Los saldos positivos de la balanza agropecuaria en México tienen un rostro invisible: la devastación ambiental y la explotación salvaje de la mano de obra. El gran éxito de la agricultura de exportación mexicana camina de la mano de la degradación de tierras, el abatimiento de los mantos freáticos, el agravamiento de la dependencia alimentaria y la despiadada utilización de jornaleros agrícolas en las modernas fincas agroindustiales.

El 22 de noviembre el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que contiene un acuerdo del Presidente de la República y su gabinete, que a todas luces se aparta de varias disposiciones constitucionales y contraviene otras de carácter legal. El acuerdo consta de tres artículos, pero lo estrecho de su tamaño no se corresponde con lo amplio y grave de su contenido.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reuniones del pleno los días 8, 11 y 16 de este mes, sobre el conflicto de límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca amerita un análisis más allá de sus efectos formales. Primero habría que reconocer que esta controversia constitucional permite observar que el ministro José Fernando Franco asumió un trabajo y postura encomiables al elaborar un proyecto con una visión de tomar los derechos en serio y do¬cumentar un respaldo pericial en diversas ramas que dieron sustento al mismo.

La verdadera fuerza motriz que mueve el pleito por los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, es el conflicto entre los comuneros zoques (los chimas) que defienden sus tierras y recursos naturales, y los talamontes, ganaderos, políticos y narcotraficantes chiapanecos, que saquean y agreden a las comunidades indígenas.

En la década de 1970, Oaxaca era una olla de agua a punto de hervir. La indignación ante agravios ancestrales, pobreza ofensiva y cacicazgos oprobiosos precipitaron el surgimiento de cientos de conflictos comunitarios y regionales, que explotaron a lo largo y ancho de su territorio. En 1977, como volvió a suceder en 2006, la inconformidad popular estalló en la entidad y exigió la renuncia del gobernador Manuel Zarate Aquino.

La mención de agravio requiere explicación, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en sesión privada el pasado 8 de septiembre, no ejercer la atracción solicitada por la comunidad de Ostula para que ese máximo órgano del Poder Judicial analizara y resolviera un caso de despojo de sus tierras ancestrales y de criminalización que permanece impune: 35 comuneros ultimados y cinco desaparecidos por causa de su lucha.