Con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, el Estado mexicano camina para atrás: primero lo promovió y ahora lo trivializa para evitar sus efectos.

Ojarasca 258/octubre 2018

El 22 de agosto pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo público su resolutivo de negar a la empresa Generación ENERSI la autorización para instalar una hidroeléctrica en los cauces de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande, afluentes del río Usila y éste a su vez tributario del Papaloapan, en territorio del pueblo chinanteco en Oaxaca.

Desde lo más recóndito del estado de Guerrero, donde campea la violencia y el poder caciquil mantiene sus reales controlando varias regiones del estado comandadas por los jefes del narcotráfico, las 43 familias que sobreviven del campo han tenido que salir de la Costa Chica, la Montaña y la Zona Centro para emprender una lucha heroica en busca de sus hijos desaparecidos.

El 10 de agosto de 2018 Monsanto perdió un juicio histórico en el que fue sentenciada a pagar 289 millones de dólares por haber causado cáncer con glifosato a Dewayne Johnson, un jardinero de 46 años que vive en San Francisco. Cinco días después, la Suprema Corte de California negó una apelación de Monsanto que pretendía evitar que el glifosato integre la lista de sustancias cancerígenas del Estado. Monsanto, ahora propiedad de Bayer, anunció que apelará la sentencia en favor de Johnson, pero las acciones de Bayer se han desplomado, perdiendo más de 10 por ciento de su valor.