También los consumidores se han visto perjudicados, pues resultó ser falsa la promesa de que a raíz del TLCAN los precios serían más bajos, como demuestra este informe.
Atrás queda una época en la que apenas se puede imaginar que México llegó a ser incluso exportador de maíz. “Tuvimos una capacidad de producción autosuficiente y con excedentes. Hoy estamos a merced de los mercados internacionales dominados por la especulación y los monopolios”, sentencia Víctor Suárez. Con esta posible aprobación, el maíz se encontraría en un agujero negro. El relato de estos treinta años es la crónica de un secuestro alimentario.
TLCAN: auge de las multinacionales agroalimentarias
El 20 de agosto de 1982, asfixiado por la deuda externa, México declara la suspensión temporal de pagos, durante el gobierno de López Portillo. Bajo estas circunstancias, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que eran los principales acreedores de esta deuda, presionaron para que se tomaran medidas de ajuste en el sector agropecuario que provocaron el desmantelamiento de las funciones del Estado en el apoyo al desarrollo rural.
Se inició entonces un proceso de liberalización comercial que se consolidó con la incorporación de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en español) –antecesor de la Organización Mundial del Comercio (OMC)- y se instaló de forma definitiva con la firma del TLCAN bajo el gobierno de Salinas de Gortari, quien aseguró que, por medio de este acuerdo, el país avanzaba en sus objetivos de “regular con claridad el creciente comercio entre nuestros países, alentar la inversión y la creación de empleo”.
La firma del TLCAN suscitó numerosas críticas entre los expertos que denunciaban las asimetrías entre ambas economías en cuanto a los recursos naturales, maquinaria o subsidios que otorgaba el gobierno estadounidense a la exportación de sus productos. Pero además, expertos como Armando Sánchez, investigador del departamento de sociología de la Universidad Metropolitana Unidad Azcapotzalco, resalta: “México firmó un tratado [con carácter de ley], mientras Canadá y Estados Unidos firmaron un convenio comercial, que no es tan limitante como un tratado”.
A eso añade con pesadumbre que “México no estaba en condiciones de firmar un tratado, porque entramos en unas condiciones desventajosas: unas subvenciones más reducidas y tecnologías obsoletas”. Estas medidas tomadas por el Ejecutivo mexicano y decididas desde las instituciones financieras internacionales (BM y FMI) respondían al modelo de desarrollo neoliberal que rechaza el papel del Estado para lograr un desarrollo económico, lo que supone su retirada de la economía y la elevación del mercado a la “categoría de columna vertebral de la nueva expresión capitalista” [3].
“Nos convencieron de que no se debía subsidiar a la agricultura, de que debía haber en el mundo un comercio prístino, limpio y cualquier subsidio era ensuciar el proceso. Lo creyeron tanto que, para dejar de subsidiar a todos los cultivos, acabaron los gobernantes con todas las instituciones”, explica Antonio Turrent, presidente de la UCCS. Se llegó a desmantelar una empresa estatal que resultaba central para el mercado del maíz: Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares). Se encargaba de almacenar este cereal y comprarlo a los productores nacionales pagándoles un “precio de garantía”, es decir, un precio mínimo de adquisición. El vacío que dejó esta empresa fue absorbido por un reducido número de multinacionales agroalimentarias: Maseca, Minsa, Archer Daniels Midland (ADM), Cargill y Arancia -las dos primeras están participadas por las dos compañías estadounidenses siguientes-. “Nuestra agricultura está en manos del capital multinacional”, se lamenta Antonio Turrent.
El cambio fundamental se operó en el eje sobre el que pivotaba la política alimentaria, “a finales de los años ochenta se viró hacia políticas no de autosuficiencia sino de suficiencia alimentaria”, apunta Armando Sánchez. Es decir, la meta ya no era producir los alimentos que se requerían sino, como especifica Kirsten Appendini, profesora investigadora en el Colegio de México, “tener la capacidad de comprarlos en el exterior con exportaciones agropecuarias (como hortalizas y frutas)” [4]. Este cambio de óptica se sustentaba en el principio de las ventajas comparativas, que afirma que las naciones pueden beneficiarse de sus diferencias llegando a un acuerdo por el que cada uno se dedique a lo que hace realmente bien. En este reparto de cartas, a México le tocó importar maíz, pues su vecino estadounidense desde los años setenta obtenía un rendimiento en este cereal muy superior. Pero los Estados Unidos y estas multinacionales se guardaban un as en la manga: las subvenciones. Mientras México otorgó subsidios de alrededor de 7.000 millones de dólares como promedio en el período 1993-2001, su vecino del norte transfirió 95.000 millones de dólares, es decir, 13 veces más [5].
“A partir del TLCAN, el gobierno mexicano decide que es mejor importar maíz barato que alentar la producción interna”, sostiene Ana de Ita, directora del Ceccam. Pero este grano básico (en su mayoría amarillo) comprado de Estados Unidos no se destina para el consumo humano (destaca el maíz blanco). Hubo un cambio en el proceso de producción y “la industria agroalimentaria utilizó el maíz como insumo industrial: para forraje de animales, para elaborar aceite, almidón”, puntualiza Álvaro Salgado, del Cenami. De hecho, como apunta este experto, México es suficiente en maíz blanco.
Existe otra razón que explica el aumento en la compra de este cereal, “las importaciones se convirtieron en un negocio financiero en donde era mejor ser importador de maíz en México, era un gran negocio ya que Estados Unidos le daba créditos blandos [a través de la Commodity Credit Corporation] a los importadores para que sacaran el maíz que a ellos les sobraba y lo llevaran a otros países. Eran créditos con tasas muy baratas con largos plazos de recuperación en un momento en que en México el crédito era muy caro y tenía muchos condicionamientos”, explica la especialista Ana de Ita.
A pesar de que este tratado estableció un sistema de “tasas arancelarias cuotificadas” por el cual los gravámenes se irían reduciendo y se eliminarían por completo en 2008, -estableciendo para el maíz un arancel como punto de partida del 206.9%-, nunca se cumplió. Todos los gobiernos realizaron dumping contra sus propios productores, como así lo documenta el informe de Intermón Oxfam Dumping Sin Fronteras. Desde 1995 hasta 1999 el gobierno mexicano permitió la entrada de 7.162.878 toneladas de este cereal importado por arriba de la cuota establecida, sin el pago de arancel-cuota con un valor estimado de 1.367 millones de dólares [6], explican los expertos Rita Schwentesius y Manuel Ángel Gómez.
Los productores desafían al TLCAN
Los productores trabajan cada día en condiciones más duras recibiendo menos dinero por el maíz que venden a las corporaciones quienes exigen, a modo de chantaje, precios más bajos a los productores a cambio de no recurrir a las importaciones. Como documenta Blanca Rubio, ya en 1999 el precio del maíz que recibió el productor presentó un deterioro del 45% en términos reales en relación con el que recibió en 1996[7].
¿A quiénes compran estas grandes empresas agroalimentarias? Según el investigador Armando Sánchez, los pequeños productores no le venden su cosecha a estas empresas porque no les conviene el precio tan bajo que recibirían, “Maseca tiene el monopolio del 70-90% para vender a las tortillerías. A ellos les conviene comprar de fuera, y sí compran a los productores nacionales, pero sobre todo a los del norte(donde se encuentran principalmente los grandes productores) -como Sinaloa que produce maíz blanco-porque pueden crear mecanismos de negociación”. “Bajo este modelo, los pequeños productores son prescindibles, en muchos casos, un estorbo que deberían irse rápido y dejar de ser campesinos”, explica Ana de Ita.
Pese a ello, resultó sorprendente que la producción de maíz no decayera tras la entrada en vigor del TLCAN, sino que aumentó en un 65% entre 1989 y 1993 (gracias en gran parte a los productores de las zonas de riego del norte del país), como así documenta Ana de Ita. “Este país sostiene su alimentación de maíz con la participación de los pequeños productores que han sido estigmatizados y han sido casi obligados a dejar el cultivo pero no lo han hecho afortunadamente porque es el cultivo que les enseñaron sus antepasados”, afirma Alejandro Espinosa, coordinador del programa de Agricultura y Alimentación de la UCCS. “Aún teniendo pequeñas superficies, en el pasado, el pequeño campesinado ha tenido una capacidad productiva que ha sostenido el desarrollo y la modernización de México”, relata Víctor Suárez.
Pese a los intentos de “reconversión productiva” hacia otros cultivos, la razón por la que el pequeño campesinado sigue cultivando maíz es porque “es el cultivo básico de todos ellos, si se les obliga a cambiar -como se ha intentado- salen perdiendo porque producirían un grano que no consumirían y tendrían que comprar maíz de todas maneras para sobrevivir”, explica Alejandro Espinosa. No obstante, como apunta Víctor Suárez, se pudo seguir cultivando este grano porque el productor tiene que trabajar fuera de la parcela “y con las divisas de las remesas de sus familiares en Estados Unidos”. De ahí la propuesta por parte del Ejecutivo de los transgénicos. “El maíz modificado genéticamente es un arma biológica capaz de anular el maíz nativo. Lo que quieren es despoblar los territorios y que los campesinos se vayan a las ciudades y sean trabajadores o que migren a Estados Unidos, y aprovechar esas zonas para exploraciones mineras o para obtener una renta forestal, ambiental”, reflexiona Álvaro Salgado.
*Nylva Hiruelas (en twitter @nylvahb) es estudiante de postgrado del título Especialista en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid.
Consulta la primera y la segunda parte de la serie sobre el maíx mexicano.
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[1] RUBIO, Blanca: Explotados y Excluídos. Los campesinos latioamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. México, Editorial Plaza y Valdés, 2003, p. 133
[2] GÓMEZ, Luis: “Asistencialismo vs fomento productivo”, La Jornada del Campo, 16 julio 2001, nº46. [En línea]: http://www.jornada.unam.mx/2011/07/16/retos.html
[3] ROITMAN, Marcos: Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Sequitur, p.4
[4] APPENDINI, Kirsten: De la milpa a los tortibonos. La reestructuración de la política alimentaria en México, México, El Colegio de México, 2001, p. 102
[5] SCHWENTESIUS, Rita y GÓMEZ, Manuel Ángel: “Evaluación del TLCAN en la agricultura mexicana”. En CALVA, José Luis: La economía mexicana bajo el TLCAN: Evolución y alternativas. Tomo I, México,, Universidad de Guadalajara, 2005, p.317
[6] Ibídem, p. 11
[7] RUBIO, Blanca: Explotados y Excluídos…Op.Cit.p.127