Transgénicos

La autorización del gobierno para sembrar maíz transgénico en México es un crimen de proporciones históricas.

El 27 de julio pasado, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, presentó otro componente de la farsa de bioseguridad en México: la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados, otra forma de subsidiar con recursos públicos a las trasnacionales de los transgénicos.

Un nuevo informe científico muestra que la contaminación transgénica del maíz en México está más extendida de lo que se creía, pero además, que el gobierno ha contribuido activamente a aumentarla a través de sus propios programas.

La Academia Americana de Medicina Ambiental (AAEM, por sus siglas en inglés), hizo pública en mayo 2009 su posición sobre los alimentos transgénicos. Por la salud y la seguridad de los consumidores llaman a establecer urgentemente una moratoria a los alimentos genéticamente modificados y la implementación inmediata de pruebas independientes y de largo plazo sobre su seguridad.

La sociedad civil europea ha logrado impresionantes victorias en su guerra contra los cultivos transgénicos. Siete países: Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia, Hungría, Polonia y el mes pasado Alemania, han levantado moratorias a la siembra de la única variedad de maíz transgénico aprobada en Europa: el Mon 810, un maíz Bt de Monsanto, resistente a insectos.

Del 13 al 17 de abril, la Sagarpa hizo públicas 12 solicitudes de Monsanto para la liberación experimental de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, pese a que el marco legal de bioseguridad está incompleto y plagado de irregularidades.

El pasado viernes 6 de marzo, a partir de un decreto presidencial, firmado además por las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Educación y Salud, quedó sin efecto la moratoria de facto establecida por científicos mexicanos, que durante 10 años prohibió en México la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, por ser país centro de origen, diversidad y domesticación.

El 6 de marzo, el gobierno mexicano anunció que consideraba terminado (en todos los sentidos de la palabra) el marco legal de bioseguridad en México, abriendo las puertas a la experimentación con maíz transgénico. Un delito histórico, que marca la decisión del gobierno de enajenar y colocar en alto riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país.

Debido a los riesgos de una posible contaminación con variedades de maíz biorreactor –no comestible– de las cadenas alimenticias es inaplazable que el gobierno mexicano establezca una verdadera política pública de bioseguridad, que impida la entrada de este tipo de maíces a nuestro país.

Los riesgos y las insuficiencias tecnológicas de las plantas transgénicas se potencian y multiplican en el caso de su liberación en los centros de origen y diversidad de los cultivos en cuestión. Tal es el caso del maíz transgénico en México.