Octubre 2014

Ceccam

Los pueblos indígenas y los campesinos cumplen un papel fundamental en la conservación de los bienes naturales que se encuentran en sus territorios, y que frente a la crisis climática del planeta adquieren cada vez mayor importancia. Las políticas de conservación y para la mitigación de la crisis climática, entre ellas el establecimiento de áreas naturales protegidas, la captura de carbono y de agua, los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+), se llevan a cabo en México, principalmente en los territorios indígenas y campesinos; sin embargo, a través de ellas, el gobierno mexicano enajena el control de esos territorios a sus legítimos dueños y poseedores.

2012

Ana de Ita y Pilar López Sierra

A lo largo del 2011, en México se presentaron al menos cuatro iniciativas estatales de ley que declaran proteger y fomentar los maíces nativos o criollos, y se proponen frenar el avance del maíz transgénico. La primera de estas propuestas -ya aprobada- es la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario, para el estado de Tlaxcala, promovida por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aprobada el 13 de enero del 2011. Una propuesta de ley similar para el estado de Michoacán, también impulsada por el PRD, fue aprobada el 1 de marzo del 20111. Para Oaxaca existen dos iniciativas de ley de fomento al maíz, una presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), igual a las de Tlaxcala y Michoacán, y otra presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que también legisla con los mismos objetivos y principios. La Red en Defensa del Maíz y varios analistas y organizaciones integrantes, cuestionamos y nos opusimos a este tipo de leyes. Lo mismo hicieron las organizaciones indígenas y campesinas oaxaqueñas.

En términos generales, sostenemos que estas legislaciones no pueden frenar el avance del cultivo de maíz transgénico, regulado a nivel federal por la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Tampoco pueden evitar la privatización y el control de las semillas de maíz nativo o criollo, por las corporaciones semilleras, sino que, por el contrario, pueden favorecerla al debilitar el control campesino sobre las semillas y promover la intervención del Estado en las actividades campesinas de selección, mejoramiento y conservación, así como al poner la diversidad de razas y variedades de maíz en manos de los gobiernos estatales, en un contexto en el que el Estado ha optado por intervenir para transferir al sector privado los bienes públicos. Para la Red en Defensa del Maíz, estas leyes son también una forma de facilitar la operación de la Ley de Semillas del 2007, la cual atenta directamente en contra de los derechos de los agricultores de intercambiar, regalar e incluso, vender sus propias semillas y busca la promoción de las semillas comerciales en lugar de las semillas campesinas. Para la Red en Defensa del Maíz la conservación de la diversidad de razas y variedades de maíz, de las que México es centro de origen y diversidad, se ha dado y podrá mantenerse sólo por el trabajo de los campesinos y de los pueblos indígenas. 

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