Magdalena Gómez

El pasado 17 de mayo en Baborigame, Guadalupe y Calvo,Chihuahua, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó dos decretos de restitución y reconocimiento de tierras como Propiedad Comunal Tradicional: 502 hectáreas a la comunidad ódami, de Mesa Colorada, y 317 hectáreas a la comunidad ralámuli, de Mogótavo. Los cuales se sumaron a la reunión anterior en Mogótavo en la que firmó dos decretos similares a favor de las comunidades de Guasachique y Bosques, de San Elías Repechique: mil 485 hectáreas y 693 hectáreas.

El Centro Frayba presentó en días pasados en San Cristóbal de las Casas ,el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal; entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de lucha y resistencia. Su título encuentra sentido en la dedicatoria que habrá que tomar muy en cuenta:

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA); el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocaron a los firmantes de la declaración por la vida, a la Jornada Global ¡Justicia para Samir Flores Soberanes; 6 años de impunidad, a realizarse del 20 al 23 de febrero o cuando sus realidades se los permitan. En su llamado anticiparon que la impunidad se mantiene porque la autoría del crimen está ligada a quienes siguen libres y ¬gobernando.

Consulta indígena y afromexicana
Magdalena Gómez
La Jornada
14 de enero de 2025

Ya son varias décadas de lucha incansable del pueblo nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, por la recuperación de las tierras que les han despojado entre otros, pequeños propietarios del ejido La Placita. Han utilizado la muy desgastante vía jurídica y mostrado una y otra vez que mantienen su cosmovisión y su identidad como pueblo. Así lo han expresado:

Está en curso una muy amplia cadena de movilizaciones en México y algunas ciudades de Europa en defensa del poblado 6 de Octubre, de bases de apoyo zapatista, integrante del caracol de Jerusalén, asentado en las tierras ocupadas a raíz del alzamiento zapatista de 1994. Durante 30 años la ocupación se ha desarrollado de manera pacífica y continua.

La reciente aprobación de una nueva reforma constitucional relativa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido motivo de la reiteración, casi lugar común de que se cubre una deuda histórica. Ojalá fuera así, pero su letra no avala tal aseveración. Por lo pronto, quiero recordar que a las reformas hay que evaluarlas no sólo por lo que dicen, sino también por lo que callan. A esos claroscuros me referiré sin abordar el contexto político de sus promotores y el silencio de actores indígenas claves y representativos.

A dos días del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sólo se mantiene la ausencia de certeza sobre su destino entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Este caso, bien sabemos y no olvidamos, no es el único cubierto bajo el manto de la impunidad.

Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila, en el estado de Michoacán, ubicada en una región con recursos naturales codiciados por todo tipo de intereses, desde el ámbito minero, los consorcios inmobiliarios y, entretejido con ellos, el crimen organizado con sus y sucesivas variantes.

Hablo del Estado para anotar, de entrada, la dimensión que guarda en amplias regiones del país la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas. ¿Quién se encarga de cumplir con la obligación de garantizar la paz y el respeto al más fundamental de los derechos como lo es el derecho a la vida?, para colocar de entrada que la dimensión del derecho colectivo de los pueblos resulta inexistente por lo que en los hechos resulta fielmente practicado el paradigma salinista de ni los veo ni los oigo. Es otra la agenda prioritaria.