El Estado mexicano, habiendo emprendido hace años las reformas estructurales que los tratados de libre comercio hicieron inamovibles y cada vez más coercitivas, ha decidido impulsar unas reformas energéticas que entregarán al capital ex
tranjero riquezas naturales (gas, petróleo, elec
tricidad, agua y minería), y la infraestructura correspondiente para extraerlas. Según datos del investigador Juan Danell estas riquezas representan más del 50% del producto interno bruto (PIB).1
El paquete de reformas constitucionales,
leyes y reglamentaciones que abrirán el sec
tor a la iniciativa privada, a la inversión ex
tranjera directa, no sólo rompen la supuesta
“custodia estatal” de los bienes de la Nación
(aunque en varios apartados de los artículos se
insista en que no es así, y que el Estado manten
drá la supervisión y el cuidado central sobre los
recursos naturales, que ha tenido desde 1917). De
hecho estas reformas rompen con el concepto mismo
de “propiedad originaria de la nación” —que fue una innovación del constitucionalismo mexicano y que aun hoy es una pieza clave en la defensa de los derechos territoriales de pueblos y comunidades”.
