La mancha urbana avanza voraz y desenfrenadamente sobre los pueblos ancestrales que hoy forman la alcaldía de Milpa Alta. Intereses inmobiliarios ansían despojar de sus tierras a las comunidades. Quieren hacer grandes negocios devorando importante reserva ambiental, en el mero centro del país. El “progreso” a toda costa es su cabeza de playa para avanzar en el expolio territorial.

A seis años de recorrer los territorios y compartir las voces de las comunidades afectadas por tres megaproyectos insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador –el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico–, un equipo de documentalistas convocados por Desinformémonos volvió a caminar selvas, valles y mares en comunidades indígenas de cinco estados de la república mexicana, para reportar qué ha ocurrido y qué viven los pueblos desde entonces en las regiones donde se expanden esos proyectos que la presidenta Claudia Sheinbaum promete continuar.

La devastadora plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo camina de la mano del contrabando de ganado bovino en la frontera sur de México. Una plaga erradicada hace más de dos décadas resurgió con virulencia con el comercio ilegal de unas 800 mil reses provenientes de Centroamérica (especialmente de Nicaragua) a nuestro territorio. Imparable hasta ahora, continúa su marcha hacia el norte.

El pasado fin de semana se realizó en Loma de Bácum, del pueblo yaqui en Sonora, una asamblea emblemática por el tema abordado, porque es parte de un proceso organizativo con cinco reuniones previas que han sido convocadas conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena (CNI). También lo es porque simbólicamente dio inicio al año de actividades anunciado hace días para llegar al 30 aniversario del CNI en octubre de 2026.

Después de siete años de un cambio en los programas para el sector rural, la producción de granos básicos se encuentra en un punto de quiebre. El financiamiento al campo se desmanteló junto con los seguros agrícolas, desaparecieron las instituciones y programas de comercialización, y los subsidios como Producción para el Bienestar, Fertilizantes o Precios de Garantía excluyeron a los agricultores comerciales de granos.

Aunque al momento de escribir estas líneas no se ha dado a conocer oficialmente la iniciativa que proponga o reforme las leyes General de Aguas y de Aguas Nacionales, es necesario abordar los desafíos insoslayables para una nueva legislación hídrica.