Una nueva moda se ha impuesto entre los funcionarios del sector agropecuario: la de hacer dumping en contra de los productores nacionales. El año pasado le tocó a los maiceros que vieron cómo el gobierno autorizó una importación récord (8.3 millones de toneladas), a los precios más caros en años, justo cuando se tenía dentro del país una cosecha récord. Ahora es el turno de los cafetaleros.
Impacientes como son los wirrarica (``el que sabe'', o los huicholes) dieron a los gobiernos federal y de Nayarit y Jalisco, un plazo de 48 horas para resolver un conflicto agrario-territorial con 40 años sin solución.
Quizás influidos por la canción de Juan Luis Guerra en la que espera que llueva café en el campo, los funcionarios responsables del sector agropecuario han anunciado cifras récord de la cosecha del aromático --cifras que sólo existen en sus discursos--, y se han apuntado en su cuenta algunos resultado favorables en el comportamiento del sector, aunque no tengan nada que ver con las medidas que han impulsado.
Los funcionarios responsables del sector han echado a repicar las campanas para anunciar la recuperación de la agricultura mexicana. Ponen como ejemplo los resultados positivos de nuestra balanza agropecuaria y el incremento a los precios de los productos agrícolas.
Apenas cuatro días después de que la Cocopa anunció su contradictoria posición sobre la crisis de las pláticas de San Andrés, y justo el mismo día en el que el gobierno federal manifestó su voluntad de continuar el diálogo fueron arrestados sin orden de aprehensión, por civiles armados y policías, en Palenque, Chiapas, dos sacerdotes jesuitas y dos dirigentes campesinos de la Coordinadora de Organizaciones Sociales e Indígenas Xinich (hormiga en chol).
El pasado 13 de febrero, mientras arremetía contra los ``intereses políticos de falsos redentores'', el presidente Zedillo calificó al secretario de Agricultura Labastida Ochoa con un 9.3, y señaló: ``Espero que a la próxima sea 10''. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Agricultura (Sagar) parece creer que las notas que le asignó su jefe son injustas y que no debe esperar el próximo examen para llegar al 10.
Ocultas por la polvareda de la confusión que han levantado la pirotecnia legal de algunos juristas y las acusaciones apocalípticas que anuncian la desintegración de la República, se esconden las verdaderas razones por las que el gobierno federal se niega a cumplir con su palabra y legislar en materia de derechos y cultura indígena en los términos acordados en San Andrés.
El último eslabón de la ofensiva pública gubernamental en el campo de batalla por las reformas constitucionales tuvo lugar en Xilitla, San Luis Potosí.
Allí el presidente Zedillo apareció nuevamente al frente de la campaña anunciando que su gobierno impulsaría y promovería reformas constitucionales y legales para garantizar la igualdad de las comunidades indígenas (no de los pueblos indios).
De aprobarse las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas se habrán conquistado, tanto una victoria de la memoria contra el olvido como un paso firme hacia la reforma del Estado.
En breve el Congreso de la Unión deberá aprobar un conjunto de reformas constitucionales en las que se materializará parte de un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos indígenas.