Al contrario de lo que se difunde, la aventura de alterar el ADN de nuestros cultivos alimenticios mediante las técnicas de la llamada ingeniería genética (IG), no ha estado sustantada en ciencia, más bien, la ha deshonrado. Sus ingenieros y quienes los apoyan, con frecuencia han ignorado, y hasta ocultado o destruido, evidencias científicas. También han violado los estándares de la ciencia. Inclusive han ocultado esas infracciones mediante el engaño.

En tanto el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantiene en jaque la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente Peña Nieto, los candidatos presidenciales Meade y Anaya, funcionarios e integrantes de organizaciones de agricultores empresariales y de productores rurales sostienen que su única propuesta para la agricultura es el libre comercio y censuran la autosuficiencia alimentaria como una política del pasado.

Aunque en repetidas ocasiones Donald Trump ha advertido a los estadunidenses sobre las amenazas provenientes de México, lo que ni él ni la mayoría de las personas se dan cuenta es que los riesgos más importantes se están originando en la dirección opuesta –a través de exportaciones masivas de alimentos transgénicos sometidos a ingeniería genética cultivados en Estados Unidos (EU). Es más, México ha sido instigado a aceptar ese alimento mediante el fraude sistemático del gobierno estadunidense.

Los días 27, 28 y 29 de abril, la Red en Defensa del Maíz celebró su asamblea nacional en el municipio El Limón, en el sur de Jalisco. Organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas se reunieron como casi cada año desde 2003, para intentar “entender el conjunto de problemas que asolan a nuestras comunidades y que enfrentamos cotidianamente para defender el maíz, que es el eje de la defensa de los territorios”. 

Los últimos cuatro sexenios serán recordados por los pueblos indígenas y campesinos como los que legalizaron un nuevo despojo de sus territorios.

En este país, donde como una conquista de la Revolución Mexicana la mitad de la superficie nacional es propiedad de indígenas y campesinos, los proyectos de monocultivos industriales, extractivos, o de mega infraestructura, tuvieron en la tenencia de la tierra un freno a su expansión.

Ojarasca 253

• FRACASAN CDI Y CIBIOGEM EN SU INTENTO POR IMPONER UNA “CONSULTA” A FAVOR DE MONSANTO EN PUEBLOS MAYAS

• SOMOS DEFENSORES DEL AGUA, DE LAS SEMILLAS NATIVAS, DEL TERRITORIO, DE LA PARTICIPACIÓN COMO MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES, DE NUESTRA AUTONOMÍA, LA NATURALEZA, EL AIRE Y EL SOL

Bacalar, Quintana Roo

El campo mexicano no es más un lugar apacible para estar en contacto con la naturaleza y conocer la forma de vida de sociedades distintas que dependen de la tierra; se ha convertido en un lugar peligroso, codiciado por los intereses cruzados de las corporaciones extractivas y energéticas, de los narcos, la agroindustria, de inmobiliarias y constructoras de mega proyectos, que utilizan la violencia para despejar a los habitantes y despojarlos de sus territorios y bienes naturales.

Abel Barrera era seminarista cuando,  en su natal Tlapa, Guerrero, vio cómo la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.

Los policías, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno Zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público.

A mediados de marzo, integrantes de más de 20 pueblos indígenas, junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país se encontraron en la Ciudad de México, y a partir de sus propios testimonios construyeron un mapa de las amenazas que enfrentan sus territorios.