Ana de Ita

El gobierno del presidente López Obrador decidió cambiar el eje de las políticas agrícolas hacia la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, en lugar de plegarse hacia el libre mercado. La idea de comprar en el mercado internacional los alimentos –incluso básicos– en los que no tenemos ventajas comparativas fue construyendo una fuerte dependencia alimentaria. El año pasado México ocupó el primer lugar en el mundo en la importación de maíz, con 17 millones de toneladas, mientras se produjeron 27.2 millones.

El 18 de junio pasado, el presidente López Obrador al referirse al apoyo de su gobierno a la cultura –que él de manera reductiva define como lo que tiene que ver con los pueblos– sostuvo que: nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas habían sido atendidos como ahora, pues el objetivo preferente de los programas sociales son los pueblos indígenas.

En México, durante los últimos 30 años los indígenas y campesinos han recibido fuertes presiones para despojarlos de sus tierras y territorios considerados necesarios para una nueva forma de acumulación de capital. La modernización neoliberal del campo, la desamortización de los bienes comunes, los proyectos energéticos y extractivos, los megaproyectos de infraestructura e incluso la conservación de la naturaleza, consideran como punto de partida la desposesión de las tierras y bienes comunes de los pueblos indígenas y campesinos.

Estos eran unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. Así inicia el Zapata de Womack y pinta en una frase la identidad campesina.

Los precios de garantía para maíz, frijol, arroz y trigo suave marcan un parteaguas después de 30 años de reformas neoliberales en el campo. Los precios de garantía se eliminaron entre 1989 y 1994 para limpiar el terreno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De un día al otro los campesinos que entregaban sus cosechas a Conasupo a precios garantizados vieron cancelada esa posibilidad y no encontraron compradores para sus cultivos.

La mayoría de los proyectos extractivos, de hidrocarburos y de energías renovables, así como los proyectos de infraestructura pretenden instalarse en las tierras de los pueblos indígenas, de ahí que resulta necesario que el nuevo gobierno ponga por delante el interés de los dueños y poseedores de los territorios y sus propuestas alternativas para el buen vivir, antes que favorecer los intereses de las corporaciones que pretenden despojarlos. Para ello, tendrá que cambiar el andamiaje jurídico institucional construido para favorecer y legalizar la desposesión de los pueblos.

Una de las principales consideraciones de los pueblos indígenas y campesinos al emitir su voto el pasado primero de julio fue garantizar su derecho a la tierra y al territorio. Era necesario detener el despojo de sus tierras y bienes naturales por las industrias extractivas, energéticas o de desarrollo de megaproyectos. El triunfo del candidato de Morena a la Presidencia del país, con más de 8.7 millones de votos por parte de la sociedad rural fue la muestra de su decisión.

El 22 de agosto pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo público su resolutivo de negar a la empresa Generación ENERSI la autorización para instalar una hidroeléctrica en los cauces de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande, afluentes del río Usila y éste a su vez tributario del Papaloapan, en territorio del pueblo chinanteco en Oaxaca.

Sí, Andrés Manuel  López Obrador (AMLO) también arrasó en el campo. De los casi 17.7 millones de votos que aporta la sociedad rural a la elección presidencial, más de 8.7 millones fueron para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. No es poca cosa que casi la mitad del electorado rural, 49.4 por ciento, haya decidido votar por transformar sus condiciones de vida y al país.