Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
Pese al claro rechazo al maíz transgénico por parte de la gran mayoría de la población, las trasnacionales que controlan el negocio siguen presionando para que se aprueben estos granos en México. Para ello prueban nuevas trampas y mentiras, a ver si alguna resulta. Si no, intentarán otros métodos, como hicieron para lograr que el Congreso apruebe una ley de bioseguridad (la Ley Monsanto) y luego una de certificación y comercialización de semillas, totalmente a su favor y en contra de los intereses nacionales.
El monopolio más marcado de la historia del industrialismo lo tiene Monsanto con las semillas transgénicas. Según sus propios datos, esta trasnacional estadunidense controla más de 80 por ciento del rubro, porcentaje ampliamente mayor que el que detenta cualquier otra empresa en su campo, sea petrolera, química o informática.
Es patética la cantidad de falsedades que desde autoridades a empresarios agropecuarios y empresas trasnacionales nos lanzan a la cara sobre el alza vertiginoso del precio de la tortilla y sus posibles soluciones. Unos para justificarse, otros para ver que más pueden ganar. ¿Qué se puede decir cuando los mismos que producen el alza artificial de precios del maíz, a través de la especulación y el acaparamiento, como la trasnacional Cargill, por ejemplo, se sientan con el gobierno y "avalan" que el aumento de la tortilla sea "solamente" de 40%?
No bastaba con el maíz, ahora también cempasúchil transgénico. En lugar de la flor que nos alegra y que según las tradiciones indígenas, alumbra el camino de los muertos, nos amenazan con frankensúchil.
Octavio Paredes López, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, se atribuyó este "logro", que según informó a los medios, es para mejorar los usos agropecuarios e industriales de la planta.
Aprovechando el caos político en México, las empresas trasnacionales de transgénicos, junto a varios investigadores y autoridades mexicanas, intentan, otra vez, que se apruebe la experimentación con maíz transgénico en el país, paso indispensable para luego aprobar la siembra comercial a gran escala. Como clones de Santa Anna en el siglo XXI, algunos funcionarios gubernamentales e investigadores no cejan en su intento de entregar el patrimonio genético del país a las trasnacionales.
Cuando los violentos hablan de paz, y los fraudulentos de legalidad y rectitud, quizás no sorprenda que los encargados de la "bioseguridad" en México llamen a experimentar con maíz transgénico en la propia cuna del maíz. Esto es lo que demanda Marco Antonio Meraz, secretario ejecutivo de la Comisión de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), que reconoció ante la prensa que hay "presiones de las empresas trasnacionales". Como según el funcionario los transgénicos son "inevitables", la solución, afirma, sería desarrollar semillas transgénicas propias.
El 16 de febrero de 1996 el gobierno firmó con el EZLN los Acuerdos de San Andrés, donde se comprometía a reconocer los derechos y la cultura indígenas. Nunca los cumplió, y peor aún, varios años después aprobó una ley contraria a éstos. El expediente sigue abierto.
El 21 de marzo pasado, la revista Nature reveló que la trasnacional Syngenta estuvo vendiendo por más de cuatro años una variedad de maíz transgénico que nunca fue aprobada por ninguna de las autoridades regulatorias de Estados Unidos. Se trata del maíz insecticida Bt10; según la empresa fue un accidente y "solamente" se distribuyeron algunos cientos de toneladas de ese maíz, y además es "prácticamente" igual a otro maíz transgénico aprobado, el Bt11, que según ellos no tiene riesgo para la salud.
El 14 de diciembre de 2004 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), mejor conocida como ley Monsanto. Dos meses después, el 15 de febrero de este año, la Cámara de Senadores ratificó el proyecto.