Agricultura, Ganadería, Bosques y Deforestación

Si el escritor irlandés Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, quien aseguraba que el café nos vuelve rigurosos, serios y filosóficos tiene razón, entonces los funcionarios que dirigen la Secretaría de Agricultura en México no deben haber probado siquiera una taza del aromático. Son tantas y tan profundas sus meteduras de pata a la hora de definir la política agrícola del país, que el campo mexicano es zona de desastre.

La batalla por la Presidencia de la República dejó en el campo mexicano una multitud de cadáveres ilustres sembrados por doquier y tres ganadores netos. Los grandes empresarios agroexportadores, las Iglesias y la vieja nomenclatura agraria emergieron de la gesta del 2 de julio como los grandes vencedores. Ahora se preparan para consolidar su nueva posición.

Las últimas declaraciones del secretario de Agricultura confirman que el Estado mexicano canceló su responsabilidad para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Según Romárico Arroyo, la reserva técnica de maíz que manejaba la extinta Conasupo quedará en manos de las empresas privadas (La Jornada, 21/04/1999). Sin eufemismos esto significa que la reserva técnica de maíz desaparece.

Mientras la agricultura se hunde y el país pierde los escasos restos de soberanía alimentaria que le quedaban, el secretario del ramo, Romárico Arroyo, trata de ocultar la realidad a golpe de declaraciones a la prensa, al tiempo que se esmera en contradecirse a sí mismo. La situación del campo, el volumen de importaciones de granos básicos y el presupuesto del sector son tres temas, entre muchos otros, en los que las palabras del funcionario poco tienen que ver con la realidad.

Una vez más en el sector forestal se enfrentan dos proyectos de desarrollo: el que impulsan sus poseedores o propietarios —agrupados en 8 mil 417 ejidos y comunidades, en los que habitan alrededor de 12 millones de personas, la mayoría indígena, a quienes pertenecen el 80% de los recursos forestales del país y una minoría de pequeños propietarios privados, dueños del 15% de las tierras forestales— y de otra parte el de las grandes empresas multinacionales productoras de celulosa, no más de 1000 en el mundo, interesadas en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en México.