El 10 de agosto de 2018 Monsanto perdió un juicio histórico en el que fue sentenciada a pagar 289 millones de dólares por haber causado cáncer con glifosato a Dewayne Johnson, un jardinero de 46 años que vive en San Francisco. Cinco días después, la Suprema Corte de California negó una apelación de Monsanto que pretendía evitar que el glifosato integre la lista de sustancias cancerígenas del Estado. Monsanto, ahora propiedad de Bayer, anunció que apelará la sentencia en favor de Johnson, pero las acciones de Bayer se han desplomado, perdiendo más de 10 por ciento de su valor.

El gobierno mexicano, en los casi cuarenta años de existencia de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ha sido incapaz de proponer alternativas para los pueblos indígenas (dueños del territorio de la reserva) que les permitan conservar sus bienes naturales y tener una vida digna. Tampoco ha construido alternativas para otros pueblos indígenas que ven en la Selva Lacandona un sitio de refugio. La política ambiental se ha reducido a la prohibición, el desalojo, el autoritarismo y la represión.

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Muchos nombres, un mismo proyecto. La propuesta de promover el desarrollo regional, mediante la construcción de un canal seco que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico, enlazando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, ha sido bautizada de muchas maneras en los recientes 51 años. Pero, más allá de como se le llame, la propuesta es, en esencia, la misma.

El uso masivo de agrotóxicos o plaguicidas de síntesis química para el control de plagas y enfermedades en el campo y la ciudad no fue incluido con acciones explícitas en la agenda ambiental, la relacionada con el campo o la salud pública, de la mayoría de los candidatos presidenciales y tiene una mención marginal en la plataforma de Morena, en la que sí se incluye la agroecología, lo que abre un camino para tomar medidas más profundas. 

Sí, Andrés Manuel  López Obrador (AMLO) también arrasó en el campo. De los casi 17.7 millones de votos que aporta la sociedad rural a la elección presidencial, más de 8.7 millones fueron para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. No es poca cosa que casi la mitad del electorado rural, 49.4 por ciento, haya decidido votar por transformar sus condiciones de vida y al país.

Durante las últimas tres décadas el campo mexicano ha venido sufriendo una serie de transformaciones como producto del avance de políticas de corte neoliberal en el país. Partiendo de un diagnóstico donde la producción campesina —particularmente la maicera— resulta por demás ineficiente por ocupar gran superficie para generar poco valor y ocupar un número considerable de fuerza de trabajo, la propuesta del gobierno mexicano frente al TLCAN fue aprovechar las ventajas comparativas del país, comprando en el exterior maíz barato y vendiendo frutas y hortalizas. 

Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes.

Al contrario de lo que se difunde, la aventura de alterar el ADN de nuestros cultivos alimenticios mediante las técnicas de la llamada ingeniería genética (IG), no ha estado sustantada en ciencia, más bien, la ha deshonrado. Sus ingenieros y quienes los apoyan, con frecuencia han ignorado, y hasta ocultado o destruido, evidencias científicas. También han violado los estándares de la ciencia. Inclusive han ocultado esas infracciones mediante el engaño.