Victor M. Quintana S.

Si la energía y los recursos, las ominosas advertencias, las profecías apocalípticas que las empresas mineras emplean para atacar y defenderse del paquete de reformas para una minería regulada presentado por el Ejecutivo federal al Congreso el 28 de marzo, si todo eso se empleara para defender el gran e indispensable bien común que es el agua, ya estaríamos superando la crisis hídrica.

En la actual controversia sobre prohibir o no la siembra del maíz transgénico y la eliminación gradual del glifosato, el herbicida cancerígeno que la acompaña, se pierde de vista que lo que está en juego es el dilema entre las tres maneras de generar alimentos en el mundo: la tradicional o campesina, la agroindustrial o moderna y la agroecológica. Hoy se trata de regular o suprimir los tremendos impactos negativos de la agroindustria. Ofrezco aquí una apretada síntesis de lo que T. Kimbrell llamó la tragedia de la agricultura industrial.

El decreto sobre la importación del maíz transgénico y las presiones de Estados Unidos por seguírnoslo vendiendo, hacen más necesario lo que en estas páginas señalábamos hace dos semanas: iniciar un proceso que descolonice nuestra alimentación y nos haga soberanos con base en un modelo agroalimentario soberano, saludable y de acuerdo con nuestra cultura. Esto requiere acciones desde los consumidores y productores de alimentos hasta los diversos órdenes de gobierno.

Pensar que México puede construir su soberanía alimentaria sin cambiar los hábitos del comer, es iluso. Aunque repelen algunos intelectuales, existe una dieta neoliberal, una manera de seleccionar, elegir y consumir los alimentos vinculada a la economía y a las formas sociales del neoliberalismo: hedonismo, estímulos sensoriales excesivos, individualismo, rechazo por lo local, etcétera.

El campo mexicano sufre una acelerada y diversa transformación por los impactos de la crisis civilizatoria planetaria en sus vertientes climática, de violencias, migratoria, ambiental, de relaciones sociales y crisis de referentes ético-culturales.
El Movimiento Campesino –con mayúsculas– como actor colectivo, con unidad de organización, acción y proyecto ya no existe así. Hay factores exógenos y endógenos que afectan profundamente la emergencia de movimientos rurales, en sus actores, demandas, formas de organización, de acción, adversarios y alianzas.

Hace mucho no coincidían, ni siquiera se reunieron, las organizaciones rurales de Chihuahua. Ahora lo están haciendo: las de los campesinos temporaleros, los productores de riego, los lecheros, los ganaderos de carne, los fruticultores. Ejidatarios, pequeños propietarios, medianos e incluso algunos grandes. El Barzón, Agrodinámica Nacional, el Frente Democrático Campesino, la Unión Campesina Democrática, la Liga de Comunidades Agrarias, la Unión de Fruticultores, el Frente Campesino Chihuahuense, los productores del sistema de abasto social de leche de Liconsa.

Desde el pasado junio, la cara de la violencia en Chihuahua es la de El Chueco, José Noriel Portillo, capo del cártel de Sinaloa y presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui. Ojalá fuera el único rostro. Porque la violencia y el despojo tienen múltiples caras –muchas veces insospechadas– en esta tierra.

Las empresas extractivistas son campeonas en el manejo de la doble moral: toda la manga ancha para despojar, depredar, extraer minerales, agua, madera; todo el rigor y el peso del legalismo contra las comunidades y las personas que defienden sus territorios, sus aguas, sus bosques, sus pastizales. Mineras extranjeras, empresas agropecuarias nacionales, con las armas de la ley o las de la ilegalidad; gobiernos débiles o cómplices, da lo mismo.

El triunfo de la comunidad nahua del Tecoltemi, al lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cancelara las concesiones mineras en su territorio, debe ser el primero de una larga serie en favor de los pueblos originarios contra el extractivismo y la depredación de sus territorios.

Lo mismo en Chiapas que en Chihuahua, la violencia mata integrantes de pueblos originarios y serranos, despoja, devasta y desplaza familias y comunidades enteras. Los criminales se ensañan con las comunidades más vulnerables y marginadas. Puede ser Pantelhó o Uruachi, el sureste o el noroeste del país, da lo mismo.