Aunque los partidarios de los alimentos genéticamente modificados (GM) afirman que no hay evidencia de que éstos hayan causado efectos dañinos, varios estudios que lo prueban han sido publicados en revistas científicas (como explico en mi artículo de La Jornada del 7 de junio anterior).

Una de las principales consideraciones de los pueblos indígenas y campesinos al emitir su voto el pasado primero de julio fue garantizar su derecho a la tierra y al territorio. Era necesario detener el despojo de sus tierras y bienes naturales por las industrias extractivas, energéticas o de desarrollo de megaproyectos. El triunfo del candidato de Morena a la Presidencia del país, con más de 8.7 millones de votos por parte de la sociedad rural fue la muestra de su decisión.

Más de 200 líderes, movimientos y organizaciones globales de agricultura y alimentación, lanzaron un llamado a Naciones Unidas demandando una moratoria a la liberación de organismos con impulsores genéticos, especialmente en agricultura.

Con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, el Estado mexicano camina para atrás: primero lo promovió y ahora lo trivializa para evitar sus efectos.

Ojarasca 258/octubre 2018

El 22 de agosto pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo público su resolutivo de negar a la empresa Generación ENERSI la autorización para instalar una hidroeléctrica en los cauces de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande, afluentes del río Usila y éste a su vez tributario del Papaloapan, en territorio del pueblo chinanteco en Oaxaca.