Derechos indígenas

A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ofreceré un recuento somero desde la óptica de su incumplimiento por parte del Estado y la de su significado para los pueblos. Ciertamente no genera confianza cuando procesos históricos se encubren como efemérides y año con año se impulsan, en especial desde el Congreso de la Unión, eventos de “celebración”, pese a la traición a dichos Acuerdos que desde el encabezado del documento se perfiló, pues se dijo que eran “propuestas que se llevarán a las instancias de debate y deliberación nacional”.

Hace tres décadas, el 16 de febrero de 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. En ellos, el gobierno federal se comprometió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a impulsar una reforma constitucional que refundara México como un Estado pluriétnico, reconociendo el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y a la autonomía como expresión interna de ésta.

La violación de derechos humanos individuales y colectivos encuentra en los pueblos indígenas un memorial histórico de agravios cuyo telón de fondo es la impunidad. Uno de los escenarios ha sido el de la lucha por el territorio y la tierra, siempre acompañado de la resistencia de sus propietarios originales, que cuentan con títulos virreinales.

El próximo año se cumplen tres décadas de la firma de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena. También de la formación del Congreso Nacional Indígena (CNI), la organización más amplia y representativa de los pueblos originarios en nuestro país.

Dicen que a las leyes, y agrego a los informes oficiales, hay que analizarlos no sólo por lo que dicen, sino por lo que callan. El apartado relativo al tema que enuncio es exhaustivo en datos sobre acciones realizadas desde y por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Retomo seis elementos.