Francisco López Barcenas

Conforme avanza la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre la propuesta gubernamental para reglamentar sus derechos, aumentan los desacuerdos con ella. Algunas inconformidades son contra el proceso porque, como se ha dicho, no respeta los mínimos requisitos para que sea válida, otros porque han descubierto que con sus disposiciones, sus derechos reconocidos en el derecho internacional corren peligro; es el caso del derecho al territorio y los recursos naturales en ellos existentes, el patrimonio cultural y el derecho a la consulta.

Ha pasado más de la mitad del tiempo que el gobierno propuso para consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, sobre un documento de trabajo que contiene una propuesta para elaborar una iniciativa de ley general que reglamente las disposiciones del artículo segundo constitucional, tiempo suficiente para saber de sus modos y posibles resultados.

En el inicio de los tiempos, el agua fue un elemento central en la vida de los pueblos y se manifestaba de muchas maneras: como elemento generador del universo; como origen de la vida; cumpliendo funciones de marcador del tiempo; determinando los ciclos de las actividades sociales (las épocas de siembra y de cosecha); como vía de comunicación de los hombres con los dioses, para pedirles que enviaran aguas buenas y alejaran las malas, o para agradecerles las que les habían enviado; como inspiradora de organización social para administrarla y cuidar que todos la usaran sin que a nadie le hici

El 28 de febrero de 1992, el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, publicó una reforma al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”.