Tierra y territorio

La verdadera fuerza motriz que mueve el pleito por los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, es el conflicto entre los comuneros zoques (los chimas) que defienden sus tierras y recursos naturales, y los talamontes, ganaderos, políticos y narcotraficantes chiapanecos, que saquean y agreden a las comunidades indígenas.

La mención de agravio requiere explicación, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en sesión privada el pasado 8 de septiembre, no ejercer la atracción solicitada por la comunidad de Ostula para que ese máximo órgano del Poder Judicial analizara y resolviera un caso de despojo de sus tierras ancestrales y de criminalización que permanece impune: 35 comuneros ultimados y cinco desaparecidos por causa de su lucha.

Lo mismo en Chiapas que en Chihuahua, la violencia mata integrantes de pueblos originarios y serranos, despoja, devasta y desplaza familias y comunidades enteras. Los criminales se ensañan con las comunidades más vulnerables y marginadas. Puede ser Pantelhó o Uruachi, el sureste o el noroeste del país, da lo mismo.

El pueblo yaqui de Loma de Bácum está ofendido. A su gobernador tradicional, Mónico Valencia Flores, no le permitieron entrar a la ceremonia en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a la tribu y anunció el plan de justicia. En su lugar, participó una autoridad ilegítima (dual la llaman ellos): Juan María Estrella.

Apenas el pasado 11 de septiembre, dos autoridades zapatistas de la junta de buen gobierno Patria Nueva, del caracol 10 (Ocosingo), José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, fueron secuestrados. Ocho días estuvieron desaparecidos. Fueron despojados además de un radio de comunicación y 6 mil pesos en efectivo.
No fue un hecho menor. La provocación fue evidente. Ese día, la Extemporánea, delegación aerotransportada Zapatista de 177 personas de raíz maya, se encontraba en la Ciudad de México, para emprender su expedición a Europa.