No es novedad que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados se redactó a favor de las empresas trasnacionales de los transgénicos. Por eso se le conoce como Ley Monsanto.
El 13 de febrero pasado murió Miguel Ángel López Rocha, de ocho años, luego de estar 19 días en estado de coma tras haber caído, jugando, al río Santiago en Jalisco, uno de los peores casos de contaminación industrial y orgánica a nivel mundial.
Frente a los obvios problemas de la llamada primera generación de agrocombustibles (a partir de cultivos como caña de azúcar, maíz, soya y palma aceitera), por ejemplo su nula o negativa eficiencia energética, la industria y gobiernos, apoyados en algunos investigadores académicos, hablan de una “segunda generación” que superaría este problema, y también, supuestamente, la competencia con los cultivos alimentarios.
Pese a que son ampliamente criticados desde muchos puntos de vista, los combustibles agroindustriales siguen en alza. No es extraño, ya que según estimaciones del Financial Times, sólo en los países de la OCDE reciben hasta 15 mil millones de dólares de subsidios anuales (FT, 30/10/2007).
Subsidios públicos que van a engordar el lucro privado, a los que se suman los múltiples subsidios indirectos que reciben algunos cultivos destinados a ese fin, como el maíz en Estados Unidos.
Vivimos en tiempos de guerra. Parecería que el solo hecho de ser indígena o campesino es una afrenta a los poderosos. La guerra contra la vida campesina es ancha y ajena y por muchas partes sentimos sus dentelladas. Empezó hace mucho, pero en días como hoy, a 10 años de la masacre impune de indígenas en Acteal, se siente más la herida.
Este diciembre, Cancún fue el escenario de un costoso evento para beneficiar a las trasnacionales y gobiernos más contaminantes. Por los resultados y la dinámica antidemocrática, se podría pensar que fue una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como la de 2003, donde el campesino coreano Lee Kyoung-Hae se inmoló para mostrar la injusticia que significan estos tratados.
Se está reuniendo en Bali, Indonesia, la decimotercera Conferencia de Naciones Unidos sobre cambio climático, tema cada vez más álgido, tanto por la agudización de los impactos de esta tragedia anunciada como por los fuertes intereses comerciales que moviliza.
Armando Villarreal Martha, líder de la asociación agrícola Agrodinámica Nacional de Chihuahua, declaró a la prensa que desde hace tres años se siembra maíz transgénico en ese estado, a sabiendas de que es ilegal. “Los campesinos sabemos que estamos cometiendo dos delitos: el de contrabando de semilla transgénica y su siembra, no aprobada por las autoridades”. Esto lo hacen, argumenta, porque pese a que la semilla transgénica es mucho más cara, han podido reducir la cantidad de agua utilizada y han conseguido mayor producción que con criollos o híbridos.
Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
La ola de los agrocombustibles sigue avanzando, no porque sea buena para el ambiente ni aporte solución alguna al cambio climático global –de hecho lo va a empeorar– sino porque las industrias más poderosas del planeta lo ven como una fuente de jugosas ganancias y encima consiguen que muchos gobiernos las apoyen con leyes y subsidios.