Luis Hernández Navarro

Arriba, en medio del dolor y la tragedia, la clase política busca administrar los daños y acrecentar su capital político. La masacre del 26 de septiembre adelantó la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero de 2015 y la sucesión presidencial de 2018, y sus participantes se aprestan a sacar raja del asunto. Entre peleas de lodo y pactos de impunidad, los profesionales de la representación política se mueven con rapidez.

La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna.

Escándalo sobre escándalo, 16 meses después de expedida la orden de aprehensión en su contra fue detenido el secretario de la tribu yaqui Mario Luna Romero. Policías vestidos de civil, a bordo de cuatro vehículos no oficiales, lo apresaron el pasado 11 de septiembre.

Prácticamente cada mes se celebran encuentros de organizaciones populares en los más recónditos rincones del país. En ellos se busca enfrentar el despojo de sus predios, territorios y recursos naturales, a manos de empresas petroleras, mineras, eólicas, refresqueras, turísticas y constructoras. También de gobiernos municipales, estatales y del federal.

Una nueva clase social está a punto de surgir en el campo mexicano. Es la clase de los latifundios energéticos. La nueva legislación no sólo permite el despojo de los predios y territorios de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, sino que reconcentra una parte significativa de la tierra en pocas manos: las de las grandes compañías de hidrocarburos y eléctricas.