Abel Barrera

En el nuevo año los sitios de taxis de Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Tixtla pararon sus unidades por los asesinatos de varios compañeros del volante y por las amenazas del crimen organizado. La capital guerrerense se paralizó. La gobernadora hizo mutis y la población quedó como rehén de la delincuencia. La amenaza se multiplicaba en redes sociales: atacarían a los coches y camionetas que circularan con pasaje. Los asesinatos de cuatro choferes y la quema de vehículos marcaron el inicio de las hostilidades. El choque entre Los Tlacos y Los Ardillos era inminente.

El 4 de julio de 2022 ingresamos por primera vez a la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cargábamos con una gran responsabilidad. El desafío no era menor. Comprendimos que era una oportunidad histórica escudriñar los expedientes elaborados por el Ejército y conocer su versión de los hechos trágicos ocurridos entre 1965 a 1990.

Como madres, nunca habíamos cargado una pena tan pesada y tan larga en nuestra vida. Tampoco nos habíamos metido en problemas con la gente del gobierno. Qué íbamos a imaginar que dejaríamos nuestras casas y nuestros animalitos, para salir en busca de nuestros hijos. Teníamos una gran ilusión de que estudiaran para ser maestros. Por eso cuando nos dijeron que los habían admitido, juntamos algo de dinero para comprar su ropa y pagar los gastos de su viaje. A pesar de la pobreza, vivíamos tranquilas en nuestras comunidades, íbamos al campo a sembrar y a cortar quelites para comer.

Las balas calibre .50 y las de los fusiles G3 incrustadas en las paredes de la escuela Caritino Maldonado horadaron el corazón de las familias indígenas de El Charco. En menos de cuatro horas más de 300 militares se concentraron en Ayutla de los Libres y en camiones artillados subieron los caminos pedregosos de la Montaña. El gobierno de Ernesto Zedillo dilapidó presupuesto para mandar comandos especiales del Ejército, armamento sofisticado, camiones Hummer, Torton y helicópteros. Cumplió su amenaza de usar toda la fuerza del Estado para acabar con cualquier brote de insurgencia armada.

Para el Ejército, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, es miembro de una organización criminal que se dedica al cobro de cuota, extorsión, abigeato y privación de la libertad, en el municipio de Acapulco. Lidera junto con Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente (desaparecido en agosto de 2021) el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, organización creada para delinquir en Guerrero.

El análisis de la Ley Minera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede postergarse. Es una exigencia de los pueblos indígenas para que ese tribunal fije su postura en la defensa de sus derechos colectivos. Así lo planteó en 2014, la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso (Juba Wajiín) en la Montaña de Guerrero, que solicitó a la SCJN que reasumiera su competencia originaria y analizara la constitucionalidad de la Ley Minera.

Esta composición musical de los maestros Raúl Isidro Burgos y Antonio I. Delgado, forma parte del legado artístico que dejaron en la Normal Rural de Ayotzinapa. Su espíritu creativo marcó una gran época, por los grandes festivales que realizaban las normales rurales de México. La interpretación magistral de Óscar Chávez nos lleva de la mano por los bellos lugares de nuestra entidad. Con palomas y cenzontles recrean el paisaje y el lado amigable de los guerrerenses.

El uso masivo de agrotóxicos o plaguicidas de síntesis química para el control de plagas y enfermedades en el campo y la ciudad no fue incluido con acciones explícitas en la agenda ambiental, la relacionada con el campo o la salud pública, de la mayoría de los candidatos presidenciales y tiene una mención marginal en la plataforma de Morena, en la que sí se incluye la agroecología, lo que abre un camino para tomar medidas más profundas. 

Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes.