El 1º de enero de 1994, Pablo González Casanova vacacionaba en Cuba. Se metió a nadar y de repente su esposa le gritó: Ven, que está saliendo México en la televisión. Al llegar frente a la pantalla, se encontró con las imágenes de “los muchachos que tomaron San Cristóbal, encapuchados. A los dos días –me explicó en larga entrevista– ya estábamos en México. Después me llamó don Samuel Ruiz a formar parte de la comisión para la paz. Acepté”.

Si la energía y los recursos, las ominosas advertencias, las profecías apocalípticas que las empresas mineras emplean para atacar y defenderse del paquete de reformas para una minería regulada presentado por el Ejecutivo federal al Congreso el 28 de marzo, si todo eso se empleara para defender el gran e indispensable bien común que es el agua, ya estaríamos superando la crisis hídrica.

Protegido por Israel, Tomás Zerón de Lucio, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en tiempos de Enrique Peña Nieto, quien torturó y amenazó de muerte a detenidos, alteró y fabricó pruebas falsas y fue figura clave en la elaboración de la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dice ser un perseguido político.

El 4 de abril la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emitió un muy fuerte comunicado dirigido a los tres órdenes de gobierno. Su tesis central es lamentablemente coincidente con lo que sucede en otras regiones del país: Nos preocupa la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en los pueblos de los municipios.

Ayotzinapa es una herida abierta. Han transcurrido ocho años y medio de la atrocidad y el agravio no cicatriza. ¿Cómo va a cerrarse si la verdad no llega? ¿Si no hay justicia? ¿Si el daño no se repara?
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Una visión global sobre los hechos, los responsables y la situación del caso Ayot¬zinapa, el último, nos muestra, desglosados en 36 puntos, los enormes obstáculos para iluminar las tinieblas que se ciernen sobre la tragedia. Con evidencias probadas exhiben la imposibilidad de cerrar el caso.

A Miguel López Vega lo quiere volver a encarcelar el gobierno de Puebla. Ya lo detuvo en 2020 y se vio obligado a liberarlo por falta de pruebas. En aquel entonces lo acusó, en un proceso amañado, de obstrucción de obra pública y daño a las vías de comunicación.