La jornada
Más de 30 padres de familia han forjado su vida sembrando maíz, frijol y calabaza en las faldas de los cerros. Sus parcelas no rebasan las dos hectáreas y pocos siembran en tierras de riego. Varios de ellos utilizan el espeque por lo agreste del terreno. En los pasados cinco años han tenido que sortear su vida trabajando medio tiempo en su labor, para concentrarse en la búsqueda de sus 43 hijos.
Desde lo más recóndito del estado de Guerrero, donde campea la violencia y el poder caciquil mantiene sus reales controlando varias regiones del estado comandadas por los jefes del narcotráfico, las 43 familias que sobreviven del campo han tenido que salir de la Costa Chica, la Montaña y la Zona Centro para emprender una lucha heroica en busca de sus hijos desaparecidos.
Desde el estado de Zacatecas Hermelinda recibió una llamada de su sobrina. Entre sollozos, le compartía que Luciana y tres de sus hijos estaban desaparecidos. Con mucha dificultad, pudo explicarle que el lunes 26 llegaron varias camionetas con personas armadas a una colonia de Villa Unión, municipio de Mazatlán. Entraron a sus domicilios preguntando por Gustavo. Varios jóvenes fueron golpeados y los amenazaron con matarlos. En una de las camionetas se llevaron a mujeres y niños. La información llegó a cuentagotas; hablan de personas asesinadas y heridas.
En plena Semana Santa, cuando Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), se retiraba de la playa Icacos, donde rentaba sombrillas y motos acuáticas, fue balaceado por una persona que vigilaba sus movimientos. A pesar de que el gobierno del estado había desplegado un operativo con más de 4 mil elementos de la Guardia Nacional, aproximadamente a las 6:45 pm del Viernes Santo, ningún elemento de seguridad pública se encontraba en el lugar y mucho menos se percataron de la fuga del agresor.
El día en que la presidenta Claudia Sheibaum convocaba en su conferencia mañanera a una asamblea nacional en el Zócalo, en Chilpancingo más de 7 mil indígenas y campesinos de nueve municipios de la zona centro, Montaña Baja y Alta de Guerrero, marchaban al palacio de gobierno para sentar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con todo su gabinete.
En el nuevo año los sitios de taxis de Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Tixtla pararon sus unidades por los asesinatos de varios compañeros del volante y por las amenazas del crimen organizado. La capital guerrerense se paralizó. La gobernadora hizo mutis y la población quedó como rehén de la delincuencia. La amenaza se multiplicaba en redes sociales: atacarían a los coches y camionetas que circularan con pasaje. Los asesinatos de cuatro choferes y la quema de vehículos marcaron el inicio de las hostilidades. El choque entre Los Tlacos y Los Ardillos era inminente.
El 4 de julio de 2022 ingresamos por primera vez a la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cargábamos con una gran responsabilidad. El desafío no era menor. Comprendimos que era una oportunidad histórica escudriñar los expedientes elaborados por el Ejército y conocer su versión de los hechos trágicos ocurridos entre 1965 a 1990.
Como madres, nunca habíamos cargado una pena tan pesada y tan larga en nuestra vida. Tampoco nos habíamos metido en problemas con la gente del gobierno. Qué íbamos a imaginar que dejaríamos nuestras casas y nuestros animalitos, para salir en busca de nuestros hijos. Teníamos una gran ilusión de que estudiaran para ser maestros. Por eso cuando nos dijeron que los habían admitido, juntamos algo de dinero para comprar su ropa y pagar los gastos de su viaje. A pesar de la pobreza, vivíamos tranquilas en nuestras comunidades, íbamos al campo a sembrar y a cortar quelites para comer.
Las balas calibre .50 y las de los fusiles G3 incrustadas en las paredes de la escuela Caritino Maldonado horadaron el corazón de las familias indígenas de El Charco. En menos de cuatro horas más de 300 militares se concentraron en Ayutla de los Libres y en camiones artillados subieron los caminos pedregosos de la Montaña. El gobierno de Ernesto Zedillo dilapidó presupuesto para mandar comandos especiales del Ejército, armamento sofisticado, camiones Hummer, Torton y helicópteros. Cumplió su amenaza de usar toda la fuerza del Estado para acabar con cualquier brote de insurgencia armada.
Para el Ejército, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, es miembro de una organización criminal que se dedica al cobro de cuota, extorsión, abigeato y privación de la libertad, en el municipio de Acapulco. Lidera junto con Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente (desaparecido en agosto de 2021) el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, organización creada para delinquir en Guerrero.