Crisis agrícola

El gobierno actual decretó el fin del neoliberalismo pero Sembrando Vida, su principal programa contra la pobreza, mantiene los subsidios focalizados y condicionados que caracterizaron a los gobiernos anteriores.

Pronasol durante el sexenio salinista, eliminó los subsidios generalizados al ingreso o al consumo y los asignó sólo a los individuos más necesitados de acuerdo con sus mediciones.

El anuncio de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el establecimiento de precios de garantía fue recibido con mucho entusiasmo por los agricultores. La experiencia de buenos precios antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, organización entre ejidatarios, constitución de empresas campesinas, existencia de mercados para sus cosechas no inundados por importaciones, era alentadora.

A un mes de la trilla del maíz y como parte de los programas de reactivación económica que impulsa el gobierno para paliar la crisis que se agudizará por la pandemia del coronavirus, el pasado 25 de marzo se anunció un nuevo precio de garantía para los medianos productores del grano en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

El gobierno del presidente López Obrador decidió cambiar el eje de las políticas agrícolas hacia la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, en lugar de plegarse hacia el libre mercado. La idea de comprar en el mercado internacional los alimentos –incluso básicos– en los que no tenemos ventajas comparativas fue construyendo una fuerte dependencia alimentaria. El año pasado México ocupó el primer lugar en el mundo en la importación de maíz, con 17 millones de toneladas, mientras se produjeron 27.2 millones.

El uso masivo de agrotóxicos o plaguicidas de síntesis química para el control de plagas y enfermedades en el campo y la ciudad no fue incluido con acciones explícitas en la agenda ambiental, la relacionada con el campo o la salud pública, de la mayoría de los candidatos presidenciales y tiene una mención marginal en la plataforma de Morena, en la que sí se incluye la agroecología, lo que abre un camino para tomar medidas más profundas. 

Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes.