Tierra y territorio

Las empresas extractivistas son campeonas en el manejo de la doble moral: toda la manga ancha para despojar, depredar, extraer minerales, agua, madera; todo el rigor y el peso del legalismo contra las comunidades y las personas que defienden sus territorios, sus aguas, sus bosques, sus pastizales. Mineras extranjeras, empresas agropecuarias nacionales, con las armas de la ley o las de la ilegalidad; gobiernos débiles o cómplices, da lo mismo.

En las últimas semanas se han sucedido una serie de importantes asambleas y foros en el estado de Oaxaca, convocadas por comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. El 20 de noviembre, reunidas en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, acordaron fortalecer las luchas que las comunidades llevan a cabo desde hace años e incluso décadas, articulándose en la campaña ¡No es desarrollo, es despojo!

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reuniones del pleno los días 8, 11 y 16 de este mes, sobre el conflicto de límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca amerita un análisis más allá de sus efectos formales. Primero habría que reconocer que esta controversia constitucional permite observar que el ministro José Fernando Franco asumió un trabajo y postura encomiables al elaborar un proyecto con una visión de tomar los derechos en serio y do¬cumentar un respaldo pericial en diversas ramas que dieron sustento al mismo.