Pensar que México puede construir su soberanía alimentaria sin cambiar los hábitos del comer, es iluso. Aunque repelen algunos intelectuales, existe una dieta neoliberal, una manera de seleccionar, elegir y consumir los alimentos vinculada a la economía y a las formas sociales del neoliberalismo: hedonismo, estímulos sensoriales excesivos, individualismo, rechazo por lo local, etcétera.
El campo mexicano sufre una acelerada y diversa transformación por los impactos de la crisis civilizatoria planetaria en sus vertientes climática, de violencias, migratoria, ambiental, de relaciones sociales y crisis de referentes ético-culturales.
El Movimiento Campesino –con mayúsculas– como actor colectivo, con unidad de organización, acción y proyecto ya no existe así. Hay factores exógenos y endógenos que afectan profundamente la emergencia de movimientos rurales, en sus actores, demandas, formas de organización, de acción, adversarios y alianzas.
Hace mucho no coincidían, ni siquiera se reunieron, las organizaciones rurales de Chihuahua. Ahora lo están haciendo: las de los campesinos temporaleros, los productores de riego, los lecheros, los ganaderos de carne, los fruticultores. Ejidatarios, pequeños propietarios, medianos e incluso algunos grandes. El Barzón, Agrodinámica Nacional, el Frente Democrático Campesino, la Unión Campesina Democrática, la Liga de Comunidades Agrarias, la Unión de Fruticultores, el Frente Campesino Chihuahuense, los productores del sistema de abasto social de leche de Liconsa.
Desde el pasado junio, la cara de la violencia en Chihuahua es la de El Chueco, José Noriel Portillo, capo del cártel de Sinaloa y presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui. Ojalá fuera el único rostro. Porque la violencia y el despojo tienen múltiples caras –muchas veces insospechadas– en esta tierra.
Las empresas extractivistas son campeonas en el manejo de la doble moral: toda la manga ancha para despojar, depredar, extraer minerales, agua, madera; todo el rigor y el peso del legalismo contra las comunidades y las personas que defienden sus territorios, sus aguas, sus bosques, sus pastizales. Mineras extranjeras, empresas agropecuarias nacionales, con las armas de la ley o las de la ilegalidad; gobiernos débiles o cómplices, da lo mismo.
El triunfo de la comunidad nahua del Tecoltemi, al lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cancelara las concesiones mineras en su territorio, debe ser el primero de una larga serie en favor de los pueblos originarios contra el extractivismo y la depredación de sus territorios.
Lo mismo en Chiapas que en Chihuahua, la violencia mata integrantes de pueblos originarios y serranos, despoja, devasta y desplaza familias y comunidades enteras. Los criminales se ensañan con las comunidades más vulnerables y marginadas. Puede ser Pantelhó o Uruachi, el sureste o el noroeste del país, da lo mismo.
La comunidad rarámuri de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, está abriendo brecha. Su resistencia contra el despojo de su territorio por los caciques locales le costó ya la vida de su dirigente Juan Ontiveros y le valió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas de protección en favor de ella.
El calentamiento social y el calentamiento global convergen en Juárez, en Chihuahua, como en pocas partes. La sequía y el calor polvoso muestran los rigores de un clima cambiado por la irresponsabilidad humana. Los homicidios sin fin, las desapariciones, el desempleo, los feminicidios, las miles de casas abandonadas, las miles de empresas cerradas, los cien mil desempleados, hacen omnipresente el calentamiento social: un tejido social desgarrado, desigual, hirviendo de desigualdades, de enfrentamientos, competencias por lo más mínimo, atropellos de los poderosos a los pobres, desesperación.