Los programas REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada) son una nueva forma de privatización de recursos naturales. Con las técnicas de vigilancia satelital que requieren y su convergencia con proyectos globales de secuenciamiento genómico de especies, REDD conlleva –además de mayor vigilancia de comunidades– el avance de nuevas formas de biopiratería.
Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.
La Red en Defensa del Maíz, en su asamblea nacional en marzo de 2011, además de rechazar las siembras piloto de maíz transgénico, denunció las leyes estatales aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, que supuestamente son para proteger el maíz criollo, pero en realidad, no impiden la siembra de transgénicos y sí promueven el registro, patentes y otras formas de propiedad intelectual sobre el maíz campesino.
La producción de agrocombustibles sigue creciendo, aunque está demostrado que son el principal factor causante del aumento de precios de los alimentos, por su alta demanda de granos. A la sombra de este argumento, avanzan otros desarrollos de combustibles industriales basados en recursos biológicos, que se afirma no competirán con los alimentos. Uno que está ganando terreno en todo el mundo es el cultivo de algas para producir combustibles.
Las recientes heladas en el norte de México y las extensas pérdidas de cosechas ponen de manifiesto las perversiones de entregar el sistema agroalimentario a las decisiones de unas cuantas trasnacionales, que dominan desde las semillas a los supermercados.
Tratándose de maíz, principal cultivo alimentario del país, la situación es aún más grave y lo que está sucediendo debería servir de lección de por qué es urgente apoyar la producción diversificada y campesina y prohibir el maíz transgénico.
Las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en Cancún en diciembre 2010 (COP 16) significaron un parteaguas en muchos sentidos, todos negativos.
No así las movilizaciones populares frente a esta cumbre, de organizaciones como Vía Campesina y otras de base, que no han perdido el sentido de la realidad, de lo que es absurdo y de lo que necesitamos hacer. Cada vez, la brecha es mayor.
Es grave e irresponsable el intento de FAO de legitimar los transgénicos como solución al hambre y la crisis climática en el tercer mundo, cuya expresión más reciente es la conferencia Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo (Guadalajara, México, 14 de marzo). Frente a las críticas que van en aumento, los funcionarios de FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) declararon que la biotecnología es más que transgénicos y ellos sólo plantean opciones.
Copenhague, 18 de diciembre. Mientras escribo esta nota, no se sabe si habrá un nuevo acuerdo global sobre el cambio climático en la conferencia de Naciones Unidas que se realiza del 7 al 18 de diciembre.
En las próximas semanas se reunirá en Copenhague, Dinamarca, la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. El ambiente está caliente, tanto entre los bloques de negociadores oficiales, como en las organizaciones y movimientos, que por primera vez acudirán en decenas de miles al lugar de reunión.
En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora trasnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo. Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.