Magdalena Gómez

La impugnación al acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021, avanza más lentamente de lo que se requiere; sin embargo, hay que valorar la decisión de pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX participantes en el Congreso Nacional Indígena al tramitar 17 amparos con el fin de detener el objetivo oficial de acelerar los megaproyectos en curso que resultan favorecidos al declararse de interés público y seguridad nacional y con ello prácticamente eliminar o suspender salvaguardas de sus derechos con ra

Muy preocupante el acuerdo presidencial que hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Para fines prácticos establece que a cinco días de presentada la solicitud en torno a un proyecto, si no se ha otorgado autorización provisional expresa se entenderá resuelta en sentido positivo. Dicha autorización dura un año para obtener la definitiva.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reuniones del pleno los días 8, 11 y 16 de este mes, sobre el conflicto de límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca amerita un análisis más allá de sus efectos formales. Primero habría que reconocer que esta controversia constitucional permite observar que el ministro José Fernando Franco asumió un trabajo y postura encomiables al elaborar un proyecto con una visión de tomar los derechos en serio y do¬cumentar un respaldo pericial en diversas ramas que dieron sustento al mismo.

La mención de agravio requiere explicación, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en sesión privada el pasado 8 de septiembre, no ejercer la atracción solicitada por la comunidad de Ostula para que ese máximo órgano del Poder Judicial analizara y resolviera un caso de despojo de sus tierras ancestrales y de criminalización que permanece impune: 35 comuneros ultimados y cinco desaparecidos por causa de su lucha.

El Congreso Nacional Indígena cumple hoy 25 años de un caminar activo en defensa de las tierras y territorios de los pueblos indígenas que lo integran. Como sabemos, inició hermanado con el horizonte que abrió el zapatismo y bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas y de sus movimientos. Las luchas actuales contra el despojo dan suficiente evidencia de lo que han declarado las comunidades zapatistas: No nos conquistaron. Hoy, en el día del descubrimiento, tampoco hay resonancia ni centralidad de la figura de Cristóbal Colón.

¿Puede alguien dudar del poder que concentra hoy el Presidente de la República, emanado de una histórica suma de 30 millones de votos en su favor en 2018? El asunto es que la traducción en el ejercicio del gobierno crecientemente asume un factor de prioridad y personalismo por encima de los otros poderes del Estado facultados para poner límites. Esta tendencia se observa hoy.