Luis Hernández Navarro

Hace poco más de dos años y 10 meses surgieron las autodefensas michoacanas para sacudirse del yugo de Los Caballeros Templarios. El 24 de febrero de 2013, en Tepalcatepec y la Ruana, grupos civiles se levantaron en armas contra el crimen organizado. Llegaron a controlar 33 municipios de la entidad. Hoy, salvo las policías comunitarias indígenas que tienen una historia aparte, se encuentran diezmadas.

El EZLN y el CNI acordaron consultar, con pueblos y comunidades, la postulación de una mujer indígena como candidata a la Presidencia de la República en los comicios de 2018. La decisión ha levantado una enorme polémica. Unos ven en la determinación un giro de 180 grados en su línea de acción. Otros, su ingreso a la política. Algunos más, una maniobra en la formación de una coalición anti-Andrés Manuel López Obrador.

Las comunidades indígenas oa­xaqueñas están en alerta. Respaldan a Nochixtlán. Viven como propia la masacre del 19 de junio. Se saben agredidas por el Estado. Sus topiles están sobre aviso. La matanza fue un agravio para todas, pero especialmente para el pueblo mixteco.

Cuidadoso en las formas, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es demoledor en su contenido. No sólo cuestiona el pésimo trabajo judicial de los funcionarios encargados de investigar lo que sucedió la noche de Iguala. Pone en entredicho la credibilidad misma del Estado mexicano.