Magdalena Gómez

A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ofreceré un recuento somero desde la óptica de su incumplimiento por parte del Estado y la de su significado para los pueblos. Ciertamente no genera confianza cuando procesos históricos se encubren como efemérides y año con año se impulsan, en especial desde el Congreso de la Unión, eventos de “celebración”, pese a la traición a dichos Acuerdos que desde el encabezado del documento se perfiló, pues se dijo que eran “propuestas que se llevarán a las instancias de debate y deliberación nacional”.

El encuentro se ubica en el marco del 32 aniversario del alzamiento zapatista en 1994 y se está realizando en el Cideci-Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a partir del 26 de diciembre para concluir el día 30. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que están presentes más de mil asistentes de 40 geografías, además de 500 indígenas zapatistas de distintas raíces tzeltales, tzotziles, ch’oles, tojolabales, zoques, mames, calchikeles y mestizos.

La violación de derechos humanos individuales y colectivos encuentra en los pueblos indígenas un memorial histórico de agravios cuyo telón de fondo es la impunidad. Uno de los escenarios ha sido el de la lucha por el territorio y la tierra, siempre acompañado de la resistencia de sus propietarios originales, que cuentan con títulos virreinales.

El pasado fin de semana se realizó en Loma de Bácum, del pueblo yaqui en Sonora, una asamblea emblemática por el tema abordado, porque es parte de un proceso organizativo con cinco reuniones previas que han sido convocadas conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena (CNI). También lo es porque simbólicamente dio inicio al año de actividades anunciado hace días para llegar al 30 aniversario del CNI en octubre de 2026.

Dicen que a las leyes, y agrego a los informes oficiales, hay que analizarlos no sólo por lo que dicen, sino por lo que callan. El apartado relativo al tema que enuncio es exhaustivo en datos sobre acciones realizadas desde y por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Retomo seis elementos.

El cambio de gobierno en Chiapas no ha dado garantía de paz para la ciudadanía y en especial para los pueblos y las comunidades indígenas en un marco de respeto a sus derechos. Sólo coloquemos la mirada en los acontecimientos que se presentaron el 8 de junio pasado. Ese día se efectuó la incursión a territorio guatemalteco por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en persecución a unos presuntos delincuentes y cuatro de ellos fueron abatidos.

El pasado 17 de mayo en Baborigame, Guadalupe y Calvo,Chihuahua, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó dos decretos de restitución y reconocimiento de tierras como Propiedad Comunal Tradicional: 502 hectáreas a la comunidad ódami, de Mesa Colorada, y 317 hectáreas a la comunidad ralámuli, de Mogótavo. Los cuales se sumaron a la reunión anterior en Mogótavo en la que firmó dos decretos similares a favor de las comunidades de Guasachique y Bosques, de San Elías Repechique: mil 485 hectáreas y 693 hectáreas.

El Centro Frayba presentó en días pasados en San Cristóbal de las Casas ,el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal; entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de lucha y resistencia. Su título encuentra sentido en la dedicatoria que habrá que tomar muy en cuenta:

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA); el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocaron a los firmantes de la declaración por la vida, a la Jornada Global ¡Justicia para Samir Flores Soberanes; 6 años de impunidad, a realizarse del 20 al 23 de febrero o cuando sus realidades se los permitan. En su llamado anticiparon que la impunidad se mantiene porque la autoría del crimen está ligada a quienes siguen libres y ¬gobernando.

Consulta indígena y afromexicana
Magdalena Gómez
La Jornada
14 de enero de 2025