30 años de neoliberalismo
“Desde 1982 hasta la actualidad seguimos con el mismo modelo de política agroalimentaria porque es el mismo grupo de poder transnacional, hegemonizado por los Estados Unidos, quien está determinando estas políticas”, afirma Víctor Suárez, director ejecutivo de ANEC.
La regulación de los transgénicos: de la protección a la promoción
El Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola decretó en 1998 una moratoria de facto a la siembra de transgénicos. Una decisión que fue consecuencia de la diversidad que México se comprometió a proteger por ser de interés común para toda la humanidad –mediante la firma y ratificación en 1993 del Convenio sobre Diversidad Biológica- y después de realizar entre 1992 y 1998 pruebas experimentales de maíz modificado genéticamente.
Mientras las corporaciones agrobiotecnológicas presionan al gobierno para obtener los permisos de siembra comercial de maíz transgénico en el país, la semana pasada Bill Gates y Carlos Slim inauguraron un Complejo de Biociencias, o cluster para desarrollar semillas genéticamente modificadas como parte del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en el estado de México, y pusieron en alerta a las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a estos cultivos.
Bill Gates y Carlos Slim, los dos individuos más ricos del mundo, inauguraron el 13 de febrero un nuevo complejo de biociencias (transgénicos y otras biotecnologías) en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) en Texcoco, financiado por la Fundación Slim con 25 millones de dólares.
Este año, la transgénesis cumple 40. Son pocos años, si se considera que la manipulación transgénica (la introducción forzada de material genético de varios organismos diversos en otro que los recibe y los reproduce) es una intervención en la biología del planeta sin precedente en los miles de millones de años que ha existido la vida en esta, nuestra esquinita del cosmos.
El campo mexicano se traslada a la ciudad para protestar contra la posible aprobación por el Ejecutivo priísta de Enrique Peña Nieto de las solicitudes de las empresas biotecnológicas Monsanto y Pioneer Hi-Bred para sembrar maíz transgénico a escala comercial.
Por Nylva Hiruelas*.
Entre el 15 y el 17 de enero se reunió en asamblea la Red en Defensa del Maíz (RDM), en la que se reconocen más de mil 200 comunidades de unos 22 estados de la República.
La RDM lleva once años manteniendo a raya los transgénicos con la decisión —comunitaria, regional, nacional— de no dejar pasar semillas ajenas ni de la asistencia gubernamental; defendiendo la vida completa de los pueblos que se preocupan por cuidar el maíz, lo que implica que las comunidades reivindiquen activamente sus territorios y autogobiernos.
México es el centro de origen del maíz y, a la vez, mayordomo de la mayor riqueza en diversidad genética del maíz y de sus parientes silvestres en el mundo. En los bancos de germoplasma mundiales se resguarda a temperaturas de –18°C o inferiores, un billón de semillas de maíz genéticamente diferentes entre sí, que apenas son una pequeña fracción de la biodiversidad del maíz en el mundo.
El 31 de enero, cerca de las 4 de la tarde la explosión en el edificio de Pemex borró todo lo que ocurría en sus alrededores. A unos tres kilómetros de distancia, una marcha arrancaba del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Invisibles para los medios de comunicación y para el país preocupado y con razón por la tragedia, la marcha fue la más grande hasta ahora, en oposición a la siembra de maíz transgénico en el centro de origen.
Las abejas de mil 500 colmenas de una comunidad de Hopelchén, Campeche, murieron este 6 de febrero por la fumigación de transgénicos de Monsanto en un área cercana. Impactó directamente a más de 50 familias campesinas, que tras una cosecha de maíz escasa por la sequía, esperaban recuperarse con la venta de miel orgánica, lo cual perdieron porque la miel está contaminada con agrotóxicos y polen transgénico. Álvaro Mena, campesino maya de Hopelchén e integrante de la Red en Defensa del Maíz, estimó que las pérdidas son 10 millones de pesos, un año de sustento de esas familias.