Silvia Ribeiro

A fines de mayo sesionó en Ciudad Juárez el Tribunal Permanente de los Pueblos –instancia internacional de gran reconocimiento ético– para escuchar y manifestarse sobre la amplia demanda colectiva planteada por cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, migrantes, mujeres, ambientalistas, campesinas, indígenas, comunicadores, de derechos humanos, titulada Libre comercio, violencia, impunidad, y derechos de los pueblos.

Mientras que los alimentos sanos y sin tóxicos hay que etiquetarlos –y nos hacen pagar caro por ello– los que son rociados con veneno pasan por "normales" y no es preciso declararlo en ninguna etiqueta.

Un estudio reciente de la Unión Europea muestra que los agrocombustibles (llamados biocombustibles) aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a los impactos que tiene su producción en deforestación, mayor erosión de suelos y avances de la frontera agrícola en otros continentes.

Está a discusión en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que significa pavimentar el camino para que las trasnacionales puedan demandar a las víctimas de la contaminación transgénica, al mismo tiempo que criminalizan los intercambios de semillas entre campesinos y colocan al Estado en funciones de policía de Monsanto y otras trasnacionales de agronegocios.

Setenta organizaciones de apicultores de 24 países, reunidas en la Segunda Conferencia Mundial de Apicultura Orgánica en Chiapas en marzo 2012, demandaron a las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud detener las siembras de transgénicos en la península de Yucatán, Chiapas y otras regiones con gran producción de miel, en apoyo a los apicultores de esas regiones. Señalaron que desde 2011 es notable la disminución de la exportación de miel desde varios países, debido a la contaminación con polen transgénico que impide su comercialización.

A principios de este año, el gobierno aprobó la siembra piloto de 63 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, a favor de la trasnacional Monsanto.

Se podría pensar que lo más verde de las propuestas de economía verde, que gana terreno en diversos ámbitos oficiales, principalmente en las negociaciones hacia la conferencia internacional Río+20, es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas trasnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde.

La conferencia sobre cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre 2011, destaca por lo que no decidió: ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países industrializados que provocaron el caos climático y los demás que lo sufrimos. Pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono, que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría.

Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis.

A los muchos impactos negativos que conllevan los transgénicos, se suma ahora el golpe contra la producción apícola nacional, porque la miel está contaminada –o podría estarlo en el futuro cercano– con polen transgénico. Es otra tragedia anunciada –como la contaminación transgénica del maíz y otros cultivos– que las autoridades mexicanas decidieron ignorar, para favorecer las ganancias de unas pocas transnacionales.