26 de mayo 2017
La jornada ecológica 212
El 7 de marzo pasado, el 48 por ciento de los diputados aprobó el dictamen para la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el voto en contra de 94 diputados del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano. La minuta fue turnada a la Cámara de Senadores el 10 de marzo, donde está encomendada a las comisiones de Medio Ambiente, presidida por la senadora Ninfa Salinas, del PVEM, y de Estudios Legislativos Primera, a cargo del senador Raúl García Guzmán, del PAN.
La legislación forestal en México tiene una historia tan accidentada como el cambio de proyectos y protagonistas en cada coyuntura. Las leyes de Reforma y luego las porfiristas despojaron a las comunidades de sus tierras para ponerlas en manos de grandes empresas extranjeras a través de las compañías deslindadoras; en 1929, 1942, 1947, 1986, 1992, 1996 y 2003, fueron promulgadas leyes forestales orientadas, sucesivamente, a la introducción de medidas de conservación; a la instrumentación de las grandes unidades industriales de explotación forestal; al desarrollo de empresas paraestatales; a la promoción del manejo forestal comunitario; a la desregulación y participación de la empresa privada; a restaurar un marco de producción “sustentable” con conservación y a fortalecer a la naciente Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Un proceso minucioso de revisión
No se entiende el proceso ni las coordenadas del debate actual, sin conocer los antecedentes recientes del proceso legislativo en curso. Muy pronto, la ley de 2003 fue objeto de múltiples objeciones y reformas parciales y en 2009 el Consejo Nacional Forestal, Conaf, decidió emprender a través de su Comité de Legislación una revisión integral de esa pieza jurídica. Esos trabajos se llevaron a cabo en un tiempo extendido hasta marzo de 2014, después de múltiples foros, consultas y acercamientos de concertación.
El proyecto contiene muy diversas aportaciones orientadas a aspectos como la reducción de la regulación para evitar la pesada carga burocrática, la integración local de la industria forestal, la lucha contra la tala y tráfico ilegal, la mejora sustancial de los servicios técnicos y otros aspectos. Posiblemente, la mayor aportación de estos trabajos fue el planteamiento de un esquema de descentralización y abordaje territorial, integral y concurrente con el desarrollo rural.
Piedras en el camino
El proyecto gestado tan laboriosamente cursó un camino sinuoso y accidentado: la Conafor organizó una serie de foros que, según informó dicha agencia, aportaron cerca de 3 mil ponencias, mismas que no fueron conocidas directamente en sus contenidos. En octubre, al fin, fue posible hacer que el pleno del Conaf conociera y aprobara el proyecto y tomó el acuerdo de turnarlo por medio del secretario de Medio Ambiente a la Cámara de Diputados para su procesamiento legislativo, lo que debería ser un procedimiento expedito, ya que ese órgano también participó activamente en la formulación del proyecto.
Nuevamente el proceso fue interrumpido, ahora al turnarlo a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. En resumen, solo hasta la antepenúltima sesión de la LXII Legislatura fue presentado ese proyecto como iniciativa: no hubo tiempo ni condiciones para el dictamen y la Comisión Permanente determinó cancelar la iniciativa, que quedó técnicamente precluida, es decir, no desechada, pero sin continuidad.
Comenzó el actual sexenio y la nueva legislatura y no se dieron las condiciones para que los nuevos poderes Ejecutivo y Legislativo continuaran el proceso.
Una sorpresa
El 20 de septiembre de 2016, como chubasco de primavera, la diputada Alma Arzaluz, del Partido Verde Ecologista de México, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que ahora nos ocupa. No se llevaron a cabo reuniones, foros o discusiones previas ni durante los meses siguientes en que la Comisión de Medio Ambiente de ese órgano legislativo preparaba el dictamen correspondiente. Manifestaron que tenían prisa por culminar el proceso legislativo, por lo que no incorporarían propuestas de modificación a la iniciativa.
Y otra sorpresa
Diversas organizaciones de productores, académicos y organismos de la sociedad, como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Mocaf, la Unión de Ejidos de la Sierra Norte de Puebla, la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, el Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible, Reforestamos México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y otros se movilizaron en reclamo de un proceso abierto, transparente e incluyente. Los legisladores se vieron obligados a prolongar el proceso de dictamen, así como hacer algunas modificaciones acotadas, hasta llevar al pleno un dictamen construido de manera áspera, para lograr una aprobación con más de 20 puntos de controversia y el voto en contra de 94 diputados y el pleno de las fracciones del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena.
¿Qué contiene la ley aprobada por los diputados?
Viniendo el proyecto aparentemente de la propia Conafor, la ley se aboca a concentrar para esta agencia atribuciones y márgenes de maniobra, quitando atribuciones de actos de autoridad a la Semarnat y alcance a los órganos de participación social, como el Conaf y el Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano. En el primer caso, la iniciativa lo deja prácticamente sin capacidad y en la ley eso queda matizado pasando de siete a tres las atribuciones sustraídas al Conaf; en el caso del Comité Mixto, pasa de ser el órgano de gobierno a simple asesor: manos libres para manejar unos cinco mil millones de pesos.
Por lo demás, se omitieron prácticamente todas las propuestas del proyecto generado por el Conaf. Se pierde así no solo el tiempo y esfuerzo y la confianza institucional, sino los múltiples aportes para mejora del sector.
Igualmente se pierde la actualización en materia de derechos humanos, la inclusión de género y de personas con capacidades diferentes; las medidas para mejora de la regulación y reducción de la pesada burocracia que ahoga y empuja hacia la ilegalidad; el paquete de disposiciones para la lucha contra la tala y tráfico ilegal; la mejora urgente de los servicios técnicos; un esquema de descentralización regional y de corte integral para la gestión forestal y mucha cosas más.
En conclusión
La ley que nos ocupa es inconveniente y peligrosa por la concentración y margen de maniobra discrecional que promueve, y también por lo mucho que omite y deja de lado.
Las implicaciones de los resultados de este debate no son banales: en los bosques y selvas del país vive la mitad de la población rural de México, en su mayoría en ejidos y comunidades; en estas regiones se concentra la pobreza extrema, la marginación, la expulsión de población y el reclutamiento por el crimen organizado por falta de oportunidades; en estos ecosistemas está y se reproduce la diversidad biológica silvestre terrestre, se regula el clima y el régimen hídrico en las cuencas.
Los senadores harán un buen favor a México si desechan la ley aprobada por los diputados y nos dan la oportunidad de recomenzar el proceso hacia una reforma necesaria sobre la base de lo ya trabajado.
Gonzalo Chapela
Universidad Autónoma de Chapingo
Correo-e: gchapela@gmail.com