Un nuevo huésped habita, a partir del pasado 14 de mayo, en la galería de villanos favoritos del gobierno federal: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, según el Presidente de la República, alientan la presencia de extranjeros en Chiapas, tienen intereses políticos, luchan por el poder y no dan la cara.
La ofensiva policiaco-militar gubernamental en contra de los municipios autónomos zapatistas no tiene posibilidades de éxito por la misma razón que fracasó, a pesar de no haber cometido errores tácticos, la ofensiva de Napoleón en contra de Moscú: el centro de gravedad de la defensa se encuentra en otro lado.
De la letra A, de Acteal, a la letra Z, de zapatista, el alfabeto de la nueva guerra que camina necesita volver a ser deletreado. No es ya aquella guerra que sirvió para anunciar la Primera Declaración de la Selva Lacandona.
Mal y de malas. Cada paso al frente que el gobierno federal da en su estrategia hacia Chiapas se convierte en un paso hacia atrás.
¿Cómo caracterizar la nueva política gubernamental hacia Chiapas tres meses y medio después de la matanza de Acteal? ¿Qué ha cambiado desde febrero de 1996 y que permanece?
La presentación al Congreso de las iniciativas de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena por parte del Ejecutivo y del PAN plantea cuatro dilemas de fondo: se legisla con los pueblos indígenas y el EZLN o al margen de ellos; se legisla para la paz o para la guerra; se legisla desde los acuerdos de San Andrés o desde las plataformas partidarias; se legisla buscando que la realidad indígena tenga un marco legal o se hace una reforma que obligue a los pueblos indios a seguir viviendo en la simulación.
Pareciera ser que el gobierno federal está decidido a tratar de sepultar el conflicto chiapaneco en un alud de declaraciones pirotécnicas.
Sin pedir permiso y sin esperar a que el Congreso legisle para legalizar su existencia, las comunidades indígenas rebeldes en Chiapas construyen la autonomía en los hechos.
En la larga cadena de compromisos incumplidos por el gobierno federal, los acuerdos de San Andrés ocupan un lugar especial: son la cereza que corona el pastel.
¿A cuál de todas las declaraciones presidenciales hay que creerle, a las de Kanasín o a las de Davos? ¿En qué puntos de la iniciativa de ley de la Cocopa se fragmenta al país o se vulnera su soberanía o existen ambigüedades en su redacción?