Abel Barrera era seminarista cuando,  en su natal Tlapa, Guerrero, vio cómo la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.

Los policías, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno Zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público.

El uso del herbicida glifosato ha aumentado exponencialmente a partir de la liberación comercial de los cultivos genéticamente modificados en 1996. En 2016 se contabilizaban 86.5 millones de hectáreas sembradas con transgénicos tolerantes a herbicidas. La liberación y proliferación mundial de los cultivos transgénicos se deben al poder económico y a las fuertes y tramposas campañas mediáticas de las corporaciones productoras y comercializadoras de estos cultivos: prometieron aumentar rendimientos, abatir el hambre en el mundo y disminuir el uso de tóxicos.

A mediados de marzo, integrantes de más de 20 pueblos indígenas, junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país se encontraron en la Ciudad de México, y a partir de sus propios testimonios construyeron un mapa de las amenazas que enfrentan sus territorios.

Una ciudadanía informada y alerta sobre los problemas que aquejan al medio ambiente es la mejor manera de evitar daños a la salud pública y a la naturaleza. Así sucede, por ejemplo, con la campaña internacional para advertir sobre los efectos nocivos que ocasiona un herbicida elaborado por Monsanto, la trasnacional más poderosa de transgénicos, semillas y agroquímicos. El herbicida se llama Dicamba y, según organizaciones ecologistas, su toxicidad, asociada a su volatilidad originará este año la muerte de 60 millones de mariposas en Estados Unidos. ¿Cuántas de ellas son Monarca?

Además del deterioro por las condiciones de explotación extrema que ya de por sí sufre la diversidad de seres vivos que habitan sobre la tierra, la clase política pretende poner a la venta esta inconmensurable riqueza de la que nuestro país es privilegiado.

En octubre de 2016 la senadora Ninfa Salinas presentó una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), elaborada de prisa y con graves fallas, incluso a nivel de su constitucionalidad, que refleja los intereses del grupo empresarial al que pertenece.

El gobierno mexicano, en los casi cuarenta años de existencia de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ha sido incapaz de proponer alternativas para los pueblos indígenas (dueños del territorio de la reserva) que les permitan conservar sus bienes naturales y tener una vida digna. Tampoco ha construido alternativas para otros pueblos indígenas que ven en la Selva Lacandona un sitio de refugio. La política ambiental se ha reducido a la prohibición, el desalojo, el autoritarismo y la represión.

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