Ana de Ita

Para el gobierno mexicano, la soberanía y la autosuficiencia alimentarias han dejado de ser una meta en el marco del libre comercio, del que es entusiasta promotor. A lo sumo, plantea una seguridad que se traduce en tener suficientes divisas para comprar los productos básicos en el mercado mundial. En la práctica esa política, lejos de responder únicamente a la fe ciega en los principios teóricos de la liberalización económica, resulta estar impulsada por intereses privados. El caso de las importaciones de maíz en 1996 es sólo un ejemplo.

Una vez más en el sector forestal se enfrentan dos proyectos de desarrollo: el que impulsan sus poseedores o propietarios —agrupados en 8 mil 417 ejidos y comunidades, en los que habitan alrededor de 12 millones de personas, la mayoría indígena, a quienes pertenecen el 80% de los recursos forestales del país y una minoría de pequeños propietarios privados, dueños del 15% de las tierras forestales— y de otra parte el de las grandes empresas multinacionales productoras de celulosa, no más de 1000 en el mundo, interesadas en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en México.

La incorporación del sector agropecuario y forestal fue uno de los temas más polémicos en el proceso de negociación y acuerdo del TLCAN. Desde las organizaciones de productores, las organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores, y sectores de la pequeña y mediana agroindustria, se expresó una clara oposición a incluir este sector en el Tratado debido a las profundas asimetrías existentes entre la agricultura mexicana y la de Estados Unidos y Canadá.