A mediados de marzo, integrantes de más de 20 pueblos indígenas, junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país se encontraron en la Ciudad de México, y a partir de sus propios testimonios construyeron un mapa de las amenazas que enfrentan sus territorios.
Una emboscada contra los integrantes de la Unión de cooperativas Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla; un desalojo y la apertura de una carpeta de investigación por supuestos delitos contra habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; un desalojo violento por la policía de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que protestaban en el ejido La Aurora contra del Proyecto Chemours Laguna, que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de cianuro de sodio, e
Entre las novedades de los recientes días destacan varios acontecimientos que vienen a confirmar lo que ya prefigurábamos en la larga construcción del poder social o ciudadano en México: la aparición a lo largo y ancho del país de redes regionales de resistencia ciudadana (R3), que es la consecuencia directa de muchos años de esfuerzos y batallas colectivas.
El 16 de febrero pasado se reunieron en asamblea las comunidades agrarias que integran el municipio de San Felipe Usila, Oaxaca, convocadas por su presidente municipal y rechazaron de forma unánime el proyecto hidroeléctrico regional propuesto por la empresa ENERSI Generación SA de CV.
El gobierno mexicano, en los casi cuarenta años de existencia de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ha sido incapaz de proponer alternativas para los pueblos indígenas (dueños del territorio de la reserva) que les permitan conservar sus bienes naturales y tener una vida digna. Tampoco ha construido alternativas para otros pueblos indígenas que ven en la Selva Lacandona un sitio de refugio. La política ambiental se ha reducido a la prohibición, el desalojo, el autoritarismo y la represión.
Para Porfirio, por los caminos recorridos...
La justicia no llega a Nochixtlán. Infamia sobre infamia, la institución que debería defender los derechos humanos de las víctimas, ayudar a esclarecer las salvajes agresiones contra la población civil perpetradas por policías durante el operativo del 19 de junio de 2016 y señalar a los responsables, se dedica ahora a responsabilizar a los damnificados y a exculpar a las autoridades responsables.
Juego de luces y de sombras, el México oficial, el de los discursos gubernamentales, los boletines de prensa, las leyes y los análisis de los intelectuales mediáticos, ignora y oculta a muchos otros Méxicos. Lejos de los reflectores, en el apagón informativo hacia las serranías y selvas donde viven, los pueblos indios resisten la embestida de ganaderos y mineras contra sus territorios y recursos naturales.
(Mexiko-Stadt, 26.Juli 2017, npl).- Die me’phaa-Gemeinde San Miguel del Progreso (von den me’phaa selbst Júba Wajíin genannt) im Bundesstaat Guerrero erreichte in ihrem Kampf gegen Bergbaukonzerne einen Urteilsspruch, der von Expert*innen als „historisch“ eingestuft wird. Die zuständige Richterin am Distriktgericht in Chilpancingo, der Hauptstadt des Bundesstaates, gab den kollektiven Rechten der indigenen Bewohner*innen Vorrang vor einer 2015 getroffenen Entscheidung des mexikanischen Wirtschaftsministeriums.
Los de Abajo
Mario Luna, secretario del gobierno tradicional de la tribu yaqui y ex preso político, no ha dejado de ser perseguido. El rechazo de la tribu sonorense al Acueducto Independencia sigue siendo el motivo principal del hostigamiento, que abarca de manera alarmante a integrantes de su familia. Desviar el agua del río Yaqui para destinarla a los empresarios de Hermosillo fue el objetivo de Guillermo Padrés Elías y ahora parece que lo es de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.