Luis Hernández Navarro

El pasado 13 de febrero, mientras arremetía contra los ``intereses políticos de falsos redentores'', el presidente Zedillo calificó al secretario de Agricultura Labastida Ochoa con un 9.3, y señaló: ``Espero que a la próxima sea 10''. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Agricultura (Sagar) parece creer que las notas que le asignó su jefe son injustas y que no debe esperar el próximo examen para llegar al 10.

Ocultas por la polvareda de la confusión que han levantado la pirotecnia legal de algunos juristas y las acusaciones apocalípticas que anuncian la desintegración de la República, se esconden las verdaderas razones por las que el gobierno federal se niega a cumplir con su palabra y legislar en materia de derechos y cultura indígena en los términos acordados en San Andrés.

El último eslabón de la ofensiva pública gubernamental en el campo de batalla por las reformas constitucionales tuvo lugar en Xilitla, San Luis Potosí.
Allí el presidente Zedillo apareció nuevamente al frente de la campaña anunciando que su gobierno impulsaría y promovería reformas constitucionales y legales para garantizar la igualdad de las comunidades indígenas (no de los pueblos indios).

De aprobarse las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas se habrán conquistado, tanto una victoria de la memoria contra el olvido como un paso firme hacia la reforma del Estado.

En breve el Congreso de la Unión deberá aprobar un conjunto de reformas constitucionales en las que se materializará parte de un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos indígenas.

El zapatismo no ``inventó'' la lucha indígena pero le dio una dimensión nacional, estimuló su crecimiento, unificó a muchas de sus corrientes, arrancó al Estado el compromiso de hacer reformas constitucionales profundas y le facilitó la construcción de una plataforma organizativa relativamente estable.

Dos caras de la misma moneda, la producción de café en México es, simultáneamente, fuente de riqueza y de miseria. Durante 1995 las exportaciones del aromático generaron en nuestro país divisas por alrededor de 700 millones de dólares. Al mismo tiempo, quienes lo produjeron, tuvieron ingresos insuficientes para vivir.

El presidente Ernesto Zedillo señaló que el campo mexicano ya no será el colchón para amortiguar la crisis financiera del país, y que de ser existir ``algún espacio'' en las finanzas gubernamentales el agro tendrá asignación prioritaria (La Jornada, 24 de agosto).

La aceptación del EZLN y de la delegación del gobierno federal en San Andrés de nuevas reglas en la negociación cierra un ciclo en el complejo camino del diálogo. La consecuencia inmediata de éstas es que pavimentan el camino de la pacificación en la entidad. Establecer nuevas reglas para la negociación fue una demanda de los zapatistas en la fase inmediatamente posterior a la sentencia por terrorismo de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin. La sentencia prácticamente congeló el Diálogo de San Andrés y provocó la escalada del conflicto.

La irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) el pasado 28 de junio modifica y complica el tablero político nacional. De un solo golpe, modifica la situación en el estado de Guerrero, afecta el proceso de pacificación en Chiapas, permite que el Ejército federal desempeñe un papel más relevante en la conducción del país y acrecienta la sensación de incertidumbre política.