Ya son varias décadas de lucha incansable del pueblo nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, por la recuperación de las tierras que les han despojado entre otros, pequeños propietarios del ejido La Placita. Han utilizado la muy desgastante vía jurídica y mostrado una y otra vez que mantienen su cosmovisión y su identidad como pueblo. Así lo han expresado:
Está en curso una muy amplia cadena de movilizaciones en México y algunas ciudades de Europa en defensa del poblado 6 de Octubre, de bases de apoyo zapatista, integrante del caracol de Jerusalén, asentado en las tierras ocupadas a raíz del alzamiento zapatista de 1994. Durante 30 años la ocupación se ha desarrollado de manera pacífica y continua.
La reciente aprobación de una nueva reforma constitucional relativa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido motivo de la reiteración, casi lugar común de que se cubre una deuda histórica. Ojalá fuera así, pero su letra no avala tal aseveración. Por lo pronto, quiero recordar que a las reformas hay que evaluarlas no sólo por lo que dicen, sino también por lo que callan. A esos claroscuros me referiré sin abordar el contexto político de sus promotores y el silencio de actores indígenas claves y representativos.
A dos días del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sólo se mantiene la ausencia de certeza sobre su destino entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Este caso, bien sabemos y no olvidamos, no es el único cubierto bajo el manto de la impunidad.
Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila, en el estado de Michoacán, ubicada en una región con recursos naturales codiciados por todo tipo de intereses, desde el ámbito minero, los consorcios inmobiliarios y, entretejido con ellos, el crimen organizado con sus y sucesivas variantes.
Hablo del Estado para anotar, de entrada, la dimensión que guarda en amplias regiones del país la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas. ¿Quién se encarga de cumplir con la obligación de garantizar la paz y el respeto al más fundamental de los derechos como lo es el derecho a la vida?, para colocar de entrada que la dimensión del derecho colectivo de los pueblos resulta inexistente por lo que en los hechos resulta fielmente practicado el paradigma salinista de ni los veo ni los oigo. Es otra la agenda prioritaria.
Mañana se realizará un encuentro más de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa con el Presidente de la República. Está por cumplirse una década de la desaparición de sus hijos y aún desconocen cuál fue su destino tras aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.
Entre los días 4 y 9 de este mes , se suscitaron graves enfrentamientos en el ejido de Tila constituido en territorio del pueblo ch’ol, en Chiapas. Situación que motivó el desplazamiento de alrededor de 4 mil de sus habitantes, auxiliados para su traslado por la Guardia Nacional y ubicados en albergues temporales en Yajalón. En tanto, un juez vinculó a proceso a seis pobladores de Tila detenidos por presunto homicidio calificado, cometido en agravio de dos personas, informó la Fiscalía General del Estado.
Ya está perfilado el triunfo electoral irreversible del partido Morena a todos los niveles. Con ello se abre la disputa por los cambios indispensables a la línea de continuidad que se perfiló desde la campaña del partido que mantendrá el poder los próximos seis años.
Existe en el país un patrón de criminalización a los diversos movimientos sociales que se organizan para exigir justicia y reclamar derechos. Dicho patrón viene de lejos, ciertamente no inició en 2018; sin embargo, lamentablemente no encontramos un parteaguas en tiempos de la llamada Cuarta Transformación. Los movimientos no han declarado una tregua en sus luchas históricas, menos aún un sometimiento a la veda electoral que no les aplica jurídicamente, pero políticamente viven en la línea de ese fuego.