La turbulencia en los mercados agrícolas internacionales, provocada por la guerra de Rusia en Ucrania, ha ocasionado ya un fuerte aumento de precios en los cereales y oleaginosas que impacta a todos los países, pero que en el caso de aquellos como México, que tienen fuerte dependencia de las importaciones, pueden poner en riesgo su capacidad para alimentar a la población.
Uno de los objetivos del gobierno de López Obrador es la autosuficiencia alimentaria. En el marco del aumento de las importaciones de maíz al cierre del gobierno de Peña Nieto, que alcanzaron la cifra récord de 17 millones de toneladas, la nueva administración se propuso expresamente disminuir sus importaciones y alcanzar la autosuficiencia alimentaria en el grano. La meta de la Secretaría de Agricultura (Sader) todavía es reducir 50 por ciento las importaciones de maíz para 2024.
Interview von Gerold Schmidt mit Ana de Ita zu den Folgen des Freihandelsabkommens TLCAN/NAFTA für das ländliche Mexiko
Den indigenen und bäuerlichen Dorfgemeinden in Mexiko, sagt Ana de Ita, „wurde in den vergangenen Jahrzehnten der Boden unter den Füßen weggezogen“. Sie ist Direktorin des kleinen unabhängigen Studienzentrums für den Wan- del im Mexikanischen Landbau (Ceccam) mit Sitz in Mexiko-Stadt und hat die Entwicklung auf dem Land seit den 1990er Jahren mit zahlreichen Unter- suchungen und Fallstudien kritisch verfolgt.
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La columna vertebral para la recuperación del campo que propone el gobierno federal es la autosuficiencia alimentaria. Pero ésta es imposible con un mercado abierto, ya que las importaciones no ocurren sólo por falta de producción, sino por ventajas en las condiciones financieras, logísticas, de precios, influidas por las condiciones climáticas y los subsidios que otorgan otros países a la producción y exportación de sus productos.
El huracán del libre comercio devastó el campo mexicano, arruinó a pequeños y medianos agricultores y obligó a millones de pequeños campesinos a migrar a Estados Unidos o a campos agrícolas del noroeste del país. El libre tránsito de mercancías agrícolas entre fronteras, con pocas regulaciones, puso a competir a desiguales en condiciones de igualdad.
Mayo 2019
Pilar López Sierra
Hacia 1993 y en pleno contexto de la firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), en México se presentó un nuevo esquema de subsidios al campo que respondiera a las exigencias de la apertura comercial. El énfasis se pondría en la búsqueda de una estrategia que no distorsionara el comercio entre los tres países, al tiempo que compensara las desventajas productivas de los productores mexicanos frente a los productores más grandes, productivos y altamente subsidiados de los vecinos del norte. La estrategia consistiría, entonces, en promover subsidios al ingreso a los productores y no a los precios de los productos como previamente lo hacían los precios de garantía; subsidios no relacionados a los insumos o servicios destinados a la producción, ni al tipo o volumen de producción.
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Los precios de garantía para maíz, frijol, arroz y trigo suave marcan un parteaguas después de 30 años de reformas neoliberales en el campo. Los precios de garantía se eliminaron entre 1989 y 1994 para limpiar el terreno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De un día al otro los campesinos que entregaban sus cosechas a Conasupo a precios garantizados vieron cancelada esa posibilidad y no encontraron compradores para sus cultivos.
En tanto el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantiene en jaque la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente Peña Nieto, los candidatos presidenciales Meade y Anaya, funcionarios e integrantes de organizaciones de agricultores empresariales y de productores rurales sostienen que su única propuesta para la agricultura es el libre comercio y censuran la autosuficiencia alimentaria como una política del pasado.