Argentina aprobó el 9 de octubre de 2020 la liberación comercial de trigo transgénico para su siembra y consumo. Es un evento de trigo que sus promotores presentan como tolerante a la sequía (una condición no demostrada) y evitan nombrar que también es tolerante al herbicida glufosinato de amonio, aún más tóxico que el conocido glifosato que la OMS declaró cancerígeno.
La jornada 23 de may. de 2020
La verdad sobre los transgénicos
Silvia Ribeiro*
Ahora que todos sabemos que la Asociación Mexicana de Semilleros (Amsac) felicitó a los diputados por aprobar la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo (https://bit.ly/3cFlGLL), intentamos avanzar en sus posibles motivos.
El Consejo Directivo de la Amsac integra a los gigantes genéticos Syngenta y Bayer, ahora dueña de Monsanto, y tiene como uno de sus socios estratégicos a Corteva, fusión de Pioneer-Dupont-Dow. Estas tres corporaciones solicitaron la gran mayoría de permisos para siembra de maíz transgénico en el país entre 2009 y 2012.
El 24 de marzo la Cámara de Senadores aprobó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN) tras un año de correcciones y discusión por parte de las cámaras de senadores y diputados. En la última versión, aunque hubo ajustes, se mantuvo el núcleo de contenidos que traen aparejados enormes problemas, tal como señaló la Red en Defensa del Maíz en su posicionamiento del 2 de octubre de 2019.
El 24 de marzo, en medio de la crisis por el Covid-19, se aprobó la llamada Ley federal para el fomento y la protección del maíz nativo, con el voto unánime de la Cámara de Senadores. Con tal título muchos habrán supuesto que sería una norma para detener el asalto de las empresas trasnacionales de transgénicos sobre las semillas, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Lamentablemente, no es así.
2019
Heber Uc Rivero
Este documento comparte la experiencia de lucha emprendida por el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar (CRIMB), en contra del cultivo de soya transgénica, particularmente en el municipio de Bacalar. Se trata de la exposición de un complejo proceso por la defensa del territorio y un actual testimonio de la legítima exigencia de los pueblos indígenas a la libre determinación.
Ana Zabaloy era maestra de una escuela rural en San Antonio de Areco, Argentina. También fundadora del movimiento Red federal de docentes por la vida, en defensa de la salud y contra los agrotóxicos. A diario veía en la escuela cómo los niños se enfermaban por la fumigación con glifosato en campos de soya transgénica cercanos a la escuela. Decidió proteger a los niños, apoyar a las familias para protestar, juntarse con otros docentes para informar de los riesgos, denunciar la situación de cáncer, malformaciones y enfermedad en que los ha puesto la siembra de transgénicos.
El 10 de agosto de 2018 Monsanto perdió un juicio histórico en el que fue sentenciada a pagar 289 millones de dólares por haber causado cáncer con glifosato a Dewayne Johnson, un jardinero de 46 años que vive en San Francisco. Cinco días después, la Suprema Corte de California negó una apelación de Monsanto que pretendía evitar que el glifosato integre la lista de sustancias cancerígenas del Estado. Monsanto, ahora propiedad de Bayer, anunció que apelará la sentencia en favor de Johnson, pero las acciones de Bayer se han desplomado, perdiendo más de 10 por ciento de su valor.
El pasado 11 de agosto, el Tribunal Superior de San Francisco, Estados Unidos, condenó a Monsanto (propiedad de Bayer) a pagar 289 millones de dólares en respuesta a la demanda presentada por Dewayne Johnson, un jardinero que la acusa de ocasionarle cáncer con el uso de dos de sus agrotóxicos con glifosato (RoundUp y Ranger Pro). El veredicto es muy significativo porque da justa razón a Johnson tras la revisión de numerosos documentos científicos y algunos secretos de la compañía, concluyendo que el glifosato es muy peligroso y que la empresa sabía de los daños.
