Megaproyectos

La impugnación al acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021, avanza más lentamente de lo que se requiere; sin embargo, hay que valorar la decisión de pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX participantes en el Congreso Nacional Indígena al tramitar 17 amparos con el fin de detener el objetivo oficial de acelerar los megaproyectos en curso que resultan favorecidos al declararse de interés público y seguridad nacional y con ello prácticamente eliminar o suspender salvaguardas de sus derechos con ra

El pasado 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) dieron a conocer que un juez federal del estado de Puebla otorgó una suspensión provisional al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre 2021, que declara los proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.

El sol todavía no asomaba en el horizonte cuando comenzaron a aparecer los primeros contingentes. Unos tras otros se fueron concentrando y como a las 10 de la mañana eran más de los esperados. Llegaron de todas partes de la República: de la península hasta el norte del país, pasando por el centro y sus regiones.

Muy preocupante el acuerdo presidencial que hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Para fines prácticos establece que a cinco días de presentada la solicitud en torno a un proyecto, si no se ha otorgado autorización provisional expresa se entenderá resuelta en sentido positivo. Dicha autorización dura un año para obtener la definitiva.