Magdalena Gómez

Existe en el país un patrón de criminalización a los diversos movimientos sociales que se organizan para exigir justicia y reclamar derechos. Dicho patrón viene de lejos, ciertamente no inició en 2018; sin embargo, lamentablemente no encontramos un parteaguas en tiempos de la llamada Cuarta Transformación. Los movimientos no han declarado una tregua en sus luchas históricas, menos aún un sometimiento a la veda electoral que no les aplica jurídicamente, pero políticamente viven en la línea de ese fuego.

Es urgente colocar la mirada crítica en el uso político del concepto de diálogo y, ciertamente contrario a derecho, en especial cuando desde el Estado se recurre a él en abierta sustitución a los órganos e instancias obligados a realizar investigación sobre los crímenes para llevar a las instituciones de impartición de justicia los resultados de la misma, colocando la presunción de culpabilidad y los elementos que la sustentan, sin excepción alguna.

Hay una crisis inocultable entre el Presidente de la República y las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi una década. Ello es resultado del virtual estancamiento de la investigación relativa al caso Ayotzinapa provocado, en su etapa reciente, por la negativa del Ejército a entregar 800 folios que son claves para el esclarecimiento sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y el castigo a los responsables.

En 2001, con ocasión del dictamen del Senado que condujo a la contrarreforma indígena violatoria de los acuerdos de San Andrés, publiqué un texto denominado La reforma mutilada ( La Jornada, 26/4/2001), en el que di cuenta de las distorsiones que se introdujeron a lo que fue la iniciativa que presentó el entonces presidente Vicente Fox, conocida como Cocopa, por emanar del proceso de negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal.

El Informe anual 29 del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan muestra en portada una imagen que lo dice casi todo y para mayor certeza lo titula: la verdad vestida de verde olivo.

La desviación de poder tiene en este país una historia, que se inserta en la vida jurídica a partir de una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vale señalar que ni la corte ni la comisión tienen la misma naturaleza que la Organización de Estados Americanos (OEA), no obstante ser instancias que pertenecen a la misma. Ambas han realizado de manera autónoma contribuciones esenciales a los derechos de los pueblos en la región.

En torno al aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la semana reciente se publicaron en algunos medios, no es el caso del diario La Jornada, diversas entrevistas y versiones un tanto apocalípticas sobre la trayectoria y el estado actual de este movimiento enfatizando crisis y declives y, sobre todo, reclamando que no ha seguido la ruta que desde afuera algunos definían.

El pasado 3 de diciembre el corresponsal de La Jornada en Chiapas, Elio Enríquez, publicó una noticia que resulta preocupante por lo que puede desatar en activación de agresiones a comunidades zapatistas, justo a unos días de que se cumplan 30 años de alzamiento del EZLN, en cuyo contexto se recuperaron tierras que han ocupado en forma pacífica, continua y pública desde 1995, por cierto no exenta de agresiones de grupos civiles armados para provocar su desplazamiento forzoso.

Es complicado plantear un enfoque de derechos bajo el riesgo inminente de ser ubicada del lado de los conservadores, por decir lo menos. Vaya paradoja y, sin embargo, resulta indispensable acercar ese espejo a temas cruciales como la situación de los pueblos indígenas ante la evidente militarización que se ha instaurado en los tiempos de la llamada 4T.

Me interesa destacar el alto valor político y simbólico que una vez más nos muestran los pueblos indígenas y con ello enunciar al final de este texto, la agenda compleja presente y pendiente respecto del conjunto de la sociedad.