2015
Ceccam y Grain
El Estado mexicano, habiendo emprendido hace años las reformas estructurales que los tratados de libre comercio hicieron inamovibles y cada vez más coercitivas, ha decidido impulsar unas reformas energéticas que entregarán al capital ex tranjero riquezas naturales (gas, petróleo, elec tricidad, agua y minería), y la infraestructura correspondiente para extraerlas. Según datos del investigador Juan Danell estas riquezas representan más del 50% del producto interno bruto (PIB).1
El paquete de reformas constitucionales, leyes y reglamentaciones que abrirán el sec tor a la iniciativa privada, a la inversión ex tranjera directa, no sólo rompen la supuesta “custodia estatal” de los bienes de la Nación (aunque en varios apartados de los artículos se insista en que no es así, y que el Estado manten drá la supervisión y el cuidado central sobre los recursos naturales, que ha tenido desde 1917). De hecho estas reformas rompen con el concepto mismo de “propiedad originaria de la nación” —que fue una innovación del constitucionalismo mexicano y que aun hoy es una pieza clave en la defensa de los derechos territoriales de pueblos y comunidades”.