Silvia Ribeiro

Como si fuera un hecho banal, el gobierno aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.

Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes y derechos de obtentor sobre las semillas, en México esto se promueve en las leyes estatales de Fomento y protección del maíz criollo que se aprobaron en Tlaxcala y Michoacán. Ahora, una diputada del PAN presentó una iniciativa copiada de éstas, para Oaxaca.

En 1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI) denunció la existencia de patentes sobre una tecnología que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda generación se vuelve estéril, para obligar a los agricultores a volver a comprar semilla en cada estación. Fue desarrollada por la empresa Delta & Pine (ahora propiedad de Monsanto) con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Del 15 al 17 de marzo se reunió la Red en Defensa del Maíz, la primer red que alertó en México sobre la contaminación transgénica del maíz, integrada por más de 350 comunidades indígenas y campesinas junto a organizaciones civiles de todo México. La asamblea reafirmó su rechazo al maíz transgénico, señalando el nuevo abuso del gobierno al autorizar a Monsanto una siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas. También se analizaron y rechazaron leyes que pretenden recortar aún más los derechos indígenas y campesinos, aunque irónicamente llevan títulos como si los defendieran.

El surgimiento de una nueva cepa letal de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en los alimentos en Europa pone de manifiesto, nuevamente, el desastre sanitario en que nos ha metido el sistema alimentario agroindustrial. Lo tratan como accidente, pero en realidad es algo cada vez más frecuente, porque es una consecuencia sistémica. Era lo esperable, al igual que el surgimiento de la gripe porcina y la gripe aviar.

No hay nada más imprevisible que el pasado. Ahora parece que los lacandones conservan la selva, por lo que el gobierno de Chiapas, a nombre del programa REDD, les paga en reconocimiento de su espíritu de preservación ambiental. También los entrena para inventariar especies y combatir otros pueblos indios que habitan la región, incluyendo comunidades zapatistas. Esos otros, afirman gobierno y trasnacionales conservacionistas, destruyen la selva. La verdad es muy distinta y contradice la versión oficial y la de los traficantes de conservación.

Los programas REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada) son una nueva forma de privatización de recursos naturales. Con las técnicas de vigilancia satelital que requieren y su convergencia con proyectos globales de secuenciamiento genómico de especies, REDD conlleva –además de mayor vigilancia de comunidades– el avance de nuevas formas de biopiratería.

Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.

La Red en Defensa del Maíz, en su asamblea nacional en marzo de 2011, además de rechazar las siembras piloto de maíz transgénico, denunció las leyes estatales aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, que supuestamente son para proteger el maíz criollo, pero en realidad, no impiden la siembra de transgénicos y sí promueven el registro, patentes y otras formas de propiedad intelectual sobre el maíz campesino.