Ana de Ita

Mientras el gobierno de Estados Unidos  se encuentra durante los 90 días del periodo de consultas a la sociedad sobre la llamada modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ha recibido una carta de las principales corporaciones agroindustriales y uniones de granjeros, advirtiendo al ocupante número 45 de la Casa Blanca que la negociación debe mantener o aumentar los beneficios que ellos, los ganadores del TLCAN en la agricultura, han conseguido, el gobierno de México tibiamente ha propuesto realizar cinco foros de consulta a la sociedad, y no ha dado a conocer

A punto de iniciar la llamada modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los negociadores mexicanos ensayan nuevas concesiones a cambio de que el tratado sobreviva. A pesar de que México ha sido el perdedor neto del acuerdo trilateral, los funcionarios mexicanos buscan convertir la necesidad en virtud y presumen tener una posición de fuerza y varias cartas de negociación. Lo cierto es que la apertura del tratado ocurre forzada por Estados Unidos, bajo la amenaza de cancelarlo si no satisface sus demandas.

Como cada tres años, la elección de las autoridades de la comunidad lacandona del próximo 16 de mayo está cruzada por muy distintos y poderosos intereses, la mayoría ajenos a los pueblos indígenas que la habitan.

El gobierno y el Congreso mexicanos, obligados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están a la espera de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), anunciada para junio. Para el republicano el TLCAN es el peor acuerdo comercial firmado en la historia, y desde su campaña prometió cambiarlo “para que funcione en beneficio de los intereses de todos los estadunidenses”. En tanto, el gobierno de México, paralizado y en shock, no parece tener ninguna propuesta.

El presidente Enrique Peña Nieto solicitó el 13 de diciembre pasado a la Suprema Corte de Justicia que invalide el decreto del gobernador de Yucatán que declara al estado libre de transgénicos. El decreto, publicado el pasado 26 de octubre, fue una respuesta a los varios amparos y acciones de resistencia emprendidas por las comunidades mayas; los apicultores; las organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, de derechos humanos; los académicos y científicos comprometidos; la población, que por muchas razones no quiere transgénicos.