Ana de Ita

Profound agrarian reform in twentieth-century Mexico began with the revolution of 1910 and ended with the World Bank. In 1992, neoliberal planners under Bank guidance began to drive a series of counterreforms to the agrarian legislation established in Article 27 of the Mexican Constitution, with the objective of making land tenancy more secure in terms of private property.

Varias comunidades y ejidos, principalmente indígenas, han manifestado su indignación ante las campañas de intimidación y condicionamiento de los programas públicos que impulsan los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria para obligarlos a incorporarse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

Los empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria promueven a marchas forzadas la participación de los ejidos y comunidades agrarias en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, mejor conocido como Procede. Ya que es un programa estrictamente voluntario, utilizan promesas y amenazas, según el caso, para convencer o presionar a los núcleos agrarios renuentes a incorporarse. El presidente Vicente Fox quiere concluirlo al terminar su sexenio. Lo mismo quería el presidente Carlos Salinas.

Algunas organizaciones campesinas e indígenas, preocupadas por la contaminación transgénica de las variedades nativas de maíz mexicano, reportada hace ya dos años, realizaron un esfuerzo para conocer la situación actual del grano que cultivan en más de 100 comunidades rurales de distintos estados del país.

Una de las principales demandas de las organizaciones campesinas fue la renegociación del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entendiendo después de nueve años de topar con pared que una reforma estructural en el campo era imposible con un tratado que obstaculiza y limita las políticas agrícolas internas.

El sector agrícola mexicano ha sido objeto de una reforma estructural desde finales de los ochenta y comenzó de lleno cuando el país ingresó al GATT. Ello resultó en la “arancelización” de las licencias de importación para la mayoría de los productos agrícolas, seguida de las reformas la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Estas reformas entrañaron, entre otras medidas, la eliminación de los precios de garantía del trigo, el sorgo, el arroz, la soya y otras oleaginosas (aunque se conservaron los del maíz y el frijol).

Structural reform of Mexico’s agricultural sector has been underway since the late 1980s and started in earnest with the country’s entrance into the GATT. This resulted in the tariffication of import licenses for most agricultural products, followed by reforms to the Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). These reforms involved, among other measures, the elimination of price supports for wheat, sorghum, rice, soybeans and other oilseeds (although not for maize or beans).

Desde hace 10 años no había sonado tan fuerte la demanda de distintos actores rurales de renegociar, suspender o sacar la agricultura del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). Dentro de dos meses, 93 por ciento del comercio agropecuario con Estados Unidos quedará abierto. México no podrá imponer ninguna restricción a las importaciones del país exportador mundial de estos productos. Unicamente el maíz, el frijol y la leche en polvo podrían mantener aranceles hasta el año 2007, si el gobierno mexicano decide dejar de regalárselos a los importadores.

La estadunidense Ley Agrícola 2002 deja ver las tramoyas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estados Unidos, campeón en el discurso del "libre comercio" y promotor de la liberalización agrícola en contra de la Unión Europea y de Japón, aumentó sus subsidios a la agricultura para los próximos 10 años hasta 183.5 miles de millones de dólares (67 por ciento).

A pesar de la andanada de críticas del presidente Fox y el secretario de Agricultura a los subsidios agrícolas, el programa Alianza para el Campo 2002 mantiene el subsidio a las semillas transgénicas de algodón y al pago de la licencia para su uso. Este subsidio va directamente a la empresa Monsanto, uno de los gigantes de la industria biotecnológica, que concentra 86 por ciento de la comercialización de semillas transgénicas en el mundo, con ventas anuales netas por más de 5 mil millones de dólares.