Ana de Ita

El pronóstico de reducción de la producción de maíz en México en tres y medio millones de toneladas, provocado por el retraso de las lluvias y las heladas tempranas en el altiplano, junto con la merma en los niveles de agua en las presas del noroeste –que limitan a menos de la mitad las posibilidades de siembra de maíz del próximo otoño-invierno–, colocan al país en alerta ante un posible desabasto y encarecimiento del grano.

En la época neoliberal la mayoría de las leyes se han decretado o reformado para eliminar derechos individuales y colectivos y favorecer los intereses de las corporaciones. Tal es el caso de la reforma al artículo 27, la ley de aguas, la ley minera, la ley de semillas, la ley de bioseguridad y, desafortunadamente; también la Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario, para el estado de Tlaxcala.

A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.

El discurso del presidente Felipe Calderón durante el Cuarto Día del Bosque, celebrado en Cancún el 5 de diciembre pasado de manera paralela a la COP 16 sobre cambio climático, presentó a los campesinos e indígenas que practican agricultura de montaña como causantes de la deforestación.

El gobierno mexicano promoverá el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), en la 16 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), que se realizará en Cancún a finales de noviembre y principios de diciembre.

Las corporaciones y la mayoría de los gobiernos promueven los agrocombustibles como una opción para sustituir el petróleo por energías limpias, renovables, que garanticen a las comunidades rurales buenos precios agrícolas y mercados de exportación para los países del Sur, además de reducir las emisiones de gases invernadero a la atmósfera. Pero esta quimera se estrella con la realidad: la tierra arable en el planeta es finita.