Investigadora del grupo ETC
En los meses recientes, a la gran cantidad de voces de la sociedad civil que alertan sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de la nueva ola de agrocombustibles, se han unido los informes críticos de instituciones internacionales que han sido cruciales para el desarrollo del neoliberalismo, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional.
Ante la crisis alimentaria creciente y los desastres provocados por el cambio climático, las grandes corporaciones de los transgénicos y los agronegocios vuelven a la carga con nuevos bríos, como si no estuvieran entre sus principales causantes.
Desde hace algo más de una década, los tratados de libre comercio o TLC se han expandido como plaga por todo el mundo, condicionando gran parte de nuestra vida cotidiana.
Más allá de solamente regular el comercio de mercancías entre países, se han convertido en verdaderos factores de transformación de paradigmas (y realidades) dentro de cada país, haciendo posible la privatización de aspectos y recursos vitales para las sociedades, que si se hubieran planteado separadamente, probablemente nunca se hubieran podido concretar.
No es novedad que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados se redactó a favor de las empresas trasnacionales de los transgénicos. Por eso se le conoce como Ley Monsanto.
El 13 de febrero pasado murió Miguel Ángel López Rocha, de ocho años, luego de estar 19 días en estado de coma tras haber caído, jugando, al río Santiago en Jalisco, uno de los peores casos de contaminación industrial y orgánica a nivel mundial.
Frente a los obvios problemas de la llamada primera generación de agrocombustibles (a partir de cultivos como caña de azúcar, maíz, soya y palma aceitera), por ejemplo su nula o negativa eficiencia energética, la industria y gobiernos, apoyados en algunos investigadores académicos, hablan de una “segunda generación” que superaría este problema, y también, supuestamente, la competencia con los cultivos alimentarios.
Pese a que son ampliamente criticados desde muchos puntos de vista, los combustibles agroindustriales siguen en alza. No es extraño, ya que según estimaciones del Financial Times, sólo en los países de la OCDE reciben hasta 15 mil millones de dólares de subsidios anuales (FT, 30/10/2007).
Subsidios públicos que van a engordar el lucro privado, a los que se suman los múltiples subsidios indirectos que reciben algunos cultivos destinados a ese fin, como el maíz en Estados Unidos.
Vivimos en tiempos de guerra. Parecería que el solo hecho de ser indígena o campesino es una afrenta a los poderosos. La guerra contra la vida campesina es ancha y ajena y por muchas partes sentimos sus dentelladas. Empezó hace mucho, pero en días como hoy, a 10 años de la masacre impune de indígenas en Acteal, se siente más la herida.
Este diciembre, Cancún fue el escenario de un costoso evento para beneficiar a las trasnacionales y gobiernos más contaminantes. Por los resultados y la dinámica antidemocrática, se podría pensar que fue una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como la de 2003, donde el campesino coreano Lee Kyoung-Hae se inmoló para mostrar la injusticia que significan estos tratados.
Se está reuniendo en Bali, Indonesia, la decimotercera Conferencia de Naciones Unidos sobre cambio climático, tema cada vez más álgido, tanto por la agudización de los impactos de esta tragedia anunciada como por los fuertes intereses comerciales que moviliza.