Silvia Ribeiro

A principios de este año, el gobierno aprobó la siembra piloto de 63 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, a favor de la trasnacional Monsanto.

Se podría pensar que lo más verde de las propuestas de economía verde, que gana terreno en diversos ámbitos oficiales, principalmente en las negociaciones hacia la conferencia internacional Río+20, es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas trasnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde.

La conferencia sobre cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre 2011, destaca por lo que no decidió: ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países industrializados que provocaron el caos climático y los demás que lo sufrimos. Pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono, que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría.

Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis.

A los muchos impactos negativos que conllevan los transgénicos, se suma ahora el golpe contra la producción apícola nacional, porque la miel está contaminada –o podría estarlo en el futuro cercano– con polen transgénico. Es otra tragedia anunciada –como la contaminación transgénica del maíz y otros cultivos– que las autoridades mexicanas decidieron ignorar, para favorecer las ganancias de unas pocas transnacionales.

El 21 de octubre se inauguró el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con la presencia de miembros de esta prestigiosa institución internacional, heredera del Tribunal Russell, instancia creada para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra de Vietnam y posteriormente, en las dictaduras latinoamericanas.

Como si fuera un hecho banal, el gobierno aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.

Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes y derechos de obtentor sobre las semillas, en México esto se promueve en las leyes estatales de Fomento y protección del maíz criollo que se aprobaron en Tlaxcala y Michoacán. Ahora, una diputada del PAN presentó una iniciativa copiada de éstas, para Oaxaca.

En 1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI) denunció la existencia de patentes sobre una tecnología que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda generación se vuelve estéril, para obligar a los agricultores a volver a comprar semilla en cada estación. Fue desarrollada por la empresa Delta & Pine (ahora propiedad de Monsanto) con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.