DECLARACIÓN
Por la defensa de la vida y el territorio
19 de octubre 2022
A los pueblos y comunidades indígenas y campesinas
A la sociedad civil
A la opinión pública
Después de más de dos años sin podernos reunir por causa de la pandemia, integrantes de los pueblos ayuuk, cora, chinanteco, chuj, ikojts, maya, mazehual, me’phaa, nahua, ñahñu, purépecha, rarámuri, tzeltal, tzotzil, yaqui, zapoteco, junto con organizaciones y colectivos de 17 estados del país, nos encontramos para poner en común lo que ocurre en nuestras comunidades.
Analizamos que nos encontramos en una situación de emergencia debido a que en todos los territorios indígenas y campesinos, ubicados en las distintas regiones del país la violencia ha continuado creciendo de manera alarmante y nos coloca todo el tiempo ante la amenaza de exterminio de nuestros pueblos y de despojo total de nuestros bienes naturales a través del control de los territorios.
La industria criminal en muchas regiones paga las campañas políticas, define quiénes serán las autoridades locales, financia obras públicas, se asocia con militares, marinos, jueces y policías. A esta industria el Estado y el capital subrogan la violencia y la contrainsurgencia hacia los pueblos indígenas y campesinos.
La violencia no es espontánea, en su generación confluyen distintos agentes que tienen sus propios intereses como el Estado, los partidos políticos, el ejército, los paramilitares, el crimen organizado, los caciques e instituciones locales y estatales, que buscan destruir los procesos de organización de nuestros pueblos para impedir que concretemos nuestra autodeterminación y para que no cambien las relaciones de poder.
La violencia se ha orientado a la destrucción del tejido social de nuestras comunidades, profundiza y promueve la división y los conflictos intercomunitarios además obstaculiza y destruye cualquier proceso de organización social. La violencia nos impide ejercer nuestros derechos y muchas veces nos fuerza a abandonar nuestros territorios con lo que los criminales logran el control total de ellos.
Lo paradójico es que el gobierno criminaliza la acción social, se persigue a defensoras y defensores, a la gente que se opone, a quienes se desaparece, se asesina o se encarcela. A los y las jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas se les controla y acalla mediante las drogas de diseño como el cristal, que derrotan su voluntad, y destruyen su cuerpo. La violencia ha crecido incluso en el interior de las familias, y los feminicidios siguen aumentado.
Este crecimiento de la violencia ocurre en paralelo con la militarización. Los militares participan cada vez en más actividades económicas y judiciales, toman incluso atribuciones de fiscales y de ministerios públicos; el gobierno ha decidido que continúen realizando las actividades de seguridad interior y que controlen a la Guardia Nacional a pesar de que la estrategia de seguridad en el país ha fracasado.
El decreto presidencial que define a los proyectos prioritarios del gobierno como de seguridad nacional (y que los exenta de cumplir las regulaciones ambientales y sociales) elimina el derecho de los pueblos indígenas a rechazarlos mediante consultas indígenas genuinas, mediante amparos y otros recursos legales y permite a sus impulsores atentar contra el ambiente, incluso contra las leyes ambientales.
La violencia también se utiliza para imponer los proyectos mineros que obtienen concesiones que invaden nuestros territorios. Es una mentira que la minería resulte en desarrollo. Por el contrario destruye las comunidades en las que se establece: contamina el aire y el agua, acaba con los cerros. La violencia que genera y la contaminación hacen imposible la vida de campesinas y campesinos.
La construcción de presas inunda pueblos y las poblaciones son desplazadas, cambia la vida de los ríos y su biodiversidad. Los parques eólicos se establecen en nuestras comunidades a partir de conflictos y divisiones.
El Mal llamado Tren Maya, ahora de gestión y resguardo militar, el Corredor Multimodal Interoceánico, El Proyecto Integral Morelos, a los que nos oponemos muchos pueblos indígenas pues amenazan nuestros territorios fueron declarados de seguridad nacional, eliminando requisitos, regulaciones, y sobre todo derechos de los pueblos, al debilitar sus posibilidades de defensa legal. Los megaproyectos que se instalan en las regiones promueven violencia, división comunitaria, y generan conflictos que impiden la organización para la defensa territorial.
La agroindustria destruye la selva y el bosque, acapara el agua, sobreexplota los acuíferos y la tierra, contamina con agrotóxicos que vulneran la calidad de los cultivos, la vida de las abejas, la salud de las personas de las comunidades. Los invernaderos de cultivos de exportación utilizan la mano de obra de los jóvenes a quienes suministran drogas como el cristal para que puedan aguantar las intensas jornadas y cuando regresan a sus comunidades son adictos.
Pero al encontrarnos también reconocimos la persistencia de nuestras distintas luchas y resistencias que se extienden en las distintas regiones del país:
La tierra es propiedad de nuestros pueblos y de los ejidatarios y comuneros, lo que nos fortalece; las comunidades y ejidos no han vendido sus tierras; las asambleas ejidales y comunales son la autoridad en nuestros territorios lo que en muchas ocasiones ha impedido que seamos despojados; hay comunidades que han logrado recuperar tierras en posesión de agroindustrias después de años de lucha; hay presas y parques eólicos que no lograron construirse debido a nuestra resistencia; hay proyectos que tuvieron que adecuarse y tomar en cuenta las exigencias de los dueños de los territorios; hay territorios protegidos por las propias policías comunitarias quienes rinden cuentas a los pueblos; los esfuerzos de organización comunitarios, indígenas y campesinos, continúan y buscan construir en los hechos procesos autonómicos; las radios comunitarias investigan e informan a la población; el sistema de cargos vigente en las comunidades indígenas protege a sus habitantes y fortalece la democracia directa en nuestros territorios. Entre todos somos más muchos.
Continúan también los procesos de información en nuestras comunidades a través de nuestros propios medios de comunicación como las radios y el voceo y en muchas comunidades buscamos lograr medios de comunicación propios. Se traduce a lenguas originarias algo de la información generada en medios y en la academia. En algunos núcleos agrarios, y en comunidades que se hermanan en identidades de pueblos originarios o afromexicanas se van elaborando estatutos comunales y reglamentos ejidales como herramientas de defensa del territorio. En otras regiones la gente impulsa procesos de reconocimiento de sus autoridades tradicionales y la elección en asambleas comunitarias, por usos y costumbres, y no en el sistema electoral de voto secreto, impulsando su independencia comunitaria o municipal y eso fortalece autonomías comunitarias o regionales. Nos hemos opuesto a que nuestros movimientos de lucha, resistencia y organización sean absorbidos por los partidos políticos.
Así, nos comprometemos a mantener y fortalecer nuestras resistencias, nuestros procesos de organización autónomos, a defender nuestros territorios y a ejercer nuestra autodeterminación, a buscar la unidad con otras procesos organizativos que caminan el mismo horizonte, a ser solidarios con las comunidades y pueblos que defienden sus territorios y bienes naturales.
Exigimos al Estado mexicano que cumpla con sus responsabilidades de garantizar la vida y la paz a todos los ciudadanos:
Rechazamos categóricamente la militarización que vive el país y que los militares tengan a su cargo la seguridad pública, labor que es responsabilidad de las policías. Rechazamos que los militares dediquen sus esfuerzos y recursos al espionaje de las organizaciones y luchadores sociales, mientras los criminales están libres y en total impunidad. Demandamos detener de inmediato el espionaje militar en una abierta lógica de contrainsurgencia, en contra de las organizaciones y luchadores sociales, como el que han sufrido Tlachinollan, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, las comunidades zapatistas, los Pueblos Unidos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire.
Nos oponemos al decreto que califica los proyectos presidenciales como de seguridad nacional, lo que nos impide defendernos legalmente de ellos como pueblos indígenas dueños de los territorios y que además les permite destruir impunemente nuestros bienes naturales.
Rechazamos el acuerdo para intentar controlar la inflación dando facilidades a las grandes empresas importadoras de maíz en su mayoría transgénico y otros alimentos, aumentando la dependencia de alimentos y en abierta contradicción con la soberanía alimentaria.
Alto total al asesinato de los defensores del territorio. En sólo esta administración han asesinado a 135 dirigentes indígenas, campesinos y ambientales enfrente de la Guardia Nacional y sus muertes se mantienen en total impunidad: empezando por Samir Flores Soberanes quien se oponía al Proyecto Integral Morelos, hasta Filogonio Martínez Merino, defensor del Río Verde en contra de la construcción de la presa Paso de la Reyna en Oaxaca.
Cese inmediato al hostigamiento, persecución, amenaza y desaparición de los defensores del territorio y de los derechos humanos.
Alto a la guerra contra los pueblos, a la violencia en contra de las comunidades indígenas y campesinas, al desplazamiento forzado de las familias.
Los pueblos indígenas somos los defensores de los bosques, los manglares, las semillas, el maíz, el agua, la tierra, el mar, el aire, la biodiversidad, los territorios. Los pueblos indígenas cuidamos la vida y el planeta para todos y todas.
Defenderemos la vida desde los anhelos fundamentales de los pueblos
Por la reconstitución integral de nuestras comunidades.
Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal
Comité para la Promoción y defensa de la Vida Samuel Ruíz García
Servicios del Pueblo Mixe
Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca (CEDIAO)
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO)
Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Sección XXII CNTE-SNTE
Guardianes del Mar, San Mateo del Mar
Guardianes del Mar, San Dionisio del Mar
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Colectivo Xa'aybej
Colectivo Much Kanan I'ínaj
Casa Tecmilco
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
Tropa Yoemia del Heróico Pueblo de Loma de Bácum, de la Nación Yaqui
Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y la Vida Acolhua
Ejido San Isidro, Municipio de San Gabriel, Jalisco
Colectivo por la Autonomía
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI)
Cooperativa Lagos de Colores
Nueva Constituyente Ciudadana Popular Mexicali
La Vía Campesina México
Unión de Organizaciones Regionales Campesinas (UNORCA)
Mujeres de Lachatao en defensa de nuestro territorio
Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX)
Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz A.C.
SINE-COMUNARR
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Comunidad Repechique
Comunidad de Santiago Taltepusco
Comunidad Tewerichi, Chihuahua
Comuneros de San Pedro Atlapulco, Estado de México
Grupo ETC
Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari, A. C.
Monteok (señor del rayo)
CECOP
ZODEVITE
Jorge Santiago
Juan Carlos Ruíz Guadalajara
Víctor Quintana
Ramón Vera Herrera (GRAIN)
Yadira Inés Martínez Delgado
Diego Armando Megía Picón
Álvaro Salgado