Silvia Ribeiro

Pese a que son ampliamente criticados desde muchos puntos de vista, los combustibles agroindustriales siguen en alza. No es extraño, ya que según estimaciones del Financial Times, sólo en los países de la OCDE reciben hasta 15 mil millones de dólares de subsidios anuales (FT, 30/10/2007).
Subsidios públicos que van a engordar el lucro privado, a los que se suman los múltiples subsidios indirectos que reciben algunos cultivos destinados a ese fin, como el maíz en Estados Unidos.

Vivimos en tiempos de guerra. Parecería que el solo hecho de ser indígena o campesino es una afrenta a los poderosos. La guerra contra la vida campesina es ancha y ajena y por muchas partes sentimos sus dentelladas. Empezó hace mucho, pero en días como hoy, a 10 años de la masacre impune de indígenas en Acteal, se siente más la herida.

Este diciembre, Cancún fue el escenario de un costoso evento para beneficiar a las trasnacionales y gobiernos más contaminantes. Por los resultados y la dinámica antidemocrática, se podría pensar que fue una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como la de 2003, donde el campesino coreano Lee Kyoung-Hae se inmoló para mostrar la injusticia que significan estos tratados.

Se está reuniendo en Bali, Indonesia, la decimotercera Conferencia de Naciones Unidos sobre cambio climático, tema cada vez más álgido, tanto por la agudización de los impactos de esta tragedia anunciada como por los fuertes intereses comerciales que moviliza.

Armando Villarreal Martha, líder de la asociación agrícola Agrodinámica Nacional de Chihuahua, declaró a la prensa que desde hace tres años se siembra maíz transgénico en ese estado, a sabiendas de que es ilegal. “Los campesinos sabemos que estamos cometiendo dos delitos: el de contrabando de semilla transgénica y su siembra, no aprobada por las autoridades”. Esto lo hacen, argumenta, porque pese a que la semilla transgénica es mucho más cara, han podido reducir la cantidad de agua utilizada y han conseguido mayor producción que con criollos o híbridos.

Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.

La ola de los agrocombustibles sigue avanzando, no porque sea buena para el ambiente ni aporte solución alguna al cambio climático global –de hecho lo va a empeorar– sino porque las industrias más poderosas del planeta lo ven como una fuente de jugosas ganancias y encima consiguen que muchos gobiernos las apoyen con leyes y subsidios.

Pese al claro rechazo al maíz transgénico por parte de la gran mayoría de la población, las trasnacionales que controlan el negocio siguen presionando para que se aprueben estos granos en México. Para ello prueban nuevas trampas y mentiras, a ver si alguna resulta. Si no, intentarán otros métodos, como hicieron para lograr que el Congreso apruebe una ley de bioseguridad (la Ley Monsanto) y luego una de certificación y comercialización de semillas, totalmente a su favor y en contra de los intereses nacionales.

Cada vez más queda más claro que los agrocombustibles no solamente no son una panacea ambiental para enfrentar el cambio climático, sino por el contrario, lo van a empeorar. Al mismo tiempo van sentando las bases para nuevas crisis alimentarias y de escasez de agua, junto a la expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras, todo ello con amplias repercusiones económicas, sociales y ambientales negativas, principalmente para las poblaciones del tercer mundo.

El monopolio más marcado de la historia del industrialismo lo tiene Monsanto con las semillas transgénicas. Según sus propios datos, esta trasnacional estadunidense controla más de 80 por ciento del rubro, porcentaje ampliamente mayor que el que detenta cualquier otra empresa en su campo, sea petrolera, química o informática.